Sus organizaciones se llaman Organizaciones NO Gubernamentales, porque son instituciones privadas que NO dependen del gobierno ni del Estado. Son iniciativas propias de la sociedad civil para atender con fondos privados problemas que el estado no puede (o no quiere) atender. Por ser de utilidad pública, los ciudadanos o empresas pueden descontar de sus impuestos sus contribuciones a las ONG.
Las ONG, por definición son independientes y autónomas. No pueden depender del Estado, mucho menos del gobierno, ni en sus acciones, ni en su financiamiento. Su trabajo es complementario (y muchas veces correctivo) a los programas sociales, educativos o medioambientales del Estado.
Las asociaciones y fundaciones de utilidad pública solo tienen sentido si logran movilizar fondos, voluntariado e ideas de la Sociedad Civil. No pueden mamar de las tetas del Estado, ni tampoco hacerse entes auxiliarles del gobierno.
No sé si es ilegal que el Estado subvencione las ONG. Debería ser ilegal, y propongo que se legisle en este sentido. Lo que a todas luces es ilegal es la práctica como que el Estado –el gobierno, la Asamblea Legislativa- está financiando a docenas de ONG con fondos públicos: sin criterios establecidos, sin licitaciones, sin auditoría de los fondos públicos que ejecutan. Ni hablar de la práctica de usar ONG para financiar a partidos o enriquecer a políticos. Esto apesta.
Hay una sola forma aceptable de relación financiar del Estado con una ONG: Es cuando el Estado necesita que una asociación, fundación, iglesia o universidad ejecute parte de un programa estatal. En este caso, tiene que pasar por una licitación pública y una contratación de servicio. Esto, como en el caso de los programas de talentos jóvenes de la Matías Delgado, no es subvención, es un servicio contratado.
Lo que hay que prohibir es la subvención, porque desnaturaliza el carácter independiente de las ONG, y se presta para corrupción, favoritismo y clientelismo.
Mientras tanto, la Corte de Cuentas tiene que auditar todos los fondos que Hacienda y la Asamblea ya han otorgado a las ONG. No es admisible que la Corte de Cuentas diga que solo a las ONG que han recibido más de $100 mil.
Pero lo más importante es que en el mundo de las ONG, las verdaderas instituciones autónomas marquen una línea clara entre su labor noble y la zona gris (o incluso negra) de las organizaciones fachada del gobierno o de partidos, que nunca han sido independientes. Por esto esta carta no va al gobierno o la Asamblea, sino a ustedes. Una ONG con verdadera vocación ciudadana y social debe de abstenerse a buscar subvenciones, de una vez por todo. Ustedes tienen por misión movilizar aportes de la Sociedad Civil para atender (y si es posible resolver) carencias sociales, educativas, medioambientales, de salud en incluso de seguridad.
Me consta que muchas fundaciones y asociaciones, incluyendo las pequeñas ADESCOS comunitarias, hacen exactamente esto, con gran entrega y con sorprendente creatividad y eficiencia. Muchos de ustedes inciden en la convivencia pacífica, en la generación de oportunidades, en el acceso a mejor educación – no solo de manera simbólica, sino con un impacto sustancial. Este trabajo hay que proteger contra los intentos del gobierno de instrumentalizarlo. Por esto es tan importante que se consolida la autonomía de esta iniciativas privadas. Necesitamos más de esto, y menos del trabajo corrupto de ONG que sirven de fachada para proyectos populistas.
Por esto es del interés de las ONG legítimas y autónomas promover una legislación que erradique las subvenciones a organizaciones no gubernamentales.
Saludos,
(MAS!/El Diario de Hoy)
