sábado, 21 de enero de 2012

Carta a los directivos de ANEP


Carta a los directivos de ANEP

Estimados amigos:

¿Qué diablos están pensando ustedes? En vez de quedarse en el banquito de acusados, donde el gobierno los quería mantener solitos y aislados por su resistencia contra el aumento de impuestos, ustedes de repente salen de la esquina acompañados de 90 organizaciones de la sociedad civil proponiendo a la nación un proyecto conjunto llamado “Compromiso por la Democracia”...

En vez de usar el Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE 2012 como escenario público para armar berrinche por la manera cómo el gobierno les ha impuesto el paquete fiscal sin ni siquiera entrar en discusión sobre un recorte del gasto excesivo del gobierno, ustedes decidieron poner su gran foro político anual en función de una amplia alianza con organizaciones de la sociedad civil preocupados por la salud de nuestra democracia.

Una gran parte de estas organizaciones son de izquierda y han tenido fuertes contradicciones con ustedes en el tema económico-social y de los impuestos.

Pero tanto ustedes, en su calidad de dirigentes empresariales, como los liderazgos de la sociedad civil han tenido la madurez de nunca cortar el diálogo. Lo novedoso y valioso de esta Alianza por la Democracia es que fue construida no entre quienes piensan igual, sino entre personas e instituciones que en el campo ideológico piensan diferente, y que en el campo económico-social tienen intereses opuestos.

Si se hubieran propuesto ponerse de acuerdo en todo, incluyendo los temas económicos, no hubieran llegado a nada. En vez de perderse en las diferencias, se concentraron en lo que sí tienen en común empresarios con sindicalistas, ciudadanos de izquierda con ciudadanos de derecha, jóvenes con viejos: las reformas necesarias para fortalecer la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, la división de poderes.

El gobierno pensaba que tenía a ustedes bien divididos del resto de la sociedad, sobre todo de los sectores progresistas. Y de repente gobierno y partidos van a tener que enfrentarse a una amplia alianza que exige reformas democráticas, electorales y jurídicas. No les va a quedar otra que hacerles caso...

Les felicito, mujeres y hombres de ANEP, igual que a sus nuevos aliados. Es un proyecto conjunto para crear la confianza en el sistema político que necesita el país para crecer económicamente. Una vez que exista crecimiento, podemos discutir cómo repartir el pastel. Mientras tanto, trabajemos juntos para crear las condiciones para que volvamos a producir y repartir pasteles...

Gracias por esta buena noticia, Paolo Lüers

(Más!)

jueves, 19 de enero de 2012

Carta a Sigifredo Ochoa Pérez


Carta a Sigifredo Ochoa Pérez

¡Coronel!

Usted se encachimbó con la actuación del presidente Mauricio Funes en El Mozote, donde supuestamente estaba conmemorando los Acuerdos de Paz. No es el único, coronel: No sólo gente de derecha y ex-militares como usted, sino también mucha gente de la izquierda e incluso ex-guerrilleros nos hemos molestado con la manera cómo Funes enfocó sus discurso en el pasado y los abusos de los militares, y no en cómo los Acuerdos de Paz y los 20 años de democracia han transformado la Fuerza Armada en lo que hoy es: la institución del Estado en que más confía la gente. Sólo veamos la encuesta recién publicada por El Diario de Hoy.

Con esta crítica usted no está solo, la comparte la mayoría de la población. Donde sí está solo, señor coronel, muy solo, es cuando usted en su pagina facebook escribe: “¿Que quiere pdte Funes? Guerra de nuevo? Yo como Soldado estoy listo para defender nuestra Patria...”

En vez de contestarle, mejor doy la palabra a alguien que sabe criticar de manera mucho más elegante que yo, David Escobar Galindo: “En vez de desgastarnos en melodrama, mejor atendamos el drama que vive el país.” Lo dijo la noche del 16 de enero, el día del infeliz discurso presidencial en El Mozote, pero no sólo hablaba de Funes, sino también de las reacciones melodramáticas como la suya. No es para tanto, coronel, pare los caballos, ¡no vamos a otra guerra por un discurso demagógico del presidente!

Voy a citar otra frase que dijo don David en la misma entrevista: “¡Que se conozca la verdad, pero tiene que ser toda la verdad!” Y también esta frase no sólo está dirigida a Mauricio Funes, quien quiso establecer  una “verdad oficial” sobre un conflicto cuyo desenlace no permite “verdades oficiales”, mucho menos decretadas desde la autoridad del jefe de Estado. También lleva dedicatoria a usted, coronel: No nos venga a decir que en El Mozote no pasó nada, y que el teniente coronel Domingo Monterrosa no tuvo nade que ver...

Nosotros dos estuvimos en esta guerra, y los dos sabemos que en diciembre de 1981 Domingo Monterrosa quiso mostrar a que sí se podía quitarle el agua al pez. Y esto lo hizo en El Mozote. Ustedes estaban convencidos que la población civil de El Mozote (y otros lugares en las zonas conflictivas) era base social de la guerrilla y como tal la consideraban blanco de su operativo militar. Se equivocaron, mataron a unos mil campesinos que nada tenían que ver con la guerrilla, y en consecuencia de su error tuvieron que abandonar la estrategia de la tierra arrasada...

Así que, coronel, hay que decirle lo mismo a usted que a Funes: ¡toda la verdad, y basta con los melodramas!

Saludos, Paolo Lüers
(Más!, El Diario de Hoy)

martes, 17 de enero de 2012

Dos presidentes hablando de la paz

El 16 de enero 2012, para conmemorar la firma de los Acuerdos de Paz hace 20 años, tomaron la palabra el presidente actual, Mauricio Funes; y el presidente que en 1992 firmó los la paz, Alfredo Cristiani.
Aquí reproducimos el discurso de Mauricio Funes en el acto del gobierno en El Mozote/Morazán, y el discurso de Alfredo Cristiani ante la Asamblea Legislativa.

Alfredo Cristiani:


Hoy se cumplen dos décadas desde la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a uno de los más difíciles episodios de nuestra historia. La guerra, aunque algunos se empeñen en argumentar que es a veces inevitable, nunca debiera ser motivo de orgullo.
El prolongado ruido de los cañones y los lamentos de tantas víctimas, le dieron triste notoriedad a nuestra Patria. Pero fue la firma de los Acuerdos de Paz, un acto tan breve, sobrio y silencioso, el que nos colocó ante el mundo, con la hermosa connotación positiva de ser artesanos de la paz, atendiendo así el llamado que nos hiciera Juan Pablo Segundo.
Los Acuerdos de Paz, además de poner fin a más de una docena de años de lucha sangrienta entre hermanos, supusieron la más profunda reforma política e institucional desde la Declaración de la Independencia y el consecuente surgimiento de la República.

A partir de aquella fecha, luego de decenas de años de desencuentros, los salvadoreños comenzamos a aprender, en un proceso a veces lento y tortuoso, a dirimir nuestras diferencias por las pacíficas formas que nos da la Democracia.

Los Acuerdos no implicaron la claudicación ideológica de las partes enfrentadas, como tan notorio es veinte años después. Lo que supuso fue la renuncia a la violencia como forma de hacer prevalecer o imponer determinadas convicciones políticas e ideológicas. 

Los Acuerdos cambiaron la idea de vencer por la de convencer, la idea de combatir con ferocidad por la de debatir con civilidad. No habiendo pues, ni vencedores ni vencidos, la nueva andadura democrática que iniciamos el 16 de enero de 1992, fue sobre la base de un gran consenso nacional privilegiando el bien común sobre las particulares visiones de cada parte, de cada grupo y de cada uno.
Por un momento en la historia y en este espacio geográfico, las partes que se habían entregado con pasión a la búsqueda del aniquilamiento del uno por el otro; para asombro del mundo entero, fueron capaces de reunirse, dialogar, negociar; lo que implica renuncias y concesiones de cada parte para lograr acuerdos en beneficio de todos.

Esa es la gloria y la grandeza del evento que ocurrió en la fecha que hoy conmemoramos y celebramos. Ese es el legado histórico de los hombres y mujeres que hicieron posible la paz y a quienes, a título personal, también rendimos reconocimiento este día.

A aquellos, que ante la magnitud de los problemas que ahora enfrentamos, se preguntan si valió la pena el proceso que nos condujo a los Acuerdos de Paz, les respondemos con palabras de Benjamin Franklin: que nunca ha habido una buena guerra ni una mala paz.

Tras los Acuerdos se ha producido el más largo período de estabilidad política y social de nuestra historia. Se han realizado cuatro elecciones presidenciales y cinco elecciones para alcaldes y diputados en completa normalidad.

Ocurrió asimismo, y sin traumas, la alternancia en el poder ejecutivo. Es así como debe ocurrir en la Democracia y como debe seguir ocurriendo para garantizar la voluntad irrestricta de la ciudadanía a través del voto.

Atrás pues han quedado los Golpes de Estado y las asonadas, los fraudes electorales y los enfrentamientos armados como formas de lucha política .

Ciertamente los Acuerdos de Paz solucionaron el problema de la guerra, mediante la desactivación de su principal detonante: la exclusión de grandes sectores sociales de la toma de decisiones sobre temas de Nación y el cierre de los espacios políticos a las expresiones más críticas y demandantes de la sociedad. 

En ese sentido los Acuerdos de Paz no marcaron el restablecimiento de una paz pre existente, como lo expresamos justamente hace 20 años en Chapultepec. Lo que nació después de aquel histórico evento fue un marco institucional fundado en el consenso y la armonía básica entre todos los sectores sociales y sobre todo en la concepción del país como una totalidad sin exclusiones de ninguna índole. 

Los Acuerdos pues cerraron para siempre una etapa difícil y violenta de nuestra historia, para dar paso a una nueva era. Una nueva etapa en la que trabajando dentro del marco institucional surgido del proceso de negociaciones, atendiéramos, por medios pacíficos, las profundas raíces sociales, económicas, políticas y culturales que nos impiden alcanzar la nueva Nación imaginada.

El resultado de las negociaciones tenían como propósito que a pesar de las diferencias ideológicas, ningún salvadoreño viera en otro salvadoreño a un enemigo por causas políticas. En este sentido, el legado de los Acuerdos de Paz no debe quedar como una fotografía que termina con su firma, sino como un proceso dinámico y permanente de cambio de actitudes, donde prevalezca la buena fe sobre la deconfianza, la empatía sobre los prejuicios y el consenso sobre la polarización. Despues de todo, nuestros enemigos comunes son y siempre deben ser la intolerancia, la exclusión, la desconfianza, la pobreza, todo aquello que nos impide alcanzar la libertad plena.

Nadie tiene el monopolio de la verdad absoluta para imponerla con prepotencia sobre el resto de la sociedad. Solo por medio del consenso lograremos entonces construir soluciones realistas a nuestros problemas históricos y actuales. 

Hoy los más jóvenes, los que no vivieron el Conflicto y su desenlace, reclaman mayores oportunidades y mayor protagonismo en el debate nacional y en la búsqueda de soluciones. 

Los sorprendentes adelantos científicos y tecnológicos en materia de comunicaciones e informática han puesto a la disposición del ciudadano formas de vigilancia sobre las instituciones y los dirigentes con los que antes ni siquiera se soñaba. Ahora la ciudadanía tiene mucho más poder de reclamo y presión sobre las instituciones y los gobernantes.

Es necesario evitar que haya un desfase entre la institucionalidad surgida hace 20 años como producto de los Acuerdos de Paz y una ciudadanía que requiere de espacios para criticar, exigir y proponer. 

Es de suma importancia, pues, que las fuerzas vivas de la Nación retomemos la actitud de los negociadores y los firmantes con el fin de construir un gran consenso nacional para actualizar y fortalecer nuestras instituciones. 

En lo personal, estamos convencidos que, si fuimos capaces de resolver juntos el terrible problema de la guerra por medio del diálogo y la negociación, seremos capaces de resolver juntos y por esas mismas vías los actuales y agudos problemas que hoy enfrentamos.

Una de las grandes lecciones que aprendimos del proceso previo a Chapultepec, es que dialogar y negociar no significa claudicar. Lo que implica es un vigoroso y dinámico proceso en donde la discusión de puntos de vista y propuestas, a veces subjetivas de las partes, terminan por dar paso a las soluciones más realistas y por lo tanto más efectivas.

Creemos que una vez pasada la coyuntura electoral del próximo mes de marzo tendremos un marco ideal para trabajar en un consenso nacional en pro de la actualización y fortalecimiento del marco institucional surgido de los Acuerdos de Paz.

Y es aquí, en la Asamblea Legislativa, el lugar donde están representadas todas las fuerzas políticas y todo el espectro ideológico de la Nación, el mejor lugar para forjar ese consenso. Este es por excelencia en una democracia el lugar para parlamentar, discutir, proponer y construir consensos.
Las grandes naciones no surgieron de sangrientos conflictos, sino de los grandes acuerdos y pactos sociales que se expresaron en Constituciones Políticas e Instituciones. 

Es momento para hacer un alto y mirar con serenidad el camino que hemos transitado. Es  un buen momento para evaluar con objetividad lo hecho, sacar conclusiones, fortalecer lo que está bien, corregir lo que está más o menos bien y desechar definitivamente lo que está mal. Eso lo debemos hacer juntos como en aquel proceso que culminó el 16 de enero de 1992. 

Buscar el bien común sin renunciar a los propios principios, creencias e ideales, anteponer los intereses de la Nación a los intereses partidarios, elevarnos por encima de lo que nos separa para aferrarnos como salvadoreños que somos todos, a lo que nos une.

Ese es el mejor homenaje que podemos rendir a los salvadoreños de uno y otro bando que ofrendaron sus vidas por sus ideales, y a tantos hermanos y hermanas que, sin ser partícipes directos del conflicto armado, fueron también sus víctimas. Ese es el mejor homenaje que podemos otorgarles y la mejor forma de consolidar el futuro de nuestra Patria.

Hace veinte años agradecímos a Dios por la paz que nos otorgaba luego de habernos ganado el beneficio de recibirla a través de nuestro esfuerzo por alcanzarla. Como dijera el presidente John F Kennedy: aunque siempre debemos pedir Su bendición y ayuda, nunca debemos olvidar que aquí, en la Tierra, el trabajo de Dios debemos asumirlo nosotros.

Que Dios bendiga a El Salvador. 

