Estimados administradores de justicia:
En un país que tiene
buenos jueces (independientes, justos, incorruptibles), todos los
problemas tienen solución y no se convierten en crisis de Estado.
Incluso cuando el problema es un mal juez (corrupto, incapaz o parcial),
los demás jueces corrigen la falla.
En la ciudad en la cual yo
crecí los jueces eran los personajes más respetados de la sociedad,
sinónimo de sabiduría y equilibrio. La gente les pedía consejo mucho
antes que un conflicto desembocara en un delito o en violencia. Su
autoridad era indiscutible.
Aquí en El Salvador, lamentablemente
hay demasiados jueces malos, corruptos, incapaces, haraganes, parciales,
prejuiciados… Claro que también hay jueces excelentes -pero no
suficientes para restablecer la confiabilidad del sistema. Esta es una
triste realidad que a diario destruye existencias y, lo peor, la
confianza de la gente en el sistema.
Dando seguimiento de cerca al
“caso tregua” que involucra a varios amigos, veo como los derechos de
los acusados a una defensa efectiva están siendo pisoteados de una
manera sistemática. Uno podría pensar que lo que está pasando en este
caso son abusos excepcionales, debido al carácter político del caso y a
la evidente precondena mediática. Pero discutiendo y consultando con
muchos abogados penalistas me doy cuenta que los abusos son la regla.
Les pregunté a mis amigos penalistas cómo es posible que Raúl Mijango,
luego de 2 semanas de estar recluido en la misma bartolina de la DAN
donde tuvieron a Paco Flores, no ha tenido derecho de tener en su
posesión el mamotreto de 138 páginas que presentó la fiscalía para
acusarlo. Les pregunté cómo alguien va a preparar su defensa cuando no
conoce los argumentos y las supuestas pruebas contra él, y por tanto no
puede analizarlas, refutarlas. Las reuniones con su abogado son
limitadas a 10 minutos y ni siquiera pueden estudiar conjuntamente el
documento acusador. ¿Cómo el acusado se va a defender? ¿Cómo el abogado
va a preparar, junto con al acusado, la defensa? Si no dan medidas
sustitutivas, no habrá defensa efectiva.
Y todos los penalistas que consulté me dicen: Mire papito, así es, no es la excepción, es la regla.
Les
pregunté a los penalistas: ¿Y cómo es posible que un juez, en la
audiencia de revisión de medidas, permita a la Fiscalía modificar la
clasificación del delito y basado en esto niega las medidas sustitutivas
y confirma la detención preventiva por 6 meses? ¿Cómo asociación
ilícita simple (para cometer un delito concreto) de repente se convierte
en asociación ilícita con agrupaciones criminales? Todos los abogados
me explican que esto es sumamente irregular - pero que lo mismo pasa
todos los días en muchos juzgados…
Lo que pasa, me explican mis
amigos letrados, es que muchos fiscales tienen mentalidad de policías - y
que muchos jueces tienen mentalidad de fiscales, y tanto jueces como
fiscales deberían entenderse como garantes del estado de derecho.
¿Por
qué crees, me preguntó un penalista, que nunca avanzamos en la
profesionalización de la investigación? Y como no tengo la respuesta, me
la da: Porque hay demasiados fiscales que no exigen a la Policía
rigurosidad en la investigación y porque hay demasiados jueces que dejan
pasar a los fiscales acusaciones incongruentes o pruebas que no se
sostienen -por lo menos en la fase inicial. Por esto hay miles de
personas que guardan prisión preventiva por meses o incluso años, sin
condena, porque hasta en la fase de instrucción hay un análisis serio de
las pruebas y de los alegatos de la Fiscalía.
Esta falla del
sistema -y de los jueces- produce dos resultados fatales: el alto grado
de impunidad, porque ni la PNC ni la Fiscalía investigan bien; y un
altísimo número de personas que al final salen libres pero tuvieron que
pasar meses o años en prisión preventiva, porque los jueces de primera
instancia aceptaron acusaciones mal hechas, pobremente fundamentadas o
incluso viciadas que al final no se sostuvieron, pero decretaron
detención preventiva.
Ahora veo a mis amigos Raúl Mijango, Roberto
Castillo y otros del “caso tregua” atrapados en este sistema
disfuncional y arbitrario, pero lo mismo le pasa a miles de
salvadoreños. Sus derechos de defensa y la asunción de inocencia son
violadas todos los días, y mientras no nos pase a nosotros o a alguien
cercano, no decimos nada.
Ustedes los jueces tienen el poder de
cambiar esto. Si la Fiscalía trabaja mal y no presenta acusaciones
sustentadas con pruebas confiables, ustedes tienen que rechazar los
casos o por lo menos decretar que los acusados puedan esperar su juicio
en libertad.
Saludos, Paolo Lüers