A la mayoría de ustedes no les va a gustar esta carta. Pero alguien tiene que decírselo: Si piensan que la cantidad industrial de capturas que produce y publicita la fiscalía y la PNC es un indicador de que tendremos más seguridad, se dejaron engañar.
La Fiscalía dio a conocer que emitió 1128 ordenes de captura contra personas acusadas de ser miembros de la MS13 o de la pandilla 18. El resultado: 607 detenciones. No es el resumen de un mes, es el resumen de una sola semana, entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre 2018, suma de tres mega redadas: las operaciones “Arpón del Pacífico”, “Libertad” y “Tsunami”, que ustedes han visto en los noticieros.
¿De estos cientos de detenidos que la PNC ha desfilado para que los medios les tomen fotos, cuántos realmente son criminales?¿Cuántos terminarían condenados? Si aplicamos la triste estadística de nuestro sistema policial y judicial, tal vez un 10%.
¿Y
los demás? Entraron ahora en la estadística de “éxitos” de FGR y PNC.
Pero son lo contrario: parte de la triste estadística de miles de
personas que pasan meses en detención provisional, llenado y saturando
las bartolinas y los penales, y contra quienes al final no existen
pruebas.Les presento a 2 casos entre los 607 detenidos en esta semana de mega redadas. Casos que seguramente llamaron su atención en los noticieros o periódicos. Según todo lo que hasta ahora se sabe de estos casos, tengo serias dudas que sean culpables de los graves delitos que se los imputan.
Uno es el ex alcalde del puerto La Libertad, Carlos Molina. La familia Molina sufrió en el 2005 dos asesinatos: primero (en enero) de Eduardo, hermano de Carlos; y en junio del mismo año de su padre Mario Molina, candidato a alcalde. Carlos Molina retomó la candidatura de su padre y se convirtió en alcalde. Hoy la FGR lo acusa de haber pagado 3 mil dólares a pandilleros de la 18 para matar a una mujer.
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| La fiscalia no habla de presuntos pandilleros, sino presenta a los recién detenidos de una sola vez como “terroristas”. |
El otro caso es de un abogado llamado Norman Hugo Claros, detenido en el marco de la operación “Libertad”. Es acusado de asociación ilícita, porque según la FGR colaboró con la MS averiguando e informándoles la identidad de testigos protegidos. Lo que hizo el abogado es totalmente legal y parte del oficio de un abogado defensor. Recibió una llamada de alguien, cuyo teléfono fue intervenido por la FGR. Una persona le encargó el servicio de ir a la fiscalía y al juzgado para averiguar qué tipo de cargos existen contra él. Es lo primero que hace cualquier imputado, y su derecho. El abogado hizo las diligencias y, nuevamente por teléfono, concertó una cita con su cliente. La PNC monitoreó la cita y “detecta” que, luego de entregar la información requerida, el abogado recibió el honorario pactado por este servicio. Es el pan de todos los días de muchos abogados: ver el requerimiento fiscal y explicar al acusado cuales son los cargos y en qué pruebas se basan. El hecho que la FGR interpreta esto como “asociación ilícita”, constituye un ataque frontal al ejercicio de la defensa.
¿Qué pasaría si tuviéramos capacidad de analizar los casos de los otros 605 detenidos? ¿Cuántas acusaciones fabricadas maliciosamente detectaríamos? Pero mientras tanto, la PNC y la FGR toman como criterio para medir su “eficiencia” el número de detenidos, no el número de debidamente procesados y condenados, que constituye, ya lo dijimos, un pobre 10%. Piénsenlo antes de felicitar a la FGR y la PNC por sus mega redadas.
Saludos,
(MAS! y EL DIARIO DE HOY)
