Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 17 agosto 2019
La del Chaparral es la primera crisis que enfrenta el gobierno Bukele. Obviamente, el estado desastroso de este megaproyecto es culpa de los gobiernos anteriores y sus decisiones en el ámbito de la política energética. La historia del Chaparral es una mezcla de políticas erróneas, incapacidad de gestión y corrupción. El factor corrupción ya está siendo investigado por la fiscalía – y tiene que ver con la última vez que la construcción de la presa se paralizó, y cómo el gobierno de Funes manejó esta crisis: pagando 30 millones de dólares extra a la empresa constructora que había abandonado el proyecto. El porcentaje acostumbrado de 'comisión' sobre esta ‘indemnización’ terminó en cuentas panameñas relacionadas a Mauricio Funes... y al fin en el Spa de su amante.
Hoy, seis años más tarde, nuevamente el proyecto Chaparral está paralizado, por una disputa entre la CEL y la empresa rusa que instala las turbinas. El presidente Bukele dijo en Twitter: “Creo que es mejor detenerlo.”
En un caso tan delicado, donde cualquier decisión que se tome nos costará cientos de millones de dólares, es totalmente inapropiado e irresponsable que el presidente de la República emita lo que él ‘cree’. 700 millones de dólares (esta es la cifra que el mismo presidente manejó en twitter sobre el costo que está alcanzando el proyecto Chaparral) no son asunto de creencias, sino que requieren información sólida y análisis de las diferentes opciones de solución y sus respectivos costos y beneficios.
Aunque este gobierno no ha creado el problema, sí es su deber enfrentarlo y construir la mejor salida. La actual parálisis del proyecto ya es responsabilidad exclusiva de la nueva administración de CEL. El problema es que el gobierno Bukele no ha instalado en la CEL un equipo gerencial capaz de responder a este tipo de problemas y crisis.
Este es el primer caso donde al gobierno se le pasa factura su negativa de usar los 4 meses entre su elección y su toma de poder para una transición ordenada. El presidente, antes de resultar electo, hubiera tenido que tener a la mano un concepto de política energética, un diagnóstico de las debilidades y riesgos en la CEL, incluyendo del proyecto Chaparral – y un equipo profesional que iba a asumir la conducción del sector energético a partir del 1 de junio, luego de un proceso exhausto de traspaso de información y estudio de opciones concretas.
Nada de esto pasó. No hubo proceso de transición entre la administración saliente de CEL y la nueva. Luego de asumir el poder, el presidente nombró en las instituciones y empresas estatales del sector energético a personas sin conocimiento, sin planes, sin capacidad. El primer presidente de CEL nombrado por Bukele, William Granadino, tiró la toalla a las seis semanas. El mismo presidente admitió que Granadino no se sintió capacitado para el cargo. Lo sustituyó en julio Daniel Álvarez, el recién nombrado director ejecutivo de CEL, que todavía estaba tratando de ubicarse en su nuevo trabajo. En todos estos meses perdidos, nadie atendió las señales que ya anunciaban la crisis con el proveedor ruso que reclamaba decisiones por parte de CEL sobre pagos, plazos, pólizas de seguro para los equipos multimillonarios, etc. Pasaron plazos fatales y nadie hacía nada, porque nadie entendía la problemática...
Estos ya son irresponsabilidades del nuevo gobierno. Uno aspira a gobernar para resolver los problemas que el gobierno anterior no pudo resolver. Uno llega a Casa Presidencial (o a la presidencia de la CEL) conociendo de antemano los problemas y armado de las soluciones.
Siendo las cosas así, ¿en base de cuáles datos, informaciones, proyecciones y análisis el presidente de la República va a tomar la decisión de suspender o concluir la construcción del Chaparral? Es obvio que ninguna de las dos opciones nos vendrá barata. Suspender un proyecto, en el cual el Estado ya invirtió más de 400 millones, fácilmente costará sumas adicionales iguales o más altas que terminar su construcción, porque las empresas contratadas nos van a demandar en costosos procesos de arbitraje.
Parece que el gobierno tiene la tentación de suspender el proyecto y echar la culpa al FMLN. Como campaña política para destruir al adversario le puede funcionar, ¿pero funcionaría como política del Estado? No.
Y no vengan a echar la culpa a los pobladores de la zona del Chaparral, quienes están cerrando el paso de camiones al sitio de construcción, reclamando los beneficios sociales y comunales que gobiernos anteriores les prometieron en el contexto del proyecto de la presa hidroeléctrica. Esto no es ninguna razón para suspender el proyecto. Lo pueden resolver negociando con las comunidades. Lo que están reclamando son las mismas cosas que el gobierno Bukele está ofreciendo en todas partes del país: carreteras, escuelas, casas comunales, canchas... Y si no, igual lo pueden resolver con la policía abriendo los accesos bloqueados.
El proyecto Chaparral no está paralizado por las manifestaciones de unos campesinos, sino por la incapacidad del gobierno a analizar el problema y tomar decisiones.