Muchas gracias.
(Fuente: Texto proporcionado por Claudia Cristiani)


Mauricio Funes:
En esta hermosa y cálida mañana, agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de estar aquí para realizar uno de los actos más importantes de mi gestión gubernamental y de mi labor como Presidente de la República.

El acto de dar a conocer al país y al mundo entero uno de los hechos que por su magnitud y su barbarie constituye uno de los episodios, sino el episodio más trágico, oscuro y tenebroso cometido contra civiles, especialmente niños y niñas y mujeres durante el conflicto armado.

Y qué mejor fecha para revelar esta dolorosa verdad -que algunos han querido ocultar desde hace más de 30 años- que este día tan simbólico.

El día en que el país entero celebra el veinte aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que permitieron, precisamente, acabar con la guerra entre hermanos y hermanas y abrieron la posibilidad de comenzar a construir la paz y la democracia en nuestro país.

En los días previos a esta conmemoración hemos escuchado innumerables opiniones a través de los medios de comunicación, referidas al proceso de paz que se ha desarrollado en los últimos 20 años.

Y yo quise también contribuir emitiendo mi juicio, pero no quise hacerlo en un auditorio cerrado allá en la capital, probablemente en un hotel ante un grupo selecto de oyentes, tampoco quise hacerlo en la radio, en la televisión o a través de los periódicos.

Fue mi voluntad venir acá a El Mozote, a compartir con ustedes algunas ideas y conceptos.

Pero, sobre todo, quise venir aquí a cumplir con mi máxima obligación como gobernante, que es dialogar con el pueblo.

Dialogar significa escuchar, básicamente escuchar, pero también dar la palabra y comprometerse con la palabra empeñada.

El 5 de diciembre pasado un grupo de representantes de las comunidades acá reunidas llegó a visitarme a Casa Presidencial.

Ese día tomé el compromiso de llegar hoy a El Mozote y de trabajar de manera conjunta en el diseño de medidas de reparación para las víctimas de la tragedia que ocurrió en esta zona hace tres décadas.

Y así lo hicimos y aquí estoy acompañado de mi esposa y del Gabinete de Gobierno para cumplir con mi compromiso y con mi responsabilidad.

Queridas amigas y queridos amigos:

Estoy convencido que la mejor manera de celebrar el 20 Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz es avanzando en el reconocimiento de la verdad y hacer valer la justicia.

Solo de esta manera las palabras paz y democracia dejarán de ser conceptos vacíos y serán palabras vivas, con contenido real para el pueblo.

Como contribución a la verdad y la justicia, tenemos que avanzar en la reparación integral a las víctimas, ya que si bien es cierto que no existe nada en el mundo que repare las pérdidas humanas y el sufrimiento que provocan, la reparación no obstante es imprescindible.

Por eso iniciamos una búsqueda consensuada de medidas morales y materiales que alivien el dolor y mejoren las condiciones de vida de las víctimas y sus familiares, algo fundamental del proceso de resarcimiento de parte del Estado y la sociedad.

Creo firmemente que no puede, ni podrá haber paz mientras no haya justicia en sentido amplio e integral. Justicia entendida en la plenitud de su significación como valor supremo.

Justicia que busque y promueva la verdad. Justicia que otorgue resarcimiento; justicia que acabe con la impunidad; justicia que genere igualdad de oportunidades y contribuya a erradicar la pobreza; que reconozca derechos por igual al de abajo y al de arriba, al hombre y a la mujer, al que lo tiene todo y al que no tiene nada o casi nada.

En suma: justicia en igual medida para todos y todas.

En el país, amigos y amigas, no ha habido justicia porque quienes debieron plasmarla no lo hicieron por diversas razones. Ni los gobernantes, en lo que les correspondía, ni los jueces, que tenían la suprema responsabilidad de no dejar impune el crimen, cumplieron con su deber.

Yo vengo esta histórica mañana, a asumir ante el pueblo salvadoreño y ante el mundo la responsabilidad que lamentablemente mis antecesores no quisieron o no se animaron a asumir y con esa actitud negaron la justicia a quienes aún lloran sus muertos, que aun buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, que aún deambulan en busca del techo que perdieron y del destino que les arrebataron, que deben marcharse a otras tierras a buscar lo que aquí no se les brinda.

Vean ustedes: Se nos ha dicho estos días que los Acuerdos de Paz han consolidado la democracia.

Me pregunto si a caso por democracia se entiende únicamente ir a votar cada tres o cada cinco años. Si tan solo a eso llaman democracia, estamos frente a una visión incompleta y parcializada.

Si entendemos que la democracia es un sistema político que debe asegurar la equidad, la justicia, la convivencia pacífica, la igualdad de oportunidades.

Un sistema en el que impera la libertad auténtica, la independencia de los poderes del Estado, la responsabilidad social del Estado, la garantía absoluta de los derechos humanos,  pues entonces, estamos aún muy lejos de tener democracia real en nuestro país.

Con esta convicción de que la democracia real debe estar fundamentada en la verdad y la justicia. Hace apenas dos años, al celebrar el 18 Aniversario de los Acuerdos de Paz, formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos consumadas por agentes del Estado durante el conflicto armado.

Ese fue el primer acto de reconocimiento de las aberraciones de nuestra historia reciente.

Fue un acto que debieron hacer los que me antecedieron pero que no lo hicieron porque no quisieron o porque no juzgaron que los crímenes cometidos fueron crímenes de lesa humanidad, es decir, graves violaciones a los derechos humanos.

Este día, ante el pueblo salvadoreño, ante la comunidad internacional, pero principalmente ante las víctimas, y sus familiares y amigos, quiero que sepan que estoy aquí en El Mozote para reconocer la verdad y profundizar el camino de la justicia y la paz.

Pueblo salvadoreño, pueblos hermanos de América Latina, pueblos amigos de todos los continentes:

Aquí, en El Mozote y comunidades vecinas, hace poco más de 30 años, se consumó una desmesura criminal que se pretendió negar y ocultar sistemáticamente.  

Aquí, como acabamos de escuchar, en tres días y tres noches, se perpetró la más grande masacre contra civiles de la historia contemporánea latinoamericana.

Aquí se exterminó a casi un millar de salvadoreñas y salvadoreños, la mitad de ellos niños menores de 18 años.

Aquí se cometió el peor de los  pecados, del que hasta hoy –como Estado, pero también como sociedad- no nos habíamos arrepentido.

Y aquí celebramos este nuevo aniversario de nuestros Acuerdos de Paz para poder expresar –en acto y en palabra- que el reconocimiento de los hechos, tal como ocurrieron, es el comienzo de la justicia, así como la justicia es el comienzo de la paz.

Este es, entonces, un acto de develación.

Quitamos un velo que nos encegueció durante tres décadas y nos sumió en dolorosa oscuridad.

Por esta razón, como Jefe del Estado, como Presidente Constitucional de la República, como Comandante  General de las Fuerzas Armadas,  reconozco que en los cantones El Mozote, El Pinalito, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando, La Joya y Cerro Ortiz, los días y las noches del 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, tropas del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, de la Fuerza Armada de El Salvador, asesinaron a cerca de un millar de personas, la mayoría niñas y niños.

Aquí se cometieron un sinnúmero de actos de barbarie y violaciones a los derechos humanos: se torturó y ejecutó a inocentes; mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales, cientos de salvadoreños y salvadoreñas hoy forman parte de una larga lista de desaparecidos, mientras otros y otras debieron emigrar y perderlo todo para salvar sus vidas.

Me solidarizo con el sentimiento de pérdida, irreparable que tienen los familiares y los sobrevivientes de las víctimas de esta masacre.

Por esa masacre, por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón, por esa masacre y por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño, como Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, pido perdón a las familias de las víctimas y a las comunidades vecinas.

Pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas que no saben hasta el día de hoy el paradero de sus seres queridos.

Pido perdón al pueblo salvadoreño que fue víctima de este tipo de violencia atroz e inaceptable.

Este pedido de perdón, que no pretende borrar el dolor, es un acto de reconocimiento y de dignificación de las víctimas de esta tragedia.

Este pedido de perdón, es expresión de nuestro compromiso para resarcir moral y materialmente, en la medida en que las arcas del Estado lo permitan, a los familiares de las víctimas.

Este pedido de perdón, es también, un acto de responsabilidad ante el pueblo salvadoreño y ante la Historia porque en la medida en que se reconoce la verdad y se actúa con justicia, se construyen las bases de la paz y la convivencia.

Amiga y amigos, queridos familiares:

A esta descripción de los hechos y al pedido de perdón, quiero agregar que ha habido responsabilidades específicas que deben citarse, de acuerdo con lo expresado por el informe de la Comisión de la Verdad.                                            

De él surgen responsabilidades: el Teniente Coronel Domingo Monterrosa, comandante de aquél Batallón; su segundo al mando, el Mayor José Armando Azmitia Melara; Jefe operativo, el entonces Mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, y otros, mencionados por la Comisión de la Verdad.

En virtud de ello, he resuelto a partir de este día, instruir como Comandante General de la Fuerza Armada a la institución la revisión de su interpretación de la historia a la luz de este reconocimiento histórico que hoy en nombre del Estado salvadoreño y como Comandante General formulo.

Esta revisión debe reflejarse en los textos y símbolos con que se forman los cuadros militares a los efectos de un doble objetivo: primero, fortalecer el rol profesional, despolitizado y desideologizado de la Fuerza Armada y su integración profunda en el seno de la sociedad salvadoreña; y segundo, aportar a la pacificación de los espíritus, factor imprescindible para fortalecer la democracia, la justicia y la paz social.

Precisamente porque a 20 años de los Acuerdos de Paz estamos ante una institución militar diferente, profesional, democrática, obediente al poder civil, no podemos seguir enarbolando y presentando como héroes de la institución y del país a jefes militares que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos.

Similar llamado, en mi condición de Jefe de Estado y Presidente de la República, similar llamado al liderazgo político del país, a todos los partidos políticos para que no exalten nombres de personajes que pudieron haber estado vinculados a violaciones de los derechos humanos ni acciones que hubieren provocado muerte y sufrimiento y que, lejos de contribuir a la creación de una cultura de paz, fomentan la polarización y la división de la sociedad salvadoreña.

Esta celebración del 20 aniversario de los Acuerdos de Paz se da en el contexto de una nueva consulta electoral, que mejor muestra de civismo, de valentía, de compromiso con una cultura de paz y con la construcción de la democracia en este país, que sustituir los himnos fundacionales y las predicas políticas cargadas de violencia y confrontación por un compromiso genuino con la paz, con la justicia, y con los cambios estructurales que el país necesita.

Queridas familias de El Mozote y de comunidades aledañas:

Ustedes conocen profundamente la verdad. Han luchado por años y años para que se reconozca y se dignifique a las víctimas. Saben que el símbolo mayor de esa búsqueda, de esa entrega por una causa alta y noble fue, tal vez, nuestra querida Rufina Amaya, única mujer que se salvó milagrosamente en El Mozote y que escuchó cuando asesinaban a sus cuatro hijos y a decenas de otros niños más.                                     

Ella dio testimonio sobre la verdad de lo ocurrido, hasta fallecer por causas naturales en marzo de 2007. Pero otra mujer destacada en la lucha por la defensa de los derechos humanos y por el esclarecimiento de esta masacre fue también nuestra querida María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado, quien también murió en el año 2007 y que dedicó parte de su vida a denunciar los hechos ocurridos aquí y a buscar tenazmente la verdad.

Mujeres valientes, mujeres portadoras de los más altos valores, que hoy honramos y homenajeamos.

Ustedes conocen, queridos familiares, amigos y amigas, vecinos de El Mozote y de cantones y caseríos aledaños, conocen profundamente los hechos, pero permítanme dar tan solo una referencia, sobre todo a nuestros jóvenes a los que se les ha ocultado la verdad y a la comunidad mundial:

Aquí, junto a la Iglesia, se encontraban los restos de una cabaña que utilizaba el sacerdote que atendía pastoralmente a estas comunidades. Allí se excavó la denominada fosa 1 de El Mozote en el año de 1992, el mismo año de la firma de los Acuerdos de Paz.

Se recuperaron 143 esqueletos de víctimas. 136 correspondían a niños con un promedio de edad de 6 años. También se halló un esqueleto que correspondía a una mujer embarazada en el tercer trimestre y se recuperaron los huesos del feto de su pelvis.

Es probable que los huesos, que las osamentas de muchos bebés pequeños se hayan pulverizado.

Durante 2,000 al 2,004 se produjeron muchas otras exhumaciones en los restantes caseríos, siempre la mayoría de restos que correspondían a niños y niñas.

Estas exhumaciones fueron dirigidas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, a cuyos integrantes, como Gobierno de la República y en representación del pueblo salvadoreño, agradezco la invaluable contribución que dieron para que se esclareciera y difundiera la verdad sobre lo ocurrido.

Les decía al inicio que el 5 de diciembre nos reunimos en Casa Presidencial con representantes de las víctimas de esta horrenda masacre y como resultado de esas pláticas decidimos iniciar un proceso de diálogo cuyo propósito fundamental es identificar y diseñar, de manera conjunta, medidas específicas de reparación, tanto morales como materiales.

En apenas 40 días este diálogo ha comenzado a dar sus frutos.        

En primer lugar, en el mes de diciembre se instaló la Mesa Conjunta entre el Gobierno y representantes de las víctimas, en cuyo ámbito se discuten las acciones de reparación que se llevarán a cabo en los próximos meses y años.

El compromiso del Gobierno con esta política es total y por ello participa de esta mesa la mayor parte del gabinete económico y social.

Un segundo compromiso que hemos consensuado es que en las próximas semanas iniciaremos un Censo que nos permita conocer el número exacto de víctimas, así como sus necesidades más apremiantes y los principales problemas que enfrentan las comunidades de la zona.

En tercer lugar, iniciamos la gestión para declarar como bien cultural el sitio donde ocurrió la masacre de El Mozote.

El objetivo de esta declaratoria es la reivindicación y valorización del suelo del caserío El Mozote, como un acto de restauración histórica y moral para las víctimas y sus familiares, así como también para conocimiento de toda la sociedad salvadoreña.

En cuarto lugar, vamos a responder de manera inmediata a uno de los principales problemas que enfrenta la población de la zona, como es el caso de los padecimientos físicos y psicológicos que sufren muchas víctimas.

