Estimados diputados:
Por segunda vez nuestro país fue examinado en materia de
Derechos Humanos. Por segunda vez reprobó. En noviembre 2017 nos visitó,
por primera vez desde la guerra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. Al concluir su visita, exigió al presidente
que suspenda las “medidas extraordinarias” y las “ejecuciones
extrajurídicas”, porque ambas prácticas violan el Estado de Derecho.
El gobierno no hizo caso. Por el contrario: Solicitó a la Asamblea la prolongación, por un año más, de las “medidas extraordinarias”, aplicadas a los 20 mil internos de 6 centros penales.
La ONU no aceptó esta respuesta. Hace unos días, mandó al país a su Relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales. Luego de muchas reuniones y experticias, ella confrontó al presidente con el mismo examen y la misma exigencia: las “medidas extraordinarias” son violatorias a los Derechos Humanos y tienen que ser suspendidas. Las ejecuciones extrajurídicas tienen que ser castigadas.
Por segunda vez, el gobierno mandó al carajo a Naciones Unidas. No solo insiste en que la Asamblea le autorice un año más de “medidas extraordinarias”, sino plantea que deberán convertirse en ley permanente. Y siguen desmintiendo que en nuestro país existen ejecuciones extrajurídicas, a pesar de que son documentadas por medios de comunicación, la Procuraduría de DDHH e incluso la Fiscalía.
Por suerte la última palabra no la tiene el presidente y mucho menos su ministro de Seguridad. La última palabra la tiene la Asamblea. Solo ustedes pueden decretar la prolongación de este Estado de Excepción que el gobierno aplica al sistema penitenciario, suspendiendo derechos garantizados en la Constitución, en la Ley Penitenciario y en convenios internacionales. Derechos no solo de los internos, sino de sus familiares, sus hijos, y sus defensores.
Si el gobierno quiere echarse encima la condena internacional, ustedes pueden y deben corregir este error. Pueden evitar que El Salvador quede marcado como país violatorio de los Derechos Humanos. Por esto es imperativo que no aprueben nuevamente las “medidas extraordinarias”, porque obviamente no han cumplido su razón de ser: resolver una emergencia.
No tienen por qué aceptar el paquete cerrado que el gobierno les mandó. Pueden abrirlo y examinar cada una de las medidas. Pueden aprobar el bloqueo los señales telefónicas en los penales, y suspender las medidas que han sido condenadas por los representantes de Naciones Unidas: el encierro total que provoca epidemias de tuberculosis y equivale a prácticas de tortura; la restricción absoluta del acceso a aire y sol y de las visitas de familiares, y las restricciones ilegales al derecho a la defensa.
No se hagan cómplices de prácticas que ya han sido condenadas por las instancias internacionales. Saludos,
(MAS! / El Diario de Hoy)