Aprobaron una Ley de Cultura y pasó
debajo del radar de todos. Es de estas leyes que uno sabe que el Frente las
está promoviendo, y que tienen razón de ser, pero sin la excesiva carga ideológica
que traen la: Ley de Agua, de Medios Públicos, de Cultura…
Leyendo como quedó aprobada, y
comparándola con aquel manifiesto que nació en las entrañas ideológicas de la
Comisión de Cultura del FMLN, queda evidente que en la Comisión parlamentaria
se logró eliminar gran parte de la sobrecarga ideológica que llevaba. Ya no
incluye estos sermones insoportables del la cultura como “fuerza transformadora
de la sociedad”, y de su “función identitaria”, como los encontramos en muchos
documentos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Si no lo creen, lean
la Convocatoria
de la Secretaría de Cultura sobre los “Fondos Concursables para impulsar la
cultura como un derecho”. Aquí una pequeña prueba:
“Un Punto de Cultura es un concepto de política pública que
se traduce en organizaciones culturales de la sociedad civil fortalecidas, que
ganan fuerzas y reconocimiento institucional al establecer una alianza, un
pacto con el Estado, que reconoce y potencia la cultura viva comunitaria como
una fuerza viva capaz de producir poderosas transformaciones en la sociedad en
los niveles económicos, políticos, sociales, culturales y en las relaciones con
la naturaleza…”
Los diputados de la oposición lograron
eliminar de la ley estos sermones. Menos mal. Pero quitándole resulta que
entonces no queda nada sustancial.
La iniciativa de ley del FMLN tuvo la
intención de crear normas que permiten al Estado obligar a las radios
comerciales a dedicar una cuota de su programación, definida por ley, a
difundir “producción nacional” de música; y a los cines hacer lo mismo con
“producción nacional” cinematográfica. O sea, la intención fue que el Estado
regule los contenidos de radios y cines. Esto fue objeto de meses de discusión
en la Comisión de Cultura – y al fin esta parte no logró consenso.
Entonces, quedó un párrafo absolutamente
vacío:
“Programación de música nacional
Artículo 97.- Todas las estaciones de radio que ocupan el espectro radioeléctrico del país podrán (!) programar música nacional en programación regular.”
Artículo 97.- Todas las estaciones de radio que ocupan el espectro radioeléctrico del país podrán (!) programar música nacional en programación regular.”
“Programación de obras cinematográficas
Artículo 101.- Los exhibidores privados y
públicos podrán (!) obras cinematográficas nacionales en programación regular.”
Es como una ley que permite a los
almacenes del país vender leche de producción nacional. ¿Para esto hacemos
leyes?
Lo más irónico es esto: Resulta que ahora,
luego de que el FMLN definiera como uno de los ejes centrales de su programa de
gobierno que en 6 meses iba a crear el Ministerio de Cultura, ahora tenemos una
Ley de Cultura tan vaga que ni siquiera define la institucionalidad. En la ley
aprobada se repite, cientos de veces, el término “el Estado por medio de la
institución que vela por la cultura en el país…”
Hace 4 años el objetivo primordial de la
Ley de Cultura que presentó el FMLN fue la creación del Ministerio de Cultura.
Fue a la vez una de las promesas centrales que el FMLN hizo a los artistas del
país para involucrarlos en su campaña electoral. Y ahora surge una ley que
habla de “la institución que vela por la cultura”. No jodan a los pobres
artistas…
¿Qué hay detrás de esta traición a las
promesas? Muy simple: Estando en el poder, al FMLN le encanta tener todo el
aparato cultural del Estado a su plena disposición política, partidaria y
electoral – en forma de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. No es
secretaría del Estado. Es de la presidencia y sirve a los intereses propagandísticos
y políticos del presidente.
Siempre he dicho que la “la institución
que vela por la cultura” no debe ser ni secretaría de CAPRES ni ministerio,
sino una institución autónoma. Pero verdaderamente autónoma, como según la
constitución es la Universidad Nacional.
Pero la Ley de Cultura va en otra
dirección: Deja la cultura al mando de la presidencia, y establece un “Fondo
Nacional Concursable” para encargarse del financiamiento de los proyectos artísticos
y culturales. Magnífico. Pero con un Consejo Directivo, en el cual 7 de sus 11
miembros son funcionarios del Ejecutivo. Otros 2 representan la academia, 1 a
los municipios – y solamente uno la comunidad de artistas y trabajadores de
cultura. Y esto, según la Ley de Cultura, es “una institución pública de
carácter autónomo”. ¿Qué autonomía va a tener si 7 de 11 directivos son del
gobierno de turno?