Por ello, el próximo mes de febrero vamos a instalar, acá en El Mozote, un Equipo Comunitario de Salud Familiar – conocido por sus iniciales como ECOS- para brindar atención médica de calidad.

Sé que ustedes, amigos y amigas, han contado con la visita de personal médico tan sólo dos veces al mes.

Ahora van a tener todo un equipo de salud a su disposición durante todas las semanas.

Los nuevos servicios de salud que se brindarán, entre algunos: consulta médica general, atención psicológica, control prenatal a embarazadas, servicios de planificación familiar, control infantil, atención a adultos mayores, entrega de medicamentos, vacunaciones y otros más.

En quinto lugar, y ante la solicitud que recibimos de apoyo a la generación de empleo e ingresos, entre marzo y abril próximo, se va a implementar una serie de medidas de apoyo a los sectores productivos de esta zona.

Van a recibir asistencia para ampliar y mejorar la producción agrícola, particularmente de granos básicos, y se les brindará ayuda para equipar y ampliar los centros de venta de textiles, dulces y otros productos étnicos que ya funcionan acá en esta zona.

En sexto lugar, en materia de obras públicas, a partir del primer trimestre de este año vamos a iniciar los trabajos para la pavimentación de vías de acceso centrales, como el desvío de Arambala al límite con Meanguera; y vamos a iniciar el diseño de la vía que conecta Arambala con Joateca, para iniciar su ejecución en el último trimestre de 2012.

Además, como parte de este acuerdo, ya se ha pavimentado la calle entre el Cantón La Guacamaya y El Mozote y se están mejorando varios tramos de vías no pavimentadas.

Para realizar estas obras hoy comienzan las operaciones de un campamento del Ministerio de Obras Públicas en esta zona, que cuenta con maquinaria pesada del plantel de La Unión, que es parte de una reciente donación que nos hizo el gobierno de Japón.

En materia de vivienda, se hará un registro de beneficiarios para aplicar a los proyectos y ha comenzado el estudio para la construcción de una Casa de Alojamiento para personas de la tercera edad sin familia.

En total, en obras en esta zona, el Ministerio de Obras Públicas, está invirtiendo 6.4 millones de dólares.

Aquí se esta invirtiendo el dinero de los impuestos que recogemos y de los que vamos a recoger con la reforma que nos aprobaron los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa en diciembre pasado.

En séptimo lugar, en materia de Educación, vamos a equipar el Centro Escolar El Mozote con 20 computadoras nuevas y a capacitar a maestros y a maestras en informática.

En octavo lugar, el próximo mes salen las bases de licitación para las empresas que se encargarán de hacer mejoras en el pozo de agua de esta localidad.

La idea es que el abastecimiento pase a manos de ANDA, para hacer un buen trabajo en el mejoramiento del servicio.

Y, para lo último, he dejado el anuncio más trascendente para esta zona.

Acá, en el Norte de Morazán, junto con el Norte de los departamentos de San Miguel y La Unión, se va a desarrollar el segundo emprendimiento de Territorios de Progreso.

Esta iniciativa que ya iniciamos en la zona de la Bahía de Jiquilisco, busca desarrollar al máximo la capacidad y la producción de las zonas, mediante el trabajo conjunto de todos los entes involucrados.

Hablamos de los ministerios, de instituciones, organizaciones no gubernamentales, sociedades productoras, autoridades locales, etc., etc. La idea principal es procurar el desarrollo integral de estos territorios y de sus comunidades.

Ayer el Gobierno publicó la nómina completa, de acuerdo con los datos verificados que se poseen hasta el presente, de las víctimas de esta masacre. Esa publicación es un hecho inédito e histórico que abre y que abona el camino de la verdad.

Con estas medidas, que han sido discutidas con representantes de las comunidades, iniciamos un proceso conjunto y consensuado de reparación integral a las víctimas de la masacre de El Mozote que mantendremos firmemente hasta el final de nuestro mandato.

Espero que los futuros gobiernos mantengan estas políticas para que con certeza podamos decir: “El Mozote Nunca Más: Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas”

Se trata de un esfuerzo gubernamental de reparación moral y material a las comunidades afectadas, en este caso por la masacre perpetrada por agentes activos del Estado Salvadoreño hace un poco más de 30 años.

Pero bien visto, se trata sobre todo de un acto de justicia, para devolver la dignidad a familias enteras que en todos estos años han padecido la indiferencia y la ausencia total de la intervención del Estado en procura de un mejor nivel de vida.

Queridas familias:

No quiero finalizar sin antes anunciar también el inmediato lanzamiento de los próximos días, del Programa Nacional de Reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.

Este Programa está destinado a reparar, restituir, rehabilitar y compensar a las víctimas  y sus familiares.

En el marco de este programa se impulsarán medidas que actúen como garantía de no reiteración, de no repetición de este tipo de hechos.

Por ejemplo: la revisión y amplia difusión de los textos de educación de Historia y de formación de la conciencia ciudadana en materia de Derechos Humanos.

De igual manera, la revisión de los planes de estudio y formación de las fuerzas policiales y militares para asegurar el pleno conocimiento, respeto y protección de los derechos humanos.

Para avanzar firmemente en la concreción de este programa, crearé una Secretaría Ejecutiva del más alto nivel que tendrá a su cargo  una comisión que formulará las políticas y su implementación efectiva.

Como Presidente de la República supervisare directamente el progreso de los trabajos de esta Secretaria.

Querido pueblo salvadoreño y pueblos del mundo.

Ningún pueblo será libre, ningún pueblo será feliz, ningún pueblo alcanzará la paz plena si no se quita del corazón, el dolor profundo que produce la negación de la memoria, la verdad y la justicia.

Me corresponde asumir la responsabilidad como jefe de Estado y es lo que hago.  Me corresponde como Presidente Constitucional de la República y Comandante General de la Fuerzas Armadas,  reconocer la veracidad de los hechos tal como ocurrieron en este caserío  y zonas aledañas hace ya más de 30 años. Me corresponde como Jefe de Estado, reconocer la responsabilidad de agentes activos del Estado en esta masacre. Me corresponde como Jefe de Estado, pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño a las víctimas y sus familiares como lo hemos hecho en esta histórica mañana.

Me corresponde como Jefe de Estado, iniciar un proceso de  reparación moral y material y de creación de condiciones, para que este tipo de hechos abominables no se repitan más en el país, pero no es mi responsabilidad, ni mi atribución administrar justicia.

Por ello, ante el pueblo, ante los habitantes de esta zona masacrada hace 30 años, pido a todos los miembros del Órgano Judicial y del Ministerio Público que revisen conductas del pasado que impidieron el reconocimiento de la verdad y hacer justicia.

Hay sectores que demandan la derogatoria de la Ley de Amnistía y es una pretensión válida, sin embargo, como Presidente de la República respetuoso de la independencia de los poderes del Estado, me corresponde reconocer que la sentencia de inconstitucionalidad 27-98, de la Sala de lo Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia, deja sin efecto jurídico la mencionada ley, cuando ella constituya un factor de impunidad a las graves violaciones  a los derechos humanos.

Por ello, como Jefe de Estado, pido también a las organizaciones civiles y a las  autoridades nacionales involucrados  en el tema de justicia, particularmente a la Fiscalía General de la República y  a los jueces y magistrados  del Órgano Judicial,  que contribuyan con su acción a favorecer el combate de la impunidad en el país.

Y pido a los miembros actuales y futuros de la Asamblea Legislativa que legislen con sabiduría, que revisen lo que haya que revisar, para impedir la impunidad.

Y que legisle lo que deba legislarse para garantizar la justicia y para facilitar el proceso de reconciliación y paz en nuestro país.

Queridas familias:

En esta celebración del 20 Aniversario de los Acuerdos de Paz, deseo que todo el pueblo y la comunidad internacional sepan que El Salvador ha iniciado con firmeza el camino de la búsqueda de la  verdad, de la justicia y, con ello, de la paz y el progreso.

La paz es un proceso dinámico y permanente que requiere una estructura social de amplia justicia y reducida violencia para ser paz verdadera y duradera.

Por ello mismo, la paz exige la igualdad de derechos para todos y todas.

La paz implica entonces el desarrollo integral y justo y la vigencia plena de los derechos humanos y sociales de las personas y de los pueblos.

Esa es la sociedad que queremos construir, porque sólo así se consolidará una democracia real, efectiva y no meramente formal, como ha sido hasta el presente.

Roguemos por la memoria de nuestros muertos, por la paz en los corazones de sus familiares y comunidades y por la reconciliación efectiva de nuestra sociedad.

Sólo así, podremos caminar hacia el objetivo mayor que nos une a todos: que es la felicidad del pueblo y la grandeza de El Salvador.

Que Dios los bendiga, que Dios bendiga al pueblo salvadoreño.

(Fuente: http://www.presidencia.gob.sv)

 

Carta a los que dudan de la paz:






Carta a los que dudan de la paz:

Estimados amigos:

En estos días del 20 aniversario de los Acuerdos de Paz se hace evidente que no todos comparten las ganas de festejar. A ustedes que se burlan de la idea que aquí en El Salvador celebremos la paz, les tengo que decir un par de cosas.

Pero primero quiero citar tres de los cientos de mensajes que andan circulando en twitter que expresan esta duda que en ustedes existe sobre los Acuerdos de Paz:

“Acuerdos de paz.. ese si que es un chiste... somos el pais mas violento de todo el mundo, ¿qué paz celebran?”
“Absurda idea celebrar los acuerdos de paz, ¿donde existe la paz en El Salvador? Digame, porque yo ahí quiero ir a vivir...”
“Los acuerdos de paz fueron como decidir tener sexo pero ambos sabiendo que se fingirían siempre los orgasmos.”

No sé quién les ha dicho que los Acuerdos de Paz se firmaron para introducir aquí en El Salvador amor, felicidad, prosperidad y almuerzo gratis para todos. Si alguien les ha explicado esto en la escuela (o en la iglesia, o en un partido político), le han mentido.

No les voy a repetir todo el rollo sobre los Acuerdos de Paz, el fin del militarismo y de la represión, los derechos humanos, las libertades conquistadas para cambiar el país sin tener que recurrir a la violencia.... Todo el mundo habló de todo esto por todos los medios, y si ustedes no se convencieron no tiene sentido repetir el sermón...

Les voy a dar otro argumento diferente: ¿Cómo sería el país si no se hubiera negociado el fin a de la guerra? En algún momento uno de los dos bandos –el ejército o la guerrilla; la izquierda o la derecha- hubiera ganado. ¿Y saben qué?, cualquiera de los dos que gana se caga en el país.

A finales de los 80 la alternativa era: o llegamos a un acuerdo básico que establece reglas democráticas y civiles para el ejercicio del poder, o aquí terminamos en una sangrienta dictadura, sea de izquierda o de derecha. Con represión, sin libertades, con presos políticos, metiendo al país en un caos económico, aislándolo de la comunidad internacional...

Para cualquiera que ganaba la guerra, la única manera de gobernar y mantenerse en el poder era la dictadura. Dictadura socialista o dictadura militar.

Los Acuerdos de Paz produjeron la única salida aceptable: establecer reglas democráticas y someterse a ellas. A partir de ahí depende de todos nosotros hacer uso de las libertades para construir el país que queremos. Si no logramos resultados pobres, no hay nadie que culpar que todos nosotros.

Saludos, Paolo Lüers

(Más!, El Diario de Hoy)

lunes, 16 de enero de 2012

¿Conmemorar la paz excluyendo a una parte firmante?


¿Conmemorar la paz excluyendo a una parte firmante?

No me parece buena idea que el presidente de la República haya escogido El Mozote como escenario de la celebración oficial de los 20 años de la paz en El Salvador. Esta decisión demuestra que este presidente nunca ha entendido el carácter de la guerra salvadoreña, ni mucho menos el carácter de la paz negociada.

El Mozote en Morazán es el lugar símbolo no de la guerra como tal, sino de la genocida estrategia de tierra arrasada empleada por la Fuerza Armada. Sé de qué estoy hablando, porque fui de los primeros que llegamos a El Mozote luego de la masacre, a finales de diciembre del 1981. Hasta la fecha puedo sentir el olor a carne humana quemada que nos recibió. Y nunca se me va a borrar la rabia que sentí cuando comencé a tomar fotos de los niños asesinados. Por esto salté de alegría cuando años después el responsable de esta masacre, el teniente coronel Domingo Monterrosa, cayera en una trampa mortal que le tendimos los guerrilleros de Morazán.

Sí, El Mozote es un lugar símbolo. Pero para conmemorar los Acuerdos de Paz como Estado y nación (y no como representante de una de las fuerzas involucradas), El Mozote es el lugar menos idóneo. A menos que queramos transformar el 16 de enero de día de la paz y reconciliación en el día de denuncia contra las atrocidades de una de las partes beligerantes.

La decisión del presidente Funes de convocar el 16 de enero a El Mozote es como si un presidente de derecha hubiera convocado a celebrar los Acuerdos de Paz en la Zona Rosa en frente del lugar donde fueron asesinados 13 personas en un restaurante, a manos de un comando urbano del FMLN, convirtiendo el 16 de enero en “día de rechazo al terrorismo”...

Quiero entender que el 16 de enero sigue siendo el día de la paz, del reencuentro y de la reconciliación. Claro que podemos (¡y debemos!) este día hablar de las atrocidades cometidos en la guerra – pero ya no en tono de denuncia contra una de las partes, sino en tono de denuncia contra el fenómeno guerra civil que trae consigo barbaridades, violaciones de los derechos humanos, y sufrimientos de civiles.

Bueno, el actual presidente de la República decidió convocar para este 16 de enero a un “acto de desagravio” en El Mozote. Inmediatamente recibió de parte de un sector radical de la izquierda la advertencia de no llevar a ningún militar a El Mozote. Con el argumento que la presencia de militares podría ofender o perturbar a los familiares de las víctimas de El Mozote. Estos señores que se declaran voceros de las víctimas se olvidaron que muchos de los sobrevivientes y familiares de los masacrados de El Mozote terminaron combatiendo como guerrilleros. Incluso los que no tomaron las armas, aprendieron a vivir en medio de la guerra. Unos enfrentaron a los militares con los fusiles, otros les pusieron su cara como civiles. De todas formas, nunca aceptaron simplemente ser víctimas. Es prepotente y ahistórico pensar que “la presencia de la FAES en este importante acontecimiento no sería más que una forma de revictimizar la población de El Mozote”, como dice la carta de FESPAD y IDHUCA a Mauricio Funes.

