En un país que tiene buenos jueces (independientes, justos, incorruptibles), todos los problemas tienen solución y no se convierten en crisis de Estado. Incluso cuando el problema es un mal juez (corrupto, incapaz o parcial), los demás jueces corrigen la falla.
En la ciudad en la cual yo crecí los jueces eran los personajes más respetados de la sociedad, sinónimo de sabiduría y equilibrio. La gente les pedía consejo mucho antes que un conflicto desembocara en un delito o en violencia. Su autoridad era indiscutible.
Aquí en El Salvador, lamentablemente hay demasiados jueces malos, corruptos, incapaces, haraganes, parciales, prejuiciados… Claro que también hay jueces excelentes -pero no suficientes para restablecer la confiabilidad del sistema. Esta es una triste realidad que a diario destruye existencias y, lo peor, la confianza de la gente en el sistema.
Dando seguimiento de cerca al “caso tregua” que involucra a varios amigos, veo como los derechos de los acusados a una defensa efectiva están siendo pisoteados de una manera sistemática. Uno podría pensar que lo que está pasando en este caso son abusos excepcionales, debido al carácter político del caso y a la evidente precondena mediática. Pero discutiendo y consultando con muchos abogados penalistas me doy cuenta que los abusos son la regla. Les pregunté a mis amigos penalistas cómo es posible que Raúl Mijango, luego de 2 semanas de estar recluido en la misma bartolina de la DAN donde tuvieron a Paco Flores, no ha tenido derecho de tener en su posesión el mamotreto de 138 páginas que presentó la fiscalía para acusarlo. Les pregunté cómo alguien va a preparar su defensa cuando no conoce los argumentos y las supuestas pruebas contra él, y por tanto no puede analizarlas, refutarlas. Las reuniones con su abogado son limitadas a 10 minutos y ni siquiera pueden estudiar conjuntamente el documento acusador. ¿Cómo el acusado se va a defender? ¿Cómo el abogado va a preparar, junto con al acusado, la defensa? Si no dan medidas sustitutivas, no habrá defensa efectiva.
Y todos los penalistas que consulté me dicen: Mire papito, así es, no es la excepción, es la regla.
Les pregunté a los penalistas: ¿Y cómo es posible que un juez, en la audiencia de revisión de medidas, permita a la Fiscalía modificar la clasificación del delito y basado en esto niega las medidas sustitutivas y confirma la detención preventiva por 6 meses? ¿Cómo asociación ilícita simple (para cometer un delito concreto) de repente se convierte en asociación ilícita con agrupaciones criminales? Todos los abogados me explican que esto es sumamente irregular - pero que lo mismo pasa todos los días en muchos juzgados…
Lo que pasa, me explican mis amigos letrados, es que muchos fiscales tienen mentalidad de policías - y que muchos jueces tienen mentalidad de fiscales, y tanto jueces como fiscales deberían entenderse como garantes del estado de derecho.
¿Por qué crees, me preguntó un penalista, que nunca avanzamos en la profesionalización de la investigación? Y como no tengo la respuesta, me la da: Porque hay demasiados fiscales que no exigen a la Policía rigurosidad en la investigación y porque hay demasiados jueces que dejan pasar a los fiscales acusaciones incongruentes o pruebas que no se sostienen -por lo menos en la fase inicial. Por esto hay miles de personas que guardan prisión preventiva por meses o incluso años, sin condena, porque hasta en la fase de instrucción hay un análisis serio de las pruebas y de los alegatos de la Fiscalía.
Esta falla del sistema -y de los jueces- produce dos resultados fatales: el alto grado de impunidad, porque ni la PNC ni la Fiscalía investigan bien; y un altísimo número de personas que al final salen libres pero tuvieron que pasar meses o años en prisión preventiva, porque los jueces de primera instancia aceptaron acusaciones mal hechas, pobremente fundamentadas o incluso viciadas que al final no se sostuvieron, pero decretaron detención preventiva.
Ahora veo a mis amigos Raúl Mijango, Roberto Castillo y otros del “caso tregua” atrapados en este sistema disfuncional y arbitrario, pero lo mismo le pasa a miles de salvadoreños. Sus derechos de defensa y la asunción de inocencia son violadas todos los días, y mientras no nos pase a nosotros o a alguien cercano, no decimos nada.
Ustedes los jueces tienen el poder de cambiar esto. Si la Fiscalía trabaja mal y no presenta acusaciones sustentadas con pruebas confiables, ustedes tienen que rechazar los casos o por lo menos decretar que los acusados puedan esperar su juicio en libertad.
Saludos, Paolo Lüers
(Mas!/El Diario de Hoy)
