El 15 de enero 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una Ley
de Amnistía para facilitar la transición pacífica del país a la
democracia. Es una amnistía general, por una parte a todos los
opositores condenados, perseguidos, o exilados por causas políticas, Por
otra parte, se promete inmunidad a todos los militares y funcionarios
gubernamentales y judiciales responsables de violaciones a los Derechos
Humanos y de crímenes relacionados a la represión del gobierno contra la
oposición y sus seguidores, con una sola condición: la inmunidad se
concede a quienes faciliten la transición democrática y contribuyan al
restablecimiento del orden constitucional. Esta amnistía favorecería a
militares, policías, fiscales, jueces, agentes del servicio secreto y
paramilitares que han cometido arrestos arbitrarios, torturas,
desapariciones y hasta homicidios, siempre y cuando decidan ponerse del
lado de la transición democrática. Hasta el mismo Nicolás Maduro se
podría acoger a esta amnistía con solo que emita la orden de cesar la
represión y abandone la presidencia.
Fue una de las primeras iniciativas de Juan Guidó, quien
como presidente de la Asamblea Nacional recién había asumido
transitoriamente la presidencia de la República, luego de que el
parlamento había declarado vacante el cargo, ya que no reconoció la
reelección de Nicolás Maduro efectuada en 2018.
A partir de la juramentación de Juan Guaidó, el 10 de enero 2019,
existen en Venezuela dos gobiernos: el simbólico de Guaidó, apoyado por
la Asamblea Nacional, la gran mayoría de los venezolanos y por muchos
gobiernos latinoamericanos; el otro es el gobierno de facto de Maduro,
apoyado por las Fuerzas Armadas, la policía, la Guardia Nacional y el
servicio secreto SEBIN y su capacidad y voluntad de reprimir las
manifestaciones de los movimientos opositores.
Guaidó asumió el reto de la presidencia transitoria sabiendo que la
única forma de lograr la transición pacífica a la democracia era que la
facilitara parte del aparato de poder gubernamental, partidario,
jurídico y sobre todo militar del régimen. Guaidó y los legisladores,
quienes aprobaron una amnistía general para facilitar la transición,
tenían plena consciencia que estaban incluyendo en la amnistía a
personas que habían cometido graves crímenes. Lo incluyeron con la
convicción de que era necesario y justificado sacrificar la aplicación
de la justicia si de esta manera podrían evitar masacres, liberar a
todos los presos políticos, facilitar el regreso de los exilados
políticos, conseguir el cese a la represión y abrir espacio para una
transición democrática mediante elecciones libres.
En estos días de enero 2019, con el presidente de la Asamblea
asumiendo la conducción de la transición democrática, con docenas de
gobiernos del mundo desconociendo la presidencia de Maduro, con la
oposición uniéndose detrás de la Asamblea Nacional y su presidente
Guaidó, con los primeros dirigentes del chavismo separándose de Maduro y
apoyando la transición, la amnistía tuvo un respaldo total: en la
Asamblea, en el movimiento opositor, entre las organizaciones de
Derechos Humanos, en la comunidad internacional. Si de esta manera se
podría conseguir que militares que antes habían sido el sostén del
régimen de Maduro podían ponerse del bando de la oposición o irse al
exilio; y si de esta manera los máximos dirigentes del chavismo,
incluyendo Maduro, podían negociar el abandono del poder y del país,
todos estaban dispuestos de apoyar esta amnistía.
Ya sabemos que el plan no prosperó. Sólo unos pocos funcionarios y
militares se pusieron del lado de la transición democrática. La Fuerza
Armada no se dividió y quedó leal al régimen. Maduro se mantuvo en el
poder. Tampoco ha tenido el valor de arrestar o matar a Juan Guaidó,
quien sigue presidiendo la Asamblea y actuando como “presidente
encargado” de la transición democrática. La oferta de la amnistía se
mantiene…
Me pregunto: ¿Y si en enero 2019 o después el régimen chavista
hubiera colapsado, si los militares hubieran abandonado a Maduro y
aceptado la amnistía, si de esta forma se hubiera abierto la puerta para
una transición pacífica a la democracia en Venezuela? Una vez
restablecido el orden constitucional, una vez desarmado el aparato de
represión, una vez instalada nuevamente una justicia independiente,
¿cuánto tiempo se hubieran tardado ciertos defensores de los Derechos
Humanos para levantar el grito al cielo, exigiendo que se hagan juicios a
los responsables de la represión?
Suele pasar cuando el polvo se ha asentado, cuando ya no hoy
represión, cuando hacer uso de la libertad de expresión ya no es
peligroso. Una amnistía puede tener toda la lógica dentro de una
situación histórica tensa, cuando para todos la meta prioritaria, en
coma de todas las demás, es conseguir la paz, la libertad, el cese de
guerra y persecución. Y años más tarde, cuando los peligros han sido
superados, hay quienes cambian las prioridades y exigen, en nombre de la
justicia, cambiar la historia y abolir las amnistías.
Pero insisto: la historia no se puede reescribir. Mucho menos
escogiendo las partes que ya no nos gustan. Tampoco se puede dar
amnistías cazabobos.