Pero lo más absurdo de este debate que provocó la decisión del presidente dentro de la izquierda es esto: ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien conmemorar los Acuerdos del 1992 conmemorarlos excluyendo una de las partes que hicieron la guerra y luego negociaron la paz? ¿Qué pasó con la sabia conclusión que en la paz salvadoreña no hubo vencedores ni vencidos? ¿No significaba esto que tampoco hubo culpables ni inocentes, condenados ni liberados de culpa?

Pero esta idea absurda de excluir de la conmemoración del la paz a la Fuerza Armada no sólo se les ocurrió a los voceros de organizaciones radicales. Aunque rechazó el reclamo hecho en la mencionada carta, a Funes tampoco se le ocurrió que la única manera digna para ir el 16 de enero a El Mozote sería hacerse acompañar del estado mayor de la Fuerza Armada, y también de los dirigentes del FMLN. Y en frente de ellos todos, y a nombre de ambos, como comandante en jefe de la Fuerza Armada y como primer presidente de la República electo bajo la bandera de la ex-guerrilla, hablar de las víctimas y las violaciones de derechos humanos de ambas partes beligerantes - y de la responsabilidad compartida de ambos para la guerra y la paz.

Funes respondió a la exigencia de no llevar militares a El Mozote con consideraciones sobre su seguridad personal, sus guardaespaldas y sobre si van vestidos de uniforme o de civil. Que pobreza moral. La única respuesta admisible, una vez que había decidido ir a El Mozote, hubiera sido decir: La Fuerza Armada, igual que la guerrilla, fue protagonista de la guerra y de la paz. Por tanto, como comandante en jefe ordeno al Estado Mayor de la Fuerza Armada a acompañarme cuando en El Mozote hable de la guerra, de los crímenes de guerra y de la paz. Y como presidente elegido bajo la bandera de la ex-guerrilla insisto que me acompañe la dirigencia del FMLN. Esto hubiera sido un “acto de desagravio”, ¡pero para toda la nación!

Si no tiene el valor de hacer esto, ¿cómo se le ocurre ir el 16 de enero a El Mozote?
(El Diario de Hoy)

sábado, 14 de enero de 2012

Carta a los partidos




Carta a los partidos:

Estimados amigos:

Es imposible convencer a un chucho que por más que mee a un poste nunca será suyo, y que cualquier otro perro le va a orinar igual...

Tal vez sea igual con ciertos partidos que no pueden superar su instinto primitivo de marcar territorio mediante la pinta & pega.

Lo de los chuchos y los postes obviamente es irracional. Es puro instinto animal. En cambio, de partidos políticos y candidatos a alcalde o diputado se puede esperar cierta racionalidad. La racionalidad dice que forrando todos los postes de la bandera de un partido o pintarlos todos de rojo, anaranjado, azul, verde o tricolor no atrae ni un sólo voto.

Si embargo, algunos partidos lo siguen haciendo. Si no es para conseguir votos, ¿para qué lo siguen haciendo? Tiene que ser algo más que el puro instinto animal que hace al chucho mear, todos los días de nuevo, en todos los postes y árboles de su barrio.

¿Será que la insistencia de forrar los postes de la ciudad con banderas partidarias tiene más en común con la cultura de las pandillas que con los instintos animales? Los pandilleros marcan su territorio con los graffitis en las paredes, y el mensaje es muy claro: “Aquí mandamos nosotros; aquí no vale otra ley que la que nosotros imponemos; y quien no la respeta muere...”

A esto se parece la actitud de algunos líderes locales del FMLN de declarar “territorio liberado” sus municipios, donde no pueden entrar los adversarios. Y si entran, que aguanten las pedradas. Y si a pedradas no entienden, tal vez a balazo...

La única manera de evitar la violencia en las campañas electorales es una ley clara y estricta que prohíba la pinta y pega. Con sanciones penales para los activistas y multas sensibles para los partidos. Punto.

Mientras esta ley no existe, los alcaldes van a tener que aplicar sus ordenanzas, y los agentes del CAM se van a exponer a un dilema injusto: o salen golpeados o salen enjuiciados por golpear a algún activista...

El problema es: Los únicos que pueden hacer esta ley son ustedes, los partidos. Y si no son capaces de llagar a acuerdos de auto-regulación, ¿cómo llegan a consensuar una ley? A menos que al fin la racionalidad se imponga sobre los instintos de chucho y la cultura marera...

Saludos, Paolo Lüers
(Más!, El Diario de Hoy)

jueves, 12 de enero de 2012

Carta a Daniel Ortega


Carta a Daniel Ortega

Estimado comandante-presidente:

Te felicito: Saliste con la tuya. Aunque la Constitución no lo permita, te mandaste a reelegir como presidente de Nicaragua. Y de una sola vez te recetaste una mayoría legislativa suficiente grande para poder reescribir esta maldita Constitución que insiste en un montón de reglas y contrapesos democráticos...

Te felicito, porque realmente lograste humillar a tus adversarios: hasta los grandes empresarios de tu país al fin se vieron obligados a rendirte pleitesía a la hora de tu entronización. Igual la corona española...

Hasta nuestro presidente Funes, quien hubiera preferido no dejarse ver a la par de tus amigos Hugo Chávez de Venezuela y Mahmud Ahmadinejad de Irán, al fin viajó a Managua para (en sus propias palabras) “rendir un homenaje público al presidente Ortega”. Junto con varios prominentes miembros de su gabinete, quienes a la vez son dirigentes del partido FMLN, hermano gemelo de tu partido FSLN.

Los únicos ausentes en esta macabra fiesta fueron los directamente afectados y ofendidos: Costa Rica, por el pleito fronterizo que armaste con este tu país vecino, y el pueblo de Nicaragua. Managua este día estaba militarmente cercado y cerrado para el público, sólo militantes del partido e invitados podían acercarse a la Plaza de la Revolución...

Me imagino que los presidentes centroamericanos que te rindieron homenaje, muy a pesar de la inconstitucionalidad de tu reelección y el fraude consumado, justificarán su gesto dócil hablando de preservar la unidad centroamericana y que las relaciones son entre Estados, no entre personas. Bueno, nadie estaba esperando que rompieran relaciones con Nicaragua, como todos hicieron con Honduras cuando allí hubo ruptura institucional. Pero tampoco tuvieran que validar una reelección inconstitucional y a homenajear al responsable de esta ruptura institucional.

Me hubiera gustado que los únicos presidentes en la foto de tu entronización hubieran sido personajes como Chávez y Ahmadinejad. No me diste esta satisfacción. Hay que reconocer: no sos un simple dictador, sino alguien que sabe encubrir con cierta legitimidad la usurpación del poder, aunque sea a puro chantaje, como en el caso de los empresarios nicas y los presidentes de los países vecinos.

Hay que quitares el sombreo cuando uno ve a un timador con esta capacidad,

Paolo Lüers
(Más!, El Diario de Hoy)

Columna transversal: 20 años de paz

"Aquel día del cese al fuego, en esta gran fiesta en el centro de la ciudad, me pareció imposible vivir en otro país..." Así cerré una columna que publiqué hace un año, el 13 de enero del 2011, en este mismo periódico, titulada: "El 10 y el 16 de enero", sobre el inicio y fin de la guerra.
Luego de 11 años de participar en la guerra, me quedé en El Salvador para ser partícipe de la posguerra. Para muchos la tarea era la reconstrucción, pero para mi criterio esta meta quedaba demasiado corta. Uno no hace la guerra sólo para luego reconstruir lo destruido. Se trataba de construir algo nuevo. Algo que no era posible antes de la guerra, algo que daría sentido al sacrificio de la guerra. Y se trataba de hacerlo entre todos. O sea, entre quienes antes, sin pasar por la experiencia de la guerra y de la búsqueda de la paz, no podían ni siquiera imaginarse una visión compartida del país.
Lastimosamente no todos compartieron esta visión. Dentro de ambos bandos hubo sectores que firmaron la paz, pero sólo porque no hallaban cómo seguir con la guerra. Entraron en la paz viéndola como otra etapa del conflicto, sólo con métodos políticos en vez de violentos, pero con la misma finalidad: imponerse al otro bando, con el cual se estuvo en guerra y se terminó firmando un cese al fuego.
Aunque en ambos bandos los que pensaban así eran fuertes, los Acuerdos de Paz se cumplieron. Como cese al fuego se cumplieron en su totalidad, para sorpresa de todos, y sólo esto ya en si es un hecho histórico trascendente. Como refundación de la República, los Acuerdos se cumplieron no en su totalidad, pero suficiente para cobrar vida propia. Teniendo tanta gente (y en posiciones de poder en ambos lados) que no compartieron esta dimensión de los Acuerdos, era lógico que la construcción de la nueva institucionalidad democrática iba a sufrir retrocesos, obstáculos e inclusos perversiones. Lo sorprendente es que aún así el proceso resultó suficiente robusto para no permitir que alguien lo abandonara del todo o lo paralizara.
Esto se explica por la vida propia que la paz cobró. La paz salvadoreña, una vez iniciada, dejó de depender exclusivamente de la buena voluntad de las partes beligerantes que la firmaron, porque fue adoptada por toda la sociedad. La ciudadanía, antes callada por represión y guerra, se apropió de los Acuerdos de Paz y los convirtió en paz. Atentar contra ella se convirtió en políticamente imposible. Esto obligó a todas las fuerzas políticas, incluyendo los sectores dentro y fuera de los partidos de derecha e izquierda, que no tenían disposición real de romper con la polarización, a aceptar los Acuerdos de Paz como agenda común de la nación. Podían retrasar, diluir, obstaculizar las reformas institucionales acordadas, pero no podían enfrentarlas abiertamente...
Así se explica que incluso los sectores más retrógrados de la derecha nunca se atrevieron a cuestionar el nuevo rol apolítico de la Fuerza Armada, la presencia de ex-guerrilleros en la PNC, la existencia de instituciones nuevas como la Procuraduría de Derechos Humanos o la Academia de Seguridad Pública. Y así también se explica que los comunistas, aun cuando ya lograron el control total del FMLN e incluso cuando ganaron las elecciones del 2009, no se atrevieron a tomar medidas contra la libertad de expresión o contra la libre empresa.
La paz en El Salvador tiene tanto arraigo en la sociedad que ninguna fuerza política puede atentar contra los fundamentos de esta refundación de la República, que el país adoptó colectivamente hace 20 años. Algunos locos pueden pedir una nueva Guardia Nacional, dirigentes de Gana pueden exigir la pena de muerte, y el FMLN puede proponer que se reforme la Constitución para introducir la "democracia directa" en forma de los plebiscitos, pero ellos mismos saben que sólo son consignas demagógicas para atender a sus respectivas clientelas y que no hay manera que la sociedad permita este tipo de atentados contra la paz y la democracia.
De esta forma, nuestra democracia refundada hace 20 años, muy a pesar de las voluntades antidemocráticas de sectores fuertes en la izquierda como en la derecha, ha sobrevivido el experimento de la derecha populista de Toni Saca, con daños considerables, pero intacta y con capacidad de superación. De la misma forma, va a sobrevivir el paso por el poder del FMLN, a pesar de la vocación autoritaria y revanchista de muchos de sus dirigentes, algunos incluso convertidos en ministros.
Nuestra democracia está sobreviviendo incluso la crisis de violencia desatada por las pandillas y mal atendido por tres gobiernos sucesivos. Sobrevivió la demagogia de mano dura, sobrevivió la tendencia peligrosa de partidización de la PNC, y va a sobrevivir las decisiones necesarias del Estado de recurrir a la Fuerza Armada para enfrentar el crimen y de reformar las leyes penales garantistas surgidas de los Acuerdos de Paz para erradicar la represión.
El proceso iniciado con los Acuerdos de Paz ha establecido un marco democrático y un amplio consenso adoptado por la sociedad, que ponen límites a los populistas o autoritarios de todos los colores, incluso cuando lleguen a gobernar. No podrán romper este marco mientras los ciudadanos lo cuidemos.
(El Diario de Hoy)

martes, 10 de enero de 2012

Carta a una candidata a diputada

 

Carta a una candidata a diputada


Estimada Ana Vilma de Escobar:

¿Te recuerdas de lo que te dije?: No es suficiente tener estrategia, tiene que ser creativa y sorpresiva...

¡Hoy sí me sorprendiste! Cuando vi tus vallas que sólo decían: “Defiende tu voto en la Asamblea”, sin nombre, sin bandera, sin foto, yo pensaba: ‘Esto es la campaña “tapada” de Ana Vilma. El día 10 de enero, cuando por ley puede hacer campaña abierta, la va a destapar. Muy inteligente: Todos los demás que hacen campaña adelantada reciben crítica pública. Pero ella también está en la jugada, sólo que nadie la puede criticar, y cuando destapa su campaña con su rostro y su bandera partidaria, ya va bien adelante... Buena estrategia de expectativa y de sorpresa.’

Pero nunca me imaginé que la estrategia tuya era aún más audaz, más creativa, más sorprendente. Nunca me imaginaba que las vallas que pusiste sin nombre y bandera eran una emboscada para tu principal adversario: el FMLN.

Cuando uno tiene un vecino ladrón, el método para agarrarlo es dejar cosas mal puestas en el jardín. En algún momento las va a agarrar, sobre todo cuando es ladrón por falta de iniciativa propia, alguien envidioso y resentido...

Bueno, funcionó perfecto: el ladrón se tragó el bocado y la trampa se cerró. Tus vallas sin firma eran como ponerle al ladrón en frente de su casa un carro con las puertas abiertas y las llaves puestas. El FMLN no pudo resistir: te robó las vallas mal puestas, las firmó con su bandera y las puso en toda la ciudad... ¡Bingo!: ladrón atrapado.

Y yo pensando que tenía que explicarte estrategia... Ahora me muero de curiosidad (y porqué no: de morbosidad) para ver cómo va a seguir tu campaña y cómo vas a proyectar al público el trofeo del ladrón atrapado.

Gracias por agregarle pimienta a la campaña.

