La libertad de expresión es el corazón de la democracia. Su gemela es el derecho del ciudadano de tener acceso libre a las noticias, opiniones, obras de arte, películas, diversiones y cualquier otra expresión cultural que quiere. Libre de control estatal.
Para conquistar esta libertad se libró una guerra. Ambos bandos tuvieron la libertad de expresión en sus banderas. Unos la vieron pisoteada por un Estado autoritario, otros la vieron amenazada por un movimiento insurgente, al cual vieron intenciones totalitarias. Al fin todos nos pusimos de acuerdo en construir un Estado democrático que garantice la libertad de expresión y sin espacio para censura.
Parece que no todos comparten este consenso fundamental. Dentro de una sola semana hubo tres intentos de volver a establecer censura en nuestro país. Un diputado de ARENA presentó un “dictamen recomendable” para exigir al gobierno que prohíba el concierto de una banda de heavy metal. Bueno, siempre hay algunos fanáticos que están dispuestos a sacrificar la libertad de expresión para imponer sus gustos o disgustos. Lo grave no es un diputado desequilibrado, sino el hecho que esta noción encontró una mayoría de 48 votos en la Asamblea.
Días
después, el ministro de Gobernación y varios diputados del Frente
presentaron una iniciativa de ley para “regular” y “normar” los
contenidos de los medios de comunicación, incluyendo canales de cable y
servicios como Netflix. No lo llaman así, pero es censura – y censura
está explícitamente prohibida en nuestra Constitución. Es el mismo
ministerio de Gobernación que diariamente coloca rótulos en las
pantallas de televisión que advierten que los programas de entrevistas y
debates no son aptos para menores de 18 años. O sea, el que mañana debe
votar, hoy no debe ver a los candidatos en entrevistas. ¿Qué mentalidad
hay detrás de estos burócratas censores?El mismo día, un funcionario de aduanas se arrogó la potestad de no dejar entrar al país un lote de un libro llamado “El Niño de Hollywood”, que cuenta la historia de un pandillero, quien luego de servir como testigo criteriado, es abandonado por el Estado y asesinado. El argumento del funcionario: “Contenido pernicioso”.
¿Vamos a permitir que el Estado -sean diputados, sea un ministro, sea un funcionario de aduana- decida qué libros, conciertos o películas podemos consumir? Obviamente, no.
Todos nos topamos con películas, noticieros, libros o discos que detestamos. Pero todos somos diferentes y preferimos o rechazamos cosas distintas. Este dilema comienza en la familia. La única forma de resolverlo es con tolerancia – y con la regla que nadie tiene el derecho de imponer sus gustos o disgustos a los demás. Ciertamente no el Estado. Esto establece la Constitución, y aplicándola, ninguna de las tres iniciativas de censura arriba mencionadas tiene validez. El “recomendable” del diputado armado, aprobado por 48 diputados, choca con la Constitución, igual que la iniciativa de una nueva Ley de Mordaza del ministro de Gobernación – y la censura ejercida por un funcionario de aduana constituye el delito de acto arbitrario.
Cualquiera tiene derecho de criticar los contenidos de libros, películas y conciertos, en los términos duros que quiere – este es otro derecho ciudadano protegido por la libertad de expresión. Pero el Estado, en todas sus expresiones, tiene que ser neutral en estos asuntos, porque es de todos, incluyendo de los consumidores de conciertos o libros polémicos.
Los intolerantes de todos los colores siempre van a pedir censura, motivados por fanatismo religioso o estrechez ideológica, o simplemente por ínfulas de poder y control. Y si no nos cuidamos, van a actuar de censores. Depende de nosotros pararles sus pretensiones autoritarias.
Saludos,
(MAS! y EL DIARIO DE HOY)
