Hay varios elementos de falacia en la argumentación de quienes sostienen que el Estado salvadoreño está obligado a ejecutar la orden de captura que un juez español emitió contra los militares salvadoreños.
La primera: tenemos que respetar la justicia internacional. Pero no es una corte internacional. Es una corte española. Las cortes internacionales tienen jurisdicción basada en convenios que los estados suscriben. Por eso, es vinculante lo que dicte la Corte Interamericana de DDHH. Obviamente no existe un convenio internacional o bilateral que dé este estatus a la Audiencia de España.
El segundo argumento falaz: nuestras autoridades de seguridad tienen que ejecutar una orden de captura de Interpol automáticamente, no importando si existen las bases legales para una extradición. Dicho de otra manera: la PNC tiene que ejecutar una alerta roja incluso, cuando el delito imputado en El Salvador no existe, está prescrito o está cubierto por una amnistía vigente; que siempre se detiene al imputado y deja a la Corte Suprema decidir si la extradición procede. Este argumento es absurdo. Si de antemano está claro que no hay bases de extradición, la PNC no tiene por qué ejecutar la orden de captura.
La PNC y sus instancias superiores tienen que hacer una evaluación jurídica antes de proceder a ejecutar una alerta roja. El argumento del automatismo sirve para que el director de la policía, el ministro o el presidente se protejan. El comunicado de la presidencia sobre este caso muestra que nadie quiere asumir la responsabilidad. Hay que decirlo con claridad: el Gobierno de El Salvador ya tomó una posición jurídica y política. Cualquier detención para posterior examen de extradición pasa por una decisión jurídica-política del Gobierno, no de la oficina central de Interpol. El Gobierno de Mauricio Funes tomó, sin decirlo claramente, una posición jurídica y política en contra de la vigencia de la Ley de Amnistía y de reconocer la potestad de una corte española de declarar inaplicable la Ley de Amnistía vigente en El Salvador.
Entonces, lo que realmente hay que discutir, porque de esto se trata en el trasfondo de todo este caso, es la vigencia o no de la Ley de Amnistía. Hay razones en contra y en favor de la amnistía. Siempre las hubo. Tiene beneficios y costos. Pero sea cual sea el resultado de este debate, que deberíamos llevar con franqueza y sin esconder la mano que tira la piedra, no es la Audiencia Nacional de España la instancia competente para decidirlo. Por tanto, las autoridades salvadoreñas no pueden ejecutar una orden de captura basada en la no aplicación de la Ley de Amnistía.
Lo más probable es que la Corte Suprema, que tiene que decidir sobre la extradición a España, o la Sala de lo Constitucional, que tiene que decidir sobre un habeas corpus presentado por los militares, van a corregir las falacias cometidas por el Ejecutivo. Pero el problema de fondo persiste: El Gobierno no tiene una posición clara sobre la vigencia.
Todas estas consideraciones nada tienen qué ver la convicción de la culpa de los miliares acusados del asesinato de los padres jesuitas. Es obvio que entre los 19 acusados se encuentran los autores intelectuales, los que dieron la orden para el operativo del batallón Atlacatl de cometer el crimen.
Los que ahora, a raíz del caso que lleva la Audiencia Nacional de España contra los militares salvadoreños, están en campaña contra la amnistía y en favor de su derogación, no quieren aceptar que el país decidió no perseguir estos delitos. Más bien, ninguno de los delitos horribles cometidos en el contexto de la guerra civil, independientemente del bando que lo haya cometido y de la gravedad. El país lo decidió, sabiendo el costo que esto tiene para las víctimas y sus familiares, pero conciente también que esto era el requisito para que todos los involucrados en la guerra civil --y en las violaciones de derechos humanos que la acompañara--, podían incorporarse a la vida civil y a la tarea conjunta de la reconstrucción económica y moral del país, sin temores, sin persecuciones, sin revanchismos.
Todos nos beneficiamos de esta amnistía. No sólo los beneficiados directos --militares, paramilitares, guerrilleros, comandos de secuestro--, sino la población más afectada por la guerra que con el cese al fuego y el cese a la represión podía comenzar a rehacer sus vidas y sus familias.
Es inadmisible que algunos que se beneficiaron de esta amnistía, que les abrió el camino a la inserción política y en última instancia al poder, hoy la desconocen y quieren ver a los jefes militares que paguen sus pecados. Quieren ganar la guerra que militar y políticamente era imposible en El Salvador, en una corte española. Me da pena ajena.
(El Diario de Hoy)