Saludos, Paolo Lüers
(Más!, El Diario de Hoy)

sábado, 7 de enero de 2012

Nuestra guerra: Una conversación

Una conversación en NEXOS entre:
Fernando Escalante Gonzalbo • Eduardo Guerrero Gutiérrez Alejandro Hope • Denise Maerker • Ana Laura Magaloni • Héctor de Mauleón Natalia Mendoza Rockwell • Guillermo Valdés • Joaquín Villalobos ( Ver todos sus artículos )

El 17 de septiembre se reunieron en la revista nexos diversos autores de ensayos, análisis y reflexiones clave sobre el problema de seguridad y la violencia que han marcado el destino reciente de México. Bajo la conducción de Denise Maerker se sentaron a la mesa a conversar y discutir Fernando Escalante Gonzalbo, Eduardo Guerrero Gutiérrez, Alejandro Hope, Ana Laura Magaloni, Héctor de Mauleón, Natalia Mendoza Rockwell, Guillermo Valdés y Joaquín Villalobos. Hablaron durante cuatro horas, la versión estenográfica de la conversación fue editada y enviada a sus autores para que corrigieran y añadieran lo que juzgaran pertinente. Este es el resultado


Denise Maerker: Todos ustedes han escrito o generado piezas clave sobre la crisis de seguridad y violencia que enfrenta México. En algunos puntos coinciden, en otros discrepan. Lo cierto es que la situación, desde que sus textos fueron publicados o sus estudios hechos, ha cambiado constantemente y hay nuevos elementos de reflexión. Queremos volver sobre las primeras hipótesis o explicaciones, hacer un alto en este camino, regresar a nuestras hipótesis originales, encontrar —por qué no— puntos comunes que nos den una visión más clara de en qué consiste la crisis, qué la desencadenó, y si era inevitable o no. Les propongo empezar por el principio, preguntarnos qué ocurrió en el país con eso que podríamos llamar “la tormenta perfecta” en la que concurrieron muchas cosas: el cierre al narcotráfico de “La Ruta del Caribe”, la transición democrática de México que puede haber diluido los mecanismos de control social que existían; la debilidad histórica de los gobiernos y las policías locales, el fin de la prohibición de la venta de armas de alto poder en Estados Unidos…

Eduardo Guerrero: Desde los ochenta en México tenían lugar episodios de violencia en varias regiones del país ligados con el narcotráfico, pero me parece que la pregunta que ahora nos hacemos todos es: ¿por qué a partir de mayo de 2008 aumentaron súbita y sostenidamente los homicidios relacionados con la delincuencia organizada a niveles nunca vistos? El aumento de la violencia se registra en un momento en que el gobierno mexicano coloca en el centro de su agenda el combate al narcotráfico y el fortalecimiento del sector de seguridad. Y sucede que, paradójicamente, esas decisiones gubernamentales para fortalecer la seguridad son un grupo de variables clave para explicar esta violencia extraordinaria. La violencia aumenta, por ejemplo, cuando tienen lugar detenciones de capos, decomisos de armas y automóviles. Me parece a mí que la política actual de detenciones (y quizás algunos decomisos) es relevante para explicar la violencia actual.

Alejandro Hope: Puede haber un primer punto de acuerdo en que la raíz de la crisis no es estructural. Sabemos de las debilidades de las instituciones de seguridad y justicia, pero con esas mismas policías y esos ministerios públicos, tuvimos una caída sostenida de algunos indicadores de delitos violentos durante un periodo largo, digamos de 1993 a 2007. Lo que sorprende y hace difícil el diagnóstico es lo abrupto del incremento que se da en 2008. Hay que explorar factores coyunturales, entre 2005 y 2008, que puedan explicar esto. Algunos de esos factores están asociados a las decisiones de gobierno, pero otros no. Por ejemplo, entre 2007 y 2009 se da un incremento en el precio de la cocaína en Estados Unidos. Según la base de datos de la DEA, en esos dos años se duplicó el precio de la cocaína. Ahora bien, si uno corre la gráfica de homicidios contra el precio de la cocaína verá que son comportamientos casi paralelos. Éste es un primer punto no trivial. Un segundo punto es el de las armas. No tenemos buena información al respecto, pero estudios recientes muestran que la disponibilidad de armas parece haber incrementado el número de delitos violentos en comunidades fronterizas. Tercer punto, también de coyuntura: el gobierno de Estados Unidos acelera la deportación de ex convictos a partir de 2002. Entre 2002 y 2008 se incrementa 35% el número de ex convictos deportados a México y crece todavía más en 2009 y 2010. En 2010 deportaron algo así como 120 mil ex convictos; en 2002 fueron 30 o 40 mil.

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Fernando Escalante: Creo que podemos estar de acuerdo en que la política del gobierno federal, lo que hizo y dejó de hacer el gobierno federal durante este sexenio, es el factor decisivo para explicar el salto. Hay otros factores también, pero un cambio de esa magnitud en un año sólo puede explicarse por factores coyunturales. Ahora bien, me parece importante subrayar que eso que haya hecho y dejado de hacer el gobierno federal afecta no sólo a las organizaciones criminales de que hablaba Eduardo Guerrero. Hay otras violencias, otras formas de violencia que no tienen que ver con el contrabando o la venta de drogas. Mirando regionalmente el mapa de la violencia, la que no está directamente asociada al narcotráfico me parece incluso más grave; no los pleitos entre organizaciones de delincuentes, que tarde o temprano llegarán a un acuerdo, sino esas otras violencias que parece que se han instalado en el país.

Denise Maerker: En el fondo hay una pregunta sobre la inevitabilidad de la intervención del Estado. ¿Era deseable esa intervención? ¿Era indispensable?                 

Eduardo Guerrero: Yo me atrevo a decir, ya me desmentirán, que en esta mesa hay un acuerdo en que el gobierno debe luchar contra el crimen organizado y contra la inseguridad. Lo que sorprende es la precipitación con la que el gobierno lanza su ofensiva. A 10 días de tomar posesión, el 11 de diciembre, el nuevo gobierno aplica un primer operativo en Michoacán con resultados —por cierto— aparentemente buenos. En ese año, 2006, Michoacán era el estado más violento del país. Hay asesinatos de mandos policiales, expresiones del gobernador Lázaro Cárdenas de que no es posible transitar en varios municipios de Michoacán. Este gobernador solicita, desde finales del sexenio de Vicente Fox, una intervención del gobierno federal. Fox, al parecer, no atendió la solicitud sino Felipe Calderón (quien nació en Michoacán, por cierto). Con el operativo del gobierno federal descendió la violencia y hubo importantes decomisos y detenciones. Se elevaron también los niveles de aprobación del presidente. La intervención del presidente estaba respondiendo a una exigencia social. Y la lucha era políticamente conveniente para mejorar las condiciones en que asumió el poder el presidente de la República. El factor sorpresa fue importante en el primer operativo en Michoacán, pero ese factor ya no estuvo presente en los siguientes y la eficacia disminuyó gradualmente.

Ana Laura Magaloni:
A mí no me queda claro a qué denominamos la crisis de inseguridad. ¿Quién amenaza realmente a la sociedad? ¿Las otras violencias de que habla Fernando Escalante o a la violencia de las organizaciones criminales? Y eso lo digo con respecto a la pregunta de qué tan inevitable o necesaria era la intervención del Estado. Hay que preguntarse: inevitable o necesaria, ¿para qué? No sé cuál haya sido el indicador duro de la necesidad de intervención. Salvo Michoacán, los homicidios venían para abajo, la violencia no era un problema. Hoy tenemos una violencia que no sé cómo se va a contener y en delitos que duelen a la población: secuestro, extorsión, homicidio. La intervención era necesaria, ¿para qué? Porque, sin duda, en estos años ha cambiado el fenómeno: estamos ante otro fenómeno que requiere otro tipo de intervenciones. Es preciso definir qué era la crisis de seguridad de la que estamos hablando, por qué necesitaba el Estado sacar el ejército a las calles y a la policía. Porque si no nos ponemos de acuerdo sobre eso no vamos entender si fue adecuado o no.

Joaquín Villalobos:
Hay un factor que no tiene tanto que ver con el número de homicidios. Me refiero al cambio en las características de la violencia que se da entre 2005 y 2007. La violencia que se observa en México antes de esos años tenía niveles de brutalidad mínima, era poco sistemática y no estaba organizada. Sin embargo, hacia el final del gobierno de Vicente Fox apareció una violencia sistemática, organizada y con un nivel de brutalidad extraordinaria, que era cualitativamente distinta y estaba asociada a factores estructurales como el mercado de drogas, la evolución de los grupos delincuenciales y la debilidad de las instituciones. Lo que yo observo es, entonces, que hubo un cambio cualitativo que se produce entre 2005 y 2007, y que en 2008 se manifiesta con toda su fuerza. Esta segunda violencia genera, por necesidad, la intervención del Estado, porque es una muestra de intimidación mucho más potente, que pone en jaque la capacidad del Estado de ser autoridad; reto completamente distinto al que plantea la violencia común.

Voy a poner un ejemplo todavía más claro en esta dirección: cuando se produce el estallido social en Chiapas (1994) los números de homicidios no fueron altos, casi no hubo violencia, pero la reacción del Estado fue proporcional al problema potencial, tanto en lo que se refiere al envío de fuerza, como en su disposición al diálogo e inversiones sociales en la zona. Es decir, que para dar respuesta a un problema de este tipo no podemos basarnos solamente en los números, hay que analizar el fenómeno en su dimensión completa. Y lo que pasó en México entre 2005 y 2007 fue que la violencia y los violentos se volvieron un reto para el Estado. Para decirlo coloquialmente, la basura se salió de abajo de la alfombra.

Guillermo Valdés:
Si comparamos los niveles de violencia de 2010 y 2011 con los de 2007 y 2006 parece, ciertamente, que la intervención no se justificaba, porque el nivel de violencia en 2006 era muy bajo, pero quiero poner las cosas en perspectiva. El nivel de violencia actual, los más de 40 mil muertos de estos años, no se hubiera producido si antes no hubiera habido un proceso lento de acumulación de lo que podríamos llamar la “densidad criminal”. Para que haya más de 40 mil muertos en cinco años debe haber muchísima gente armada en la calle. Es imposible construir ejércitos con ese nivel de entrenamiento, equipamiento y disposición violenta de la noche a la mañana. El proceso de acumulación ya se había dado en 2007. La pregunta es: ¿por qué afloró allí? De acuerdo, hay que entrarle a las causas coyunturales para explicar todo esto, pero yo apuntaría también a una causa un poco más histórica, que explica por qué estas organizaciones ya eran tan poderosas en 2007. El hecho es que en México hubo a partir de finales de los ochenta un proceso de unificación de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en dos grandes organizaciones: la Federación —en donde estaban el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel del Pacifico— y, por otro lado, el Cártel del Golfo. A partir de 1997 comenzó una etapa de fragmentación de estas organizaciones y en 2006 existían no dos, sino seis cárteles: Tijuana, Pacífico, Juárez, La Familia, Golfo, Los Zetas (que aunque eran parte del Golfo actuaban con cierta autonomía desde 2003), lo que provocó violencia en varias partes del país como Nuevo Laredo en 2005 o en Michoacán en 2006. Lo que estamos viendo a partir de 2008 es un conjunto de conflictos muy violentos entre esas organizaciones cuya lógica es terminar la fragmentación para que sólo permanezcan dos de ellas: por un lado sería el Cártel del Pacífico (si logra derrotar o controlar a los cárteles de Tijuana, Juárez y de Beltrán Leyva), y la otra sería la triunfadora del conflicto entre el Golfo y Los Zetas. Las guerras del Pacífico contra sus adversarios explican poco más de la mitad de los homicidios que van en el sexenio; los conflictos del Golfo con sus adversarios dan cuenta de otro 30% de asesinatos.

Ana Laura Magaloni:
Es muy interesante lo de “la densidad criminal” de la que habla Guillermo. Pero no es trivial que esa densidad criminal no fuera violenta y ahora sí lo sea. México tenía una densidad criminal contenida u ordenada en un país en donde históricamente la línea divisoria entre ilegalidad y legalidad nunca ha sido completamente clara.

Natalia Mendoza:
Si lo que se busca es entender qué es lo que está pasando en el país, creo que es necesario desmontar las ideas “Estado” y “crimen organizado”: ambos términos son ficciones que sirven para diseñar políticas públicas; no son conceptos que permitan explicar y ni siquiera describir la serie de procesos sociales que han dado lugar a esta crisis. Son categorías normativas, no analíticas. Cuando uno cambia de escala, y se acerca a la realidad local, la idea de que esto es una guerra entre “el Estado” y “los cárteles” pierde sentido: los pleitos y los actores son mucho más diversos. Eduardo Guerrero señala que ha habido una fragmentación de los cárteles. Eso puede ser verdad a una cierta escala. Lo curioso es que a nivel local la realidad puede ser otra. En 2005, cuando hice trabajo de campo en el municipio de Altar, Sonora, los cárteles no se vivían como una realidad local: había una serie de pequeños narcotraficantes que trabajaban como subcontratistas o incluso de manera independiente. Los mismos narcos te podían decir: “En la tele dicen que todo esto es territorio del Chapo, pero pues yo no sé, yo le compro mota a fulano”. La sensación que hay hoy en un lugar como Altar es que el tráfico de drogas se “cartelizó”. Es decir, que a medida que se vuelve más difícil el paso de la frontera los narcotraficantes que trabajaban de manera más o menos independiente se ven en la necesidad de aliarse con organizaciones poderosas que pueden pagar sicarios y que pueden negociar con miembros más altos en la jerarquía militar y policiaca. El sentido de pertenencia a un cártel es cada vez más fuerte.

No creo que el hecho de que una serie de familias vivan del tráfico de drogas signifique en sí mismo una amenaza a la “lógica del Estado”, al menos no más grave que la evasión sistemática de impuestos. Tampoco es cierto que ese tipo de tráfico de drogas relativamente independiente que existía desemboque necesariamente en la violencia que estamos viendo hoy. El efecto perverso de la intervención federal en la lucha contra el narcotráfico es que los cárteles han echado raíces más locales, se han profesionalizado —funcionan cada vez más con nómina— y por supuesto se han vuelto más violentos. Nos equivocamos de enemigo: el problema de México no es la venta de drogas en Estados Unidos, sino la violencia. Combatirla requiere otro tipo de respuesta por parte del Estado.

