Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, jueves 13 enero 2022
Estimados amigos:
Justo antes del 16 de enero, 62 de los 84 diputados de la Asamblea votaron por abolir los Acuerdos de Paz. Bueno, no lo llaman así, porque se vería muy mal que un parlamento aboliera la paz. Ellos dicen que abolieren un decreto que declaraba el 16 de enero “Día de la Paz”, en conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Pero cuando uno ve la justificación que dieron para esta decisión, es la repetición de la descalificación que Nayib Bukele ha estado haciendo a los Acuerdos de Paz. Así que lo que realmente abolieron son los Acuerdos de Paz.
No debería sorprender esta resolución formal, porque en la práctica abolieron ya todos los contenidos de los Acuerdos de Paz. En 1992, para terminar la guerra, se abolió el militarismo, se le quitó a la cúpula militar el poder político, el poder de reprimir y el control de las fuerzas de seguridad. A esta altura, a dos años y medio de estar en la presidencia Nayib Bukele y a apenas 8 meses de estar controlando su partido Nuevas Ideas el parlamento, el militarismo está restablecido. Hoy los militares, que ahora juran lealtad a la persona del presidente, vuelven a ser el principal sostén del poder absoluto presidencial, o sea de su capacidad de ponerse encima de la Constitución, encima de la autonomía de las alcaldías, y encima de la independencia judicial…
En 1992 se abolió la represión y la persecución política. Bukele las revivió.
En 1992 se erradicó la violencia política, la censura, las detenciones arbitrarias.
Bukele abolió todas estas conquistas. Primero en la práctica, el martes de manera formal.
En 1992, los Acuerdos de Paz restablecieron las libertades fundamentales: de prensa, expresión, organización, y protesta. Dos años y medio de gobierno de Bukele bastaron para abolirlas nuevamente, porque con la toma de control de la Sala de lo Constitucional, del sistema judicial, de la Fiscalía, el ciudadano ya no tiene cómo reclamar y defender estos derechos.
Se comete una barbaridad tras otra, y no hay forma institucional de corregirlas.
Los nuevos jueces instalados en las cámaras suspenden cualquier sentencia favorable a los acusados, siempre y cuando se trate de críticos u opositores. Los jueces de paz, de instrucción y de sentencia están bajo permanentes presiones, amenazas y ofertas de prebendas, que coartan su independencia.
Las autoridades de Seguridad se niegan a acatar sentencias judiciales y mantienen arbitrariamente detenidos, incomunicados y humillados a los que están presos por razones políticas.
El fiscal general, en vez de revivir el caso archivado de las negociaciones del gobierno Bukele con las pandillas, abrió investigaciones a los fiscales que habían llevado a cabo las investigaciones.
La Asamblea celebra sesiones de comisiones especiales de investigación, que actúan como Corte de la Santa Inquisición, pero que de santa no tienen nada y de maldad mucho. En sus audiencias convierten a cualquier testigo en acusado, lo exhiben y tratan de humillarlo.
La vieja práctica de la PNC de exhibir públicamente a sus detenidos, en vez de corregirla por violatoria a los derechos humanos, la llevaron al colmo de obligar a sus detenidos a arrodillarse ante el público y las cámaras.
El militarismo y la represión están de vuelta, y el martes en la Asamblea Legislativa 62 diputados del bukelismo lo ratificaron.
Más razón de ir el domingo, 16 de enero 2022, a marchar por la defensa de la paz, la democracia y nuestras libertades.
Saludos, Paolo Luers
