En la plenaria de jueves 9 de febrero 2017, la Asamblea aprobó la solicitud del gobierno de prorrogar por un año más la vigencia del Decreto 321 conocido como “medidas extraordinarias”. El FMLN logró el apoyo de todos los partidos, incluyendo la oposición, con la única excepción del diputado arenero Johnny Wright Sol, quien votó en contra.
El debate en la plenaria mostró que los diputados ni siquiera han vuelto a leer el Decreto 321. Debatieron sobre prevención, sobre el Plan El Salvador Seguro, sobre el control territorial, sobre los fondos de las contribuciones especiales para Seguridad, sobre los bonos para policías, etc. – todas cosas que no tienen nada que ver con las medidas contenidas en el decreto.
Lo único que hace el decreto es declarar un Estado de Excepción parcial en los centros penales, suspendiendo explícitamente (Art. 10) los derechos de los internos garantizados en la Ley Penitenciaria (vea anexo abajo).
Nadie discutió esto en la Asamblea. Nadie reflexionó que las garantías establecidas en la Ley Penitenciaria reflejan garantías constitucionales y normas de Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y sobre Tortura y Trata Inhumano a Privados de Libertad. Los partidos debatieron y votaron como si se tratara de dar un voto de confianza al “Plan El Salvador Seguro”, aunque este no menciona ningún Estado de Excepción ni suspensión de garantías, sino principalmente enfoca en prevención. Las declaraciones de los representantes del gobierno, p.ej. el vicepresidente Oscar Ortiz, luego de la votación indican que el gobierno interpreta esta votación como aval a su política de Seguridad y como cheque en blanco para seguirlo implementando en todos sus componentes, incluyendo la militarización de la PNC, el despliegue de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, las operaciones de exterminio y la política de detenciones masivas, a pesar de que no hay espacios en bartolinas ni penales que garanticen protegen de los Derechos Humanos de los internos, incluyendo miles de ciudadanos en detención preventiva y sin condenas.
Con esta nueva prorroga de las medidas extraordinarias y transitorias, las mismas definitivamente se vuelven ordinarias y permanentes. Además las medidas no se aplican en casos individualizados, sino de manera general a poblaciones enteras de 7 penales, independientemente de las evaluaciones individuales de cada interno por parte de los Consejos Técnicos. Esta dos características de las medidas las vuelven jurídicamente insostenibles.
La Asamblea hubiera podido prorrogar las medidas que tienen que ver con los sistemas de comunicación telefónica y digital, también las medidas para mejorar la organización y depuración del personal de Centros Penales, pero sin las disposiciones que de manera general, indiscriminada y permanente suspenden garantías constitucionales, incluyendo el derecho a una efectiva defensa y el derecho a salud.
Publicamos aquí el texto completo del Decreto 321 recién prorrogado por 12 meses, y partes de la Ley Penitenciaria. Ambos obviamente los diputados, con excepción de Johnny Wright Sol, no los han leído antes de votar. Lo triste de todo esto es la ausencia de un debate sobre un asunto tan importante y delicado. Parece que en este tema de Seguridad, nos gobierna una gran coalición de todos los partidos, conducida por cuadros del FMLN.
No tener oposición en este tema, que es el único campo donde el gobierno puede esperar conseguir apoyo popular, es un gran regalo para el FMLN y su estrategia electoral.
Paolo Luers
Ley Penitenciaria
(SEGUNDA VUELTA)