Denise Maerker:
Más allá de si era inevitable o no la intervención del Estado en una zona que sí estaba perdida, como Michoacán y la Tierra Caliente, los únicos lugares que yo recuerde donde la violencia se había desatado en los términos planteados por Joaquín Villalobos, me pregunto por el objetivo que se planteó la intervención. ¿Fue para resolver un caso concreto o ya como una estrategia?

Alejandro Hope:
La participación de las fuerzas armadas en tareas de combate al narcotráfico no es nueva. Desde la Operación Cóndor en los años setenta, las fuerzas armadas han participado en acciones antinarcóticos. Hubo varios operativos conjuntos previos a este sexenio, que tuvieron características similares a los de 2007 y 2008. Hay que recordar esto porque ahora nos parece que en el pasado todo fue distinto. No estoy muy seguro si en 2007 la intervención federal parecía claramente distinta de las anteriores, tanto desde la lógica del gobierno como desde la lógica de los narcotraficantes.

Fernando Escalante:
Hay una cosa claramente distinta. A partir de 2008 comenzamos a ver prácticamente todos los días comunicados de la Secretaría de la Defensa que anuncian que el Ejército ha matado a ciudadanos mexicanos: siempre en enfrentamientos, siempre repeliendo la agresión, el Ejército anuncia que ha matado a 10, a 20, a 27 personas. Eso comienza de modo sistemático en 2008 y sí es nuevo. Son ya más de dos mil 300 ciudadanos mexicanos.

Héctor de Mauleón: Tenemos dos narrativas sobre la violencia. Una dice: el Estado intervino, el tráfico de drogas se dificultó, los cárteles entraron en guerra y eso trajo como consecuencia la violencia que estamos viendo. La segunda línea narrativa dice que el Estado intervino, pero intervino mal o precipitadamente, y eso desató lo que está pasando. Lo que esas líneas narrativas no nos explican es por qué la brutalidad creció cualitativamente desde 2007-2008. Se dice que los grandes cárteles se atomizaron y que desde entonces pequeños grupos rebeldes y sin control andan pegando en todas partes, lo que daría la idea de que se ha avanzado en algo: en desmembrar grandes organizaciones para dejar sueltas a otras más pequeñas. ¿Pero ésa es una narrativa del triunfo o del fracaso? Porque hasta ahora lo único claro es que la violencia dejó de ser esporádica para volverse sistemática y con niveles de brutalidad nunca antes vistos.

Eduardo Guerrero:
Me parece que la política de captura de los miembros de las organizaciones criminales termina por tener un impacto estructural en la operación de los cárteles: las expectativas de negociación de los mandos medios del cártel con los capos se modifican radicalmente (en términos del cumplimiento de los contratos informales entre ellos). Éste es un asunto clave, porque los contratos al interior de los cárteles son de carácter verbal e informal. Sólo garantiza su cumplimiento la reputación del líder con el que se pactó y su permanencia en el cargo. Cuando el líder es removido constantemente —ya sea porque es arrestado o abatido—, desaparecen los incentivos de los mandos medios para seguir colaborando en el cártel, y muchas células se independizan de la organización. Aquí es cuando entra el tema de la fragmentación de las organizaciones y la puesta en marcha de sus negocios locales: extorsión, narcomenudeo, secuestro. La detención sistemática —y al parecer aleatoria— de capos terminó por propiciar modificaciones estructurales en el funcionamiento de la organización que produjeron a su vez más violencia.

Guillermo Valdés: Detenciones de capos y decomisos ha habido desde los setenta, y en muchas ocasiones, no en todas, esas intervenciones gubernamentales generan episodios de violencia temporales, que duran semanas o eventualmente meses. Aquí estamos hablando de un conflicto del Cártel del Pacífico contra el Cártel de los Beltrán Leyva que empieza en 2008, a raíz de la detención de El Mochomo, producto de una delación de gente de El Chapo. Esa guerra lleva tres años y medio y ha producido cerca de nueve mil muertes. No es el fenómeno de la violencia episódica por el reacomodo dentro de un cártel. Estamos hablando de algo mucho más grave. ¿Por qué El Chapo Guzmán y los Beltrán Leyva se enfrascan en una guerra que lleva tres años y medio y que ha producido nueve mil muertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero? Porque están peleándose el control de tráfico de 50 o 60 toneladas de cocaína que les genera cientos de millones de dólares. Ahí hay un conflicto económico claramente establecido. En el caso del Golfo es otro modelo. Hay otra guerra entre el Golfo y Los Zetas, que también lleva muchísimas muertes, sin que hubiera detención de capo o decomiso. Ahí hay una variable muy importante: Los Zetas se han convertido en una organización nacional, a partir del sometimiento y el control de bandas de delincuentes locales que ya eran secuestradores, que ya eran extorsionadores, que ya eran roba coches. Y no es cierto que la extorsión y el secuestro empezaron en este sexenio. Ahora hubo una explosión de información sobre eso, y nos puede parece que acaba de empezar. Pero empezó muchísimo antes. En 1995-1997, por ejemplo, hubo una explosión de secuestros violentísima; después tuvimos otra en 2004, aquella de la marcha ciudadana gigantesca en la ciudad de México. El otro modelo de Los Zetas al que me refiero es que ellos están trabajando, por un lado, la exportación de droga y, por el otro, la extracción de rentas a la sociedad mediante extorsiones, robos y secuestros. Son fenómenos que ahí están, que tienen razones económicas y que son de una magnitud que rebasa a los errores o aciertos de la intervención gubernamental.

Eduardo Guerrero: México tenía que enfrentar un problema de narcotráfico extendido y poderoso, pero al hacerlo generó otro problema que no tenía antes, un problema de violencia creciente y dispersa. La violencia se ha vuelto el asunto más importante en materia de seguridad. Y esto plantea el tema de los costos: ¿cuánto estamos los mexicanos dispuestos a pagar como sociedad para someter al crimen organizado? En el empeño del gobierno de debilitar al crimen organizado no parece existir un buen cálculo sobre la estrategia y las capacidades necesarias para resolver el problema sin generar costos demasiado elevados. Hubo falta de previsión y de un diagnóstico completo y preciso. Y después el gobierno quedó atrapado en esta violencia incontrolable que adquiere hoy rasgos de epidemia en varios puntos del país. El gobierno defiende a capa y espada su estrategia, a pesar de sus resultados magros y sus costos exorbitantes. Si nos basamos en un buen grupo de indicadores de resultados, hoy México no parece estar mejor que cuando declaró la guerra, hace casi cinco años, a las organizaciones criminales.

Natalia Mendoza: Creo que es muy peligrosa la facilidad en que se habla indistintamente de lucha contra el narcotráfico y lucha contra los narcotraficantes: como si fuera lo mismo. El cuidado de no llamar esto una guerra contra “los criminales” no obedece solamente a un afán de corrección política, se trata de tener presente que las formas de violencia más espeluznantes en la historia de la humanidad son aquellas que van dirigidas a tipos de población, tipos de individuo —llámese “judío”, “burgués”, “tutsi”, etcétera—. Los peores tipos de violencia son los motivados por fantasías de “exterminio del mal”. A eso se parece el de La Familia cuando pone una manta: “Señor ciudadano Felipe Calderón, permítame que limpie el territorio de perros”. El gobierno no debe usar nada ni remotamente parecido: no debe usar de “los malos”, sino de ciudadanos que han infringido la ley y que deben ser juzgados por acciones concretas.
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Lo preocupante es que parte de la violencia que vemos hoy no parece ser estrictamente instrumental: no se trata solamente de hacer cumplir pactos o controlar territorios. Parece volverse cada vez más arbitraria, obedece a criterios más caprichosos con rasgos regionalistas: “Que fulanito puso música banda, seguro es de Sinaloa, ¿qué anda buscando aquí? Mátalo de una vez”. Haciendo trabajo de campo en Sonora noté que había tipos de homicidios que suscitaban una venganza y otros que no. En general la violencia instrumental, por ejemplo los castigos a “los traidores”, no son vengados. Pero el tipo de violencia dirigida a alguien no por lo que ha hecho sino por lo que es —“sinaloa”, “Z”, “malo”— es la que desencadena ciclos de venganza imparables. Por eso me parece peligroso que funcionarios del Estado y miembros de la sociedad civil empiecen a hablar en esos términos: eso significa imitar la lógica en que operan organizaciones criminales ahora. Lo que hace falta detener es, precisamente, el contagio de formas cada vez más arbitrarias de violencia que susciten cadenas de venganza.

Denise Maerker:
Te estás refiriendo al peligro de que el Estado diga: “Voy por…”.

Natalia Mendoza: Que diga: “Estoy combatiendo un tipo de población, un tipo de sujeto”. Me parece peligrosísimo porque ese tipo de argumento es, precisamente, bajo el que están funcionando, cada vez más, distintas organizaciones criminales.

Denise Maerker: Pero, ¿quién provoca que los asesinatos empiecen a ser por tipo de población? ¿El Estado o los grupos criminales?

Natalia Mendoza:
No sé quién empezó, pero hay una tendencia compartida por funcionarios, miembros de las organizaciones criminales y población civil a hablar en esos términos. El Estado debe combatir y juzgar tipos de actividad, acciones concretas, no eliminar tipos de individuo. Pensar que muertos “los narcos” se acabó el problema, es igual de absurdo que pensar que la solución es que se mueran todos “los drogadictos”.

Ana Laura Magaloni:
Retomo una idea de Villalobos con respecto a las estructuras criminales que amenazan la autoridad del Estado. Siempre hemos tenido un país en donde existen muchos mercados ilegales. Si vamos contra esas estructuras criminales, ¿qué es lo que se puede alcanzar ahí? ¿Verdaderamente podemos decir que va a haber un día en que no existan más esos mercados ilegales? Me parece una pregunta que exige un enorme pragmatismo, más cuando el Estado no tiene policías, no tiene procuradurías, no tiene tribunales y que existe una enorme descentralización del poder como para imponer una política desde el centro. ¿Qué es alcanzable dentro de ese contexto? ¿Cuál es una meta realista? Visto a retrospectiva, si algo que amenaza la autoridad del Estado es que los ciudadanos sean extorsionados, violentados. Eso sí va al corazón de la autoridad. Me parece que el primer objetivo, acabar a las bandas, no era realizable, pero el segundo, contener la violencia que afecta a la población, es de vital importancia para que el Estado tenga autoridad.

Joaquín Villalobos:
Tengo la impresión, que no sólo es mía, la comparto con amigos colombianos y de Centroamérica, de que hay rasgos peculiares en la forma como se enfoca el problema de la violencia en México. Lo normal en una situación de inseguridad es la demanda de eficiencia. La sociedad pide acabar con lo que genera el problema, es decir, con los criminales. En Colombia, por ejemplo, la demanda era, básicamente, acabar o controlar a los violentos. En el caso de México la demanda es acabar con la manifestación del problema: la violencia. Decir esto puede ser políticamente incorrecto pero hace falta decirlo para entender el fenómeno: la violencia es la manifestación del problema, no es el problema. El problema son las estructuras que generan la violencia, la existencia de maquinarias paralelas al Estado, de estructuras que le disputan el monopolio del poder coercitivo en determinados espacios. Este modo particular de enfocar el asunto conduce a que el debate se centre en tratar de averiguar quién generó la violencia, y en esto se descubre algo que pareciera una resistencia a asumir los costos de lo que yo llamaría la crisis estructural de las instituciones de seguridad y justicia. El problema central que enfrenta México hoy en día es la debilidad institucional en un contexto de crisis de seguridad. En la década de los noventa cambió la ruta de la cocaína, México se convirtió en el paso para toda la cocaína que viajaba de Colombia hacia Estados Unidos, y este cambio lo sorprendió con una debilidad institucional grave, que había venido gestándose desde mucho antes. Hasta que se presentó la crisis no había incentivos para combatir a los grupos de narcotraficantes, no había incentivos para reevaluar todo el sistema de seguridad y justicia y hacer crecer a la Policía Federal, ni había incentivos para abordar el tema de las policías locales. Ni la clase política ni la sociedad veían esto como problema. Ahora hay una percepción de que el problema es la violencia y la búsqueda del culpable o responsable de la violencia, se vuelve un elemento dominante del análisis, en vez de tratar de explicar el problema de origen, la causa de la violencia. Como señalaba Guillermo Valdés, las estructuras que se formaron, la cantidad de gente que se armó, la cantidad de gente que está dispuesta a matar o morir, es un fenómeno complejo que no puede tener una explicación superficial y no depende de las acciones de este gobierno porque es resultado de un proceso que se ha dado a lo largo de muchos años. ¿Cómo es que tantos mexicanos se decidieron a matar? Buscando una respuesta a esta pregunta descubrí dos cosas sobre las que cambié de opinión con relación a este problema: una, creí que los mexicanos eran esencialmente pacíficos, pero hoy creo que no es así. No todas las sociedades se disponen a usar la violencia como ha ocurrido en México. Basta dar una mirada geográfica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, son todos países de la ruta de la cocaína. ¿Pero dónde se genera violencia? En Colombia, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, pero no en Panamá, que está al lado de Colombia, ni en Costa Rica, ni en Nicaragua, que son partes fundamentales de la ruta.

Lo que ocurre es que, resultado de sus procesos históricos, existen culturas que tienen una naturaleza más violenta que otras. El segundo cambio en mi percepción sobre el fenómeno de la inseguridad en México se refiere a que yo creía que México tenía un Estado fuerte, pero hoy percibo que tiene un Estado grande, pero no un Estado fuerte; es decir, que tiene posibilidades de controlar el problema, pero debe fortalecer sus instituciones, tanto federales como locales, para poder lograrlo. Entender que el corazón del problema está en la debilidad de las instituciones resulta fundamental para encontrar soluciones de largo plazo. De otra manera se corre el riesgo de caer en lo que mi amigo Jorge Castañeda ha llamado la tendencia cultural de los mexicanos a la “evasión al conflicto”, a esto en Colombia lo llamaron “la cultura del atajo”, que es la búsqueda de salidas que eviten enfrentar el problema. Los “atajos” que están presentes en el debate mexicano sobre el fenómeno del crimen organizado son: 1. Buscar la forma de convivir con estructuras potentes de crimen organizado; 2. Una variante del anterior: establecer una tregua o negociación; 3. No capturar capos ni quitarles grandes cargamentos de droga creyendo que con esto se evita la violencia; 4. Legalizar las drogas, aunque eso no esté en manos de México. La legalización de las drogas es un tema del primer mundo y no resuelve el problema de las estructuras criminales ni la debilidad de las instituciones; 5. Se plantea priorizar la prevención, como si se pudiese prevenir lo que ya está ocurriendo; 6. Se sugiere utilizar modelos de seguridad de primer mundo, pero es esto precisamente lo que no puede alcanzarse por la debilidad del Estado mexicano.

