Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 31 octubre 2019
En estos días, la Asamblea tiene que cumplir con su mandato de aprobar una Ley de Reconciliación que regule cómo El Salvador va a enfrentar los crímenes de guerra cometidos durante su guerra civil. No les puedo decir a los diputados cómo legislar, pero sí les puedo pedir que tomen en cuenta los siguientes criterios políticos y éticos.
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La gente tiene derecho a la verdad, sobre todo las familias de las víctimas, cuando se trata de los sufrimientos que causó la guerra. Es el derecho a la verdad que nunca prescribe, que incluso se hereda de las víctimas a sus hijos y nietos. No así el derecho a la justicia penal. Esta sí debe prescribir cuando castigar ya no tiene sentido, porque los victimarios están muertos o enfermos, y cuando ya no constituyen ningún peligro para la sociedad, porque el país ya no está en condiciones de recaer en un conflicto armado.
Podemos ser generosos en cuanto al castigo a los victimarios, pero tenemos que ser implacables con las mentiras.
El derecho a la verdad no tiene nada que ver con la persecución penal, el castigo, la venganza, la satisfacción de ver al otro en la cárcel. Tenemos que buscar la forma que se siga conociendo la verdad. La madre de un estudiante asesinado por la Guardia Nacional necesita que se reconozca que fue un crimen del Estado. El nieto del campesino que murió en una masacre necesita saber que sus abuelos murieron porque en El Salvador se implementó la doctrina de la contrainsurgencia que los Estados Unidos trajeron de Vietnam. Los hijos del empresario secuestrado y asesinado por un comando urbano insurgente necesitan saber que los comandantes guerrilleros no pueden continuar haciéndose los santitos inmaculados, sino que asumen su responsabilidad...
Y todos tienen derecho de saber si el hecho violento que sufrieron fue consecuencia lamentable de la guerra - o consecuencia de un crimen de guerra. El simple hecho de la guerra, con ofensivas, bombardeos, campos minados ha causado daños irreparables a miles de familias, pero estos daños hay que distinguirlos de otros que fueron causados porque dentro de cada bando hubo quienes cometieron crímenes de guerra y abusos de los Derechos Humanos.
Luego de 30 o 40 años, será técnicamente bien difícil (y posiblemente de poca relevancia política y moral) comprobar, bajo las reglas que exige un juicio penal, quiénes fueron los individuos culpables. En cambio, será mucho más factible (y tiene mucho más sentido), buscar los mecanismos para establecer si se trataba o no de un crimen y si fue cometido por la agentes del Estado, por paramilitares o por fuerzas guerrilleras.
Saber esto, de boca de instancias autorizadas, satisface el derecho a la verdad. También les da oportunidad a los diferentes actores beligerantes de la guerra a asumir su responsabilidad histórica.
Si logramos esto, habremos hecho mucho. Si no caemos en las tentaciones de pedir cárcel para los que ejercieron durante la guerra el poder sobre vida y muerte, también haremos justicia, aunque no de la forma en que algunos siguen insistiendo: persiguiendo, castigando, encarcelando.
Un amigo me decía que quienes intransigentemente insisten en justicia punitiva son el último obstáculo para lograr la reconciliación. Yo le hice dos correcciones: La reconciliación ya lo logramos la sociedad, aunque los políticos todavía no se dan cuenta. Y segundo: Hay otro obstáculo, que es la igualmente intransigente incapacidad de muchos actores, en ambos bandos, de reconocer sus errores y sus abusos del poder que dieron las armas. Pero reconocer responsabilidades históricas no es lo mismo que confesar crímenes que todavía pueden penalizarse. Mientras pidamos a los responsables que confiesan, incriminándose en potenciales juicios penales, van a mantener silencio – y haremos un mal servicio a la verdad...
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Les hago el llamado de legislar con valentía, sensatez, y sabiduría. Tienen la mayoría necesaria, incluso para el caso que el presidente, por razones demagógicas, vete la ley. Lo único que falta es el coraje de poner final a este capítulo.