Denise Maerker:
Me parece interesante la observación de que hablamos normalmente de la violencia y no de los criminales. Esto pone sobre la mesa la idea de que somos una sociedad acostumbrada históricamente a convivir con la ilegalidad, con una serie de situaciones límite, para la cual lo intolerable no es la ilegalidad, sino la violencia. Quisiera recordar que hay un momento insoportable en Michoacán, en 2006, cuando el Estado descubre que ha perdido la soberanía y las instituciones. En varios municipios se había recrudecido la imposibilidad de que el Estado ejerciera el monopolio de la violencia y funcionaran sus instituciones. Es decir, nuestra convivencia con la ilegalidad sí tuvo un punto de quiebre en Michoacán en 2006. Ahí dejó de ser viable convivir con la criminalidad, dejar que sigan su camino, siempre y cuando no se metan con la soberanía ni con la vida cotidiana. Eso sí era nuevo, aunque ahora ya ha ocurrido en todas partes

Alejandro Hope: Hay dos agendas que no hemos alcanzado a distinguir con precisión. Una es la reducción de los delitos violentos. Otra, reducir la influencia política, el peso económico y la capacidad de control territorial de organizaciones criminales. En el primer caso, creo que sí hay un rezago terrible. En términos de delitos violentos estamos notoriamente peor de lo que estábamos en 2006. Pero disiento de Eduardo Guerrero en suponer que no se ha afectado a las organizaciones criminales. Hoy no hay una sola organización criminal que tenga más recursos, más poder político o más capacidad militar de lo que tenía en 2006. Los cárteles de Tijuana y Juárez son una sombra de lo que fueron en los noventa. El Cártel del Pacífico perdió los brazos de Beltrán Leyva y de Nacho Coronel. El Cártel del Golfo se partió en dos. La Familia Michoacana para todo efecto práctico, ya no existe como tal. De la organización Beltrán Leyva queda un cascarón. En México no hay un “escenario Pablo Escobar”: no hay una organización que pueda retar frontalmente al Estado.
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Eduardo Guerrero: Sin negar el logro del Estado de dividir a algunos de los cárteles, yo mido la influencia o el poder de una organización criminal en términos del daño que causa. Para mí no importa tanto si es grande o es chica, sino su capacidad para cometer los delitos que más duelen a la sociedad. Podremos tenerlas divididas, pero con estos índices de homicidio, de extorsión, de secuestro, siguen infligiendo un enorme daño. Por otra parte, no creo que al iniciarse la guerra contra el narco hubiera un “escenario Pablo Escobar” en México, es decir, un escenario en que un gran cártel desafiara abierta y frontalmente la autoridad del Estado. Éste es un argumento que he escuchado a menudo para justificar la guerra, pero me parece un argumento falaz, con poco fundamento, que apela al miedo. En años recientes, México no enfrentó un escenario “a la Colombia” en el que estuviera, por ejemplo, amenazada la vida de un candidato presidencial o de un procurador general de la República.

Fernando Escalante: Voy a tratar de recuperar algo de la estructura de la conversación. Decía Héctor de Mauleón que el problema de interpretación consiste en que hay dos relatos. Mi impresión es que no se refieren exactamente a lo mismo, no son dos versiones del mismo asunto. De un lado está el relato del crimen organizado, cualquier cosa que esto sea. Y mi impresión es que decimos crimen organizado y ocultamos la realidad social que hay debajo: agricultores de Batopilas, pandillas de Juárez y transportistas de Matamoros, que no son lo mismo. Como quiera, ése es un primer relato, el relato del crimen organizado que cuenta, dice Guillermo Valdés, cuarenta y tantas mil víctimas en los últimos años. En el otro relato, en cambio, hay alrededor de 75 mil víctimas hasta ahora, porque se trata del fenómeno de violencia que hay en el país. No sabemos si son muertes del crimen organizado o desorganizado, o de qué. Ese fenómeno general de violencia sólo puede explicarse recurriendo a factores estructurales. Como señala Natalia Mendoza, cuando se cierra una frontera se pasa del contrabando hormiga al contrabando organizado, al contrabando de doble embudo, y eso organiza los tráficos y produce violencia. Pasó en nuestra frontera con Estados Unidos en el 93 y está pasando ahora con el Ejército. Visto así, no son los pleitos entre contrabandistas de drogas, sino factores estructurales los que explican por qué una política tiene unas consecuencias y no otras. Quiero recuperar el tema de la delincuencia empezando por poner en duda eso de que en México estemos particularmente acostumbrados a la ilegalidad. Mi impresión es que en México la inmensa mayoría de la gente cumple la mayoría de las leyes la mayor parte del tiempo, como en todo el mundo. En México hay tráfico, contrabando y venta de drogas, y no nos parece que sea tan grave, ¿significa que toleramos la ilegalidad? Bueno, en Estados Unidos circula y se consume más droga, lo mismo que en Francia, en Holanda, en España: ¿es que están acostumbrados a la ilegalidad? Hay en México una extensa economía informal, ¿quiere decir que estamos acostumbrados a la ilegalidad? En Estados Unidos hay unos 25 millones de trabajadores indocumentados, en Europa hay millones de turcos, argelinos y marroquíes trabajando sin permiso: ¿es que están acostumbrados a la ilegalidad? Pues sí, claro que sí: igual que nosotros. Mejor dejemos de pensar que somos algo especial porque toleramos la ilegalidad: somos tan legales o ilegales como los gringos o los franceses. Por otra parte, creo que sí es grave la idea de que “el factor generador del problema son los criminales”. Porque los criminales no lo son esencialmente. Un individuo que vive de trabajar en su rancho y que un día cruza la frontera con una mochila de “mota” ¿se convierte en “el criminal”? ¿Por qué no es sencillamente un agricultor que dio un mal paso? Cuando convertimos a un grupo social en “los criminales” y resulta que ellos son “el problema”, los colocamos fuera de la sociedad, y cabe entonces llamarlos, como los ha llamado el presidente, “cucarachas”. Es grave: nos estamos acostumbrando al lenguaje del exterminio. Cuando tenemos, por ejemplo, a un teniente del Ejército en un retén que dispara y mata a una familia, y para explicarlo dice que disparó “por inercia”, y no se obliga a dimitir al secretario de la Defensa, estamos en un mundo muy extraño. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado más de 100 casos en los cuales el Ejército ha disparado en contra de civiles absolutamente inocentes, y no dimite el secretario de la Defensa. Estamos acostumbrándonos a algo muy raro cuando hay editorialistas en la prensa nacional, en periódicos de circulación nacional, que piden escuadrones de la muerte, que piden que se ejecute directamente a “los criminales” y eso se aplaude. Algo muy grave nos ha pasado.

Héctor de Mauleón:
Escalante se refirió al holocausto y al lenguaje del exterminio, que es el lenguaje del mal. No es extraño, porque en México la violencia está pasando del territorio del crimen, del simple delito, a una zona que se encuentra cada vez más lejos del delito y cada vez más cerca del mal. No nos hemos acercado a mirar desde esa perspectiva la violencia que afloró después de 2007. Otra cosa importante que ha quedado de lado es que en el relato de la violencia nos seguimos estrellando contra el muro de las cifras. El relato disponible suele quedarse en el conteo diario de los muertos. Pero no sabemos nada o casi nada de ellos. Guillermo Valdés habla de nueve mil bajas, producto de las guerras del Cártel del Pacífico. Escalante habla de dos mil ciudadanos muertos por el Ejército, según los boletines de la Sedena. El problema es que aún no sabemos quiénes eran, a qué tipo de población pertenecían. ¿Qué clase de mexicanos son los que mueren en esta guerra?

Denise Maerker:
Iba en otro orden, pero retomo este asunto de los muertos porque uno de los temas que queremos tratar es quién mata y quiénes son los muertos. A partir de los textos de muchos de ustedes, la identidad de los muertos, no el número, ha adquirido una enorme importancia que culmina en la movilización creciente de los familiares de las víctimas. Joaquín Villalobos ha sido claro al decir: “En una guerra hay muertos, no sean ingenuos”. Pero la identidad, el nombre, la historia detrás de cada uno de esos muertos se ha vuelto una exigencia. La explicación de que cada muerto es un delincuente menos se ha debilitado en la opinión pública conforme vamos conociendo sus historias. La pregunta es clara: ¿quién mata y quiénes son los muertos?

Guillermo Valdés:
En la tipología de los asesinatos, el gobierno clasifica tres tipos. Las ejecuciones, que son asesinatos cometidos con un patrón muy claro: hay un ataque premeditado contra uno o varios integrantes de una organización criminal por parte de otra; los “levantan”, los secuestran, los llevan a una casa de seguridad, los torturan, los matan, les dan el tiro de gracia, y tiempo después hacen públicos los cadáveres. El 85% o el 88% de los cuarenta y tantos mil muertos corresponden a ese patrón. Una segunda categoría son los muertos en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y hombres armados, organizados o desorganizados, presuntamente delincuentes. Un 10% de las muertes ocurre en esta clase de sucesos. Y hay una tercera categoría, que son las agresiones de presuntos delincuentes contra autoridades o contra civiles inocentes. Ahí estamos hablando del 2% de las muertes, más o menos. Se está haciendo una reclasificación de algunos casos de ataques directos a civiles, como las narcofosas de San Fernando, el incendio del Casino Royale en Monterrey o el granadazo en Morelia.

Denise Maerker:
Hay también los mal identificados, que son muchos.

Guillermo Valdés:
Hay muchos muertos no identificados, sobre todo en el rubro de ejecuciones. Por ejemplo, hay cerca de 900 cadáveres de los que no se tiene el sexo. ¿Por qué? Porque están calcinados o mutilados en exceso, o porque son cadáveres en descomposición de muchísimo tiempo.

Héctor de Mauleón: ¿Esa clasificación permite saber cuáles son los cárteles que han acumulado más muertos? ¿Cuál es la organización que se está imponiendo sobre las otras? Joaquín Villalobos afirma que, en una guerra, uno de los métodos que permite saber quién va ganando es definir quién tiene más muertos. ¿Los muertos son una medición válida de cómo vamos?

Guillermo Valdés:
Mira: el Cártel del Pacífico tiene cuatro guerras que explican la mitad de los muertos en conjunto. Tiene una guerra con el Cártel de Juárez, que produjo hasta la fecha 12 mil; tiene otra con los Beltrán Leyva, nueve mil; tuvo la guerra contra Tijuana, que fueron dos mil 500 o tres mil; y luego tiene una cuarta guerra por contener la invasión de Los Zetas en La Laguna. Entonces tú tienes la mitad de las cuarenta y tantas mil muertes explicadas por cuatro conflictos del Cártel del Pacífico. La única lógica que le veo a que el Pacífico se meta en un combate de este tamaño y de esta duración es el control de un negocio que le da un porcentaje significativo de un ingreso que, para el total de exportaciones de drogas a Estados Unidos, hemos estimado en cinco mil 500 millones de dólares.

Ana Laura Magaloni:
Me parece importante explicar por qué se empezaron a matar. Pero creo también que en toda esta narrativa de cárteles contra cárteles desaparece por completo el ciudadano y el impacto que esto ha tenido en su vida. Lo que más me impresiona de las narrativas que oyes de las víctimas es la ausencia completa del Estado. Cuando se han desplegado las fuerzas federales con el objetivo de recuperar la autoridad del Estado, nadie tiene una ventana a la que ir a tocar y pedir ayuda. Es extraordinariamente paradójico que lo que estábamos peleando era la autoridad del Estado y que la autoridad del Estado, para el ciudadano en donde existen operativos conjuntos, se haya reducido a cero. Parecería ser entonces que ellos se están peleando y a nosotros no nos queda nada más que esperar y ver. ¿Qué pasa con la autoridad del Estado en la vida ordinaria de los ciudadanos?

Joaquín Villalobos:
En relación al problema de los costos hay un punto fundamental, que es el tema del tiempo. El tiempo, juzgado en términos de este gobierno y con la dimensión que tiene del problema, el tiempo transcurrido es todavía un tiempo corto. Hay que considerar que esto va tomar más tiempo y que no hay modo de salir más rápido. La disminución de la violencia no está necesariamente asociada al tema de la victoria en el sentido clásico. ¿En qué momento el Estado logra ser hegemónico en el control del territorio? ¿En qué momento recupera su condición de autoridad, aun sabiendo que van a quedar estructuras criminales las cuales, aunque no dominantes, seguirán compitiendo con la autoridad? Este proceso es uno de los elementos más importantes. La presencia territorial del Estado y la disminución de la violencia son directamente proporcionales. Así pasó en Brasil con las favelas: apenas han llegado unidades de la Policía Pacificadora a reconquistar las zonas olvidadas durante años y comenzó a mejorar la seguridad. En Colombia el ejército y la policía se han convertido en los más grandes de América Latina: 440 mil y 160 mil efectivos, respectivamente. Ese crecimiento se dio porque llegaron a la conclusión de que si no ocupaban el territorio de forma permanente no se iba a resolver nunca el problema de los poderes armados paralelos y de una población con una cultura de ilegalidad. El crecimiento de la fuerza militar y policial produjo una mejora inmediata en la seguridad. Por eso me preocupa que la discusión en México algunos la centren en cómo organizamos a los criminales para que sean menos violentos y no cómo organizamos al Estado para que sea un factor de inhibición de la violencia. En Colombia uno de los giros fundamentales fue convencer a los militares de que los derechos humanos no son una carga ética que se les impone: son parte de la eficacia operacional. Cuando se les hizo entender que si respetaban estos derechos tendrían mejores resultados porque no convertían en enemiga a la población, comenzaron a bajar las violaciones a los derechos humanos.
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Fernando Escalante: Quisiera hablar de nuevo sobre lo que podríamos considerar criterios de éxito. El número de muertos no me sirve, porque no dice nada inteligible. La “recuperación del territorio” tampoco, porque no está claro qué territorio se había perdido, ni cómo se haya recuperado. Sí me parece claro, en cambio, que hemos perdido o estamos perdiendo una guerra cultural importantísima, en la medida en que es posible llamar cucarachas a una parte de la sociedad, y pensar y decir que “los criminales” no son seres humanos. Pero vuelvo al problema de la evaluación, a lo que cuenta como criterio de éxito. En el relato dominante, los únicos actores —lo decía Ana Laura hace un instante— son los “narcos”: el relato dominante es la historia de lo que los narcos hacen o quieren hacer, y lo que dejan de hacer, y con eso quedan siempre fuera de foco las políticas del Estado, que influyen de manera decisiva para que suceda una cosa o la otra. Veamos: si esta fuese sólo una guerra económica por un mercado millonario, el mercado más grande está en el Distrito Federal, y tendríamos que tener aquí el frente de batalla; si eso no sucede, tendríamos que preguntarnos si no tiene algo que ver el hecho de que se adopten determinadas políticas. Preguntemos: ¿por qué en Yucatán no hay esa violencia, por qué en Oaxaca no, por qué en Chiapas tampoco? Hay que tomar con cuidado también la idea del “control del territorio”. En muchos lugares han existido siempre otros actores sociales que intervienen y condicionan la acción del Estado, y el resultado normalmente no es catastrófico. Para resumir, podríamos decir que es el orden de los caciques, que ha funcionado siempre. Lo que estamos viendo en una parte del país es que se ha roto, o se está rompiendo ese orden. Ya nadie controla, ya nadie manda. Acaso porque ya no hay, o ya no tienen poder esos a los que llamábamos “caciques”. Insisto: sujetos sociales que disputen la autoridad a los agentes del Estado han existido siempre en México, y acaso en todas partes. El que pone el orden local es el cacique. Bueno, a lo mejor hay lugares del país en que estamos viviendo la derrota final de los caciques. Y a lo mejor de eso se trata esta historia.

Alejandro Hope: Creo que el problema con la métrica es también un problema de lenguaje. Yo no sé cómo se “come” el control territorial. No sé cómo operacionalizar esa variable. Por qué no medimos, por ejemplo, el tamaño relativo de la economía ilegal. Tratemos de poner ciertos números y dejarnos de las fantasías que circulan sobre el tema. Tengo la intuición de que la economía ilegal en México hoy es considerablemente menor que la que había en 2006. Porque siendo, con mucho, el tráfico internacional de drogas la actividad ilegal más grande, hoy es, probablemente, más chica de lo que era. Del otro lado, hay una agenda específica de reducción del delito violento, que debe ser un objetivo en sí mismo, más allá de lo que suceda en el combate a organizaciones criminales. Si hay más homicidios vamos mal en esa agenda. Punto.

Denise Maerker: Creo que hay indicadores claros de cómo se come el control territorial. Yo lo diría así: ¿en dónde están cerrados los centros de salud?, ¿en dónde están cerradas las escuelas? Sabemos cómo se come el control territorial cuando sucede que hay lugares a los que ya no podemos ir. En este momento en la frontera de Guerrero y Michoacán, donde hay zonas enteras sin médicos. A esto yo le llamo perder el control territorial. Porque no ocurría antes, es completamente nuevo. El Estado no va, por ejemplo, a levantar el censo en algunos lugares y sabemos cuáles: se tuvo que levantar de manera aérea, porque el INEGI no podía ir. Hay lugares en donde no se puede ir a entregar Oportunidades.

Guillermo Valdés:
Regreso a mi explicación de la violencia y el factor de debilidad institucional local. Me parece realmente injusto decir “ya van cuatro años y la cosa está peor”. En Italia les tomó muchos años medio apaciguar a la mafia. En Colombia la violencia creció de manera sistemática de 1983 a 1993, y luego hubo un disparo hasta 2001. Les llevó seis años más, en total 28 años, alcanzar una tasa de 36 muertos por cada 100 mil habitantes. Nosotros estamos en 18, y que en cuatro años nos digan “es un fracaso porque no han acabado la violencia”, me parece realmente ingenuo.

Denise Maerker:
Pero, ¿cómo vamos?

Guillermo Valdés:
Vamos mal en violencia; pero es ingenuo pensar que en cuatro años puedes acabarla, no sólo en términos de homicidios, sino en la extracción de las rentas que afectan a la sociedad. Cuando estos señores entran en una guerra de esas magnitudes, por un negocio de ese tamaño, las autoridades locales, las policías municipales y estatales, fundamentalmente, o se retraen y se esconden, o se ponen del lado de ellos (algunas ya lo estaban). Y entonces se crea un ambiente cultural, un contexto, un estado de ánimo que permite que aflore todo lo que estaba acumulado ahí. Se generalizan el secuestro, el robo, la extorsión. Lo que México está viviendo es un problema que por lo menos tuvo 20 años de crecimiento, 20 años de fortalecimiento de la densidad organizacional del crimen, y de un Estado al que no le importaba que estas organizaciones fueran creciendo y se fueran apropiando de policías municipales, de presidencias municipales, de las carreteras. Lo que veo a partir de 2007 es que las condiciones que permitieron ese proceso se empezaron a revertir.

Denise Maerker:
¿Con qué indicadores?

Guillermo Valdés:
Uno fundamental es quién controla a las autoridades municipales. Ahora estamos en una lucha para ver si el Estado se queda con los municipios o se los quedan los criminales. Toda la violencia en torno al asesinato de policías y funcionarios municipales es la disputa que está haciendo el Estado para ver quién se queda con los municipios. En este momento puede no estar claro quién va ganando, pero la lucha ya está ahí y esos señores ya encontraron un límite de crecimiento y no tengo la menor duda de que el Estado recuperará para la sociedad a sus autoridades y policías municipales. La sociedad tiene en ese aspecto un papel fundamental: exigir autoridades del lado de ella, no del crimen organizado.

Fernando Escalante:
El problema no es que la violencia no se haya resuelto. El problema es la violencia que surgió a partir de 2008. Si entrar a ese pleito era inevitable, necesario, eso es otra cosa. Pero ese problema surgió de los operativos federales por recuperar lo que fuera.

Guillermo Valdés:
Eso es innegable. Pero no creo que haya sido por una política irresponsable del gobierno de entrarle a una guerra sin inteligencia, etcétera.

Ana Laura Magaloni:
A mí me parece que el termómetro del éxito de una política de seguridad es cómo se comporta el indicador violencia. ¿Qué tan efectivos somos para gestionar la conflictividad violenta, para evitar que existan conflictos violentos? Ése es el objetivo que se puede proponer el Estado. No pensar en cuántos delitos se denuncian.

Guillermo Valdés: Creo que vamos a poder disminuir la violencia asociada a la extracción de rentas, el secuestro, etcétera, cuando tengamos instituciones de seguridad y de justicia medianamente eficaces. Ahora tenemos un proceso de retraimiento, de parálisis de las instituciones locales de seguridad; lo estás viendo en Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y en Guerrero. Un objetivo fundamental es la eliminación de la violencia y de este tipo de inseguridad. Pero no podemos creer que esto se va a dar mágicamente si no reconstruimos las instituciones cuya tarea es hacer que la sociedad viva segura.

Fernando Escalante: Mi impresión es que buena parte de las confusiones conceptuales en que estamos obedecen a que los conceptos con los que nos movemos contribuyen sobre todo a tapar la realidad social que está detrás del problema. Y eso tiene que ver con una mirada federal. El problema del crimen organizado existe como tal para una lectura federal. Allá abajo, en los municipios, en cualquier lugar, se experimenta de una manera distinta. Hay una mirada federal que no solamente desconoce la infinita variedad de realidades municipales, sino que desprecia a las instituciones municipales; desprecia a los presidentes municipales que no saben leer y que están amarrados con el cacique local que planta “mota”. En esto, una de las claves de lectura para mí son los policías municipales. La policía municipal no servía para nada, porque no hacía nada, eso nos dicen. Pensemos un poco: en el orden aquel donde había caciques y contrabandistas los policías municipales no estaban pintados, participaban para organizar esos tráficos. Pregunta: ¿De verdad queremos, aparte de que fuese posible, tener una policía municipal impoluta, que no esté relacionada orgánicamente con la sociedad del municipio en el que está, esa sociedad donde se vende piratería, donde se venden falsificaciones, donde se trafica con drogas? ¿Queremos que la policía municipal esté separada y que se relacione con la población de su municipio solamente para repartir trancazos? ¿Ése es el tipo de acción del Estado que queremos en los municipios? Mi impresión es que necesitamos a los policías municipales para que organicen muchos tráficos locales. Y nuevamente, cuando convertimos a un policía municipal en corrupto, porque incurre en algún acto de corrupción, nos estamos olvidando de toda la enorme cantidad de cosas legales, ordenadas, decentes, queribles y deseables que hace ese policía en su municipio. Necesitamos seguramente a la Policía Federal, desarraigada, ubicada en el Distrito Federal, con capacidad de despliegue rápido, por supuesto que sí, para combatir el gran delito. Pero necesitamos también ese otro eslabón que es el policía municipal. Por otra parte, si desbandamos policías municipales por todo el territorio, como hemos hecho, si los ponemos en la calle y sustituimos esos pequeños controles locales por controles federales y se lo encargamos a un teniente del Ejército que va patrullar la carretera, que va a comandar un retén, ¿estamos seguros de que eso va ser más honesto, más eficiente? ¿Estamos seguros de que va a ser incorruptible? ¿Queremos que sea incorruptible?

Joaquín Villalobos:
Visto desde la óptica de desarrollo del Estado, este asunto impone a México la modernización del poder coercitivo y de su sistema judicial y debe asumir la responsabilidad de zonas que ha tenido olvidadas. Eso fue lo que le ocurrió a los colombianos. Tenían un régimen de convivencia con esmeralderos, con grupos paramilitares, con al menos cinco guerrillas y con decenas de cárteles que se fueron fragmentando. Esa convivencia les estalló en una violencia brutal de más 20 años, con dos guerras, una rural y una urbana, más de 400 mil muertos, varios millones de desplazados y la necesidad de iniciar un proceso de reconstrucción del Estado. En México hay gran disponibilidad de armas, hay zonas de difícil acceso y con pocos servicios, donde la economía legal es incapaz de competir con la economía criminal, la corrupción es un antivalor generalizado, hay instituciones de seguridad corruptas e ineficientes, hay pobreza y una disponibilidad cultural para la violencia; la pregunta es si nos olvidamos de todo eso o si lo asumimos como reto para construir un México moderno, distinto. Por otra parte, aunque la reducción de la violencia tomará un buen rato, hay evidencias de que se está avanzando. Las estructuras criminales han perdido poder para cooptar al Estado. Ahora hay una ventaja en inteligencia por parte del Estado. Antes los criminales sabían más; ahora quien sabe más es el gobierno y por eso se repiten con mayor frecuencia los golpes a los cárteles. Hay un crecimiento de la fuerza policial federal. Al inicio era una fuerza irrelevante, 12 mil hombres para 112 millones de habitantes y dos millones de kilómetros cuadrados. Prácticamente no había Policía Federal, y las policías locales estaban cooptadas. Ahora ha habido un proceso de calificación, y se ha creado la Plataforma México que no tiene comparación como centro de información en Latinoamérica.
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Hay evidencias que apuntan a una modernización que a futuro va a rendir resultados positivos. Finalmente, el tema de la seguridad, del crimen organizado, de la necesidad de tener autoridad en el territorio, de atender el problema de los jóvenes que se pueden ir a las estructuras criminales, ha entrado en la agenda política, y eso es fundamental. Aunque ahora se vea como negativo que el problema se traslade a los estados, a la larga forzará a los gobiernos locales a enfrentar la situación y resolverla, de otra manera no se iba a resolver nunca. Ahora bien, hay un dato importante que no ha sido suficientemente valorado: está bajando la rentabilidad de la ruta mexicana para la cocaína. México se está volviendo caro para los narcotraficantes y la ruta se está moviendo nuevamente al Caribe.

Alejandro Hope: Efectivamente, según algunas cifras de agencias estadunidenses, hay un incremento importante en los decomisos en Florida, que se triplican en un periodo de cuatro o cinco años. Lo paradójico es que no bajan mayormente los decomisos en la frontera México-Estados Unidos, y entonces no sabemos a ciencia cierta lo que está pasando con el trasiego de cocaína. Pero sí hay algunos indicios de que la ruta podría estarse moviendo hacia el Caribe. Tal vez el tema de fondo es que estamos en el principio del fin del narcotráfico tradicional en México. Hay varias razones para pensar esto. Uno: los estadunidenses previsiblemente van a legalizar la marihuana en algún punto de la próxima década. Dos: hay una tendencia de reducción del consumo de cocaína en Estados Unidos: se ha caído 25% el número de usuarios en los últimos cinco años. Tres: empieza a haber algunas indicaciones de que se podría estar reabriendo la ruta del Caribe. Eso podría significar una caída de 60% a 80% de los ingresos que tienen ahora los narcos mexicanos.

Denise Maerker: ¿En México se consume más droga?

Alejandro Hope: El último dato que tenemos es la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008. Los números siguen siendo relativamente bajos. El problema es menor al que se presenta prácticamente en cualquier país de la OCDE, pero el crecimiento sí es importante. Sin embargo, hay que considerar que las encuestas de adicciones tienen un problema no trivial. Se hacen en hogares y no capturan a los usuarios crónicos, a la población que está en situación de cárcel o en situación de calle. La mayor parte de los usuarios crónicos de drogas duras está probablemente en esas categorías. Lo crucial en esto es que el mercado al menudeo es mucho más violento que el tráfico a gran escala. Hay más transacciones, hay más participantes y es más visible. Cada consumidor adicional de cocaína produce hasta 96 transacciones más en un año. Su crecimiento, así sea desde niveles bajos, puede ser un importante generador de violencia.

Eduardo Guerrero:
De la base de narcomensajes que he levantado en periódicos, más o menos el 10% de las ejecuciones está vinculada con narcomenudeo. Esos muertos tienen que ver con este mercado emergente.


Fernando Escalante: Hay que entender también la dimensión territorial. Porque la crisis de violencia no es uniforme. Es muy importante subrayar que en algunos estados la tasa de homicidios se multiplica por ocho, por 10 o por 100, y en otros, como en el Distrito Federal, con el mayor mercado de drogas del país, los números se mantienen básicamente estables e incluso en el último año a la baja. Habría que explicar por qué.

Denise Maerker: La anomalía de la ciudad de México es digna de reflexión: un mercado extraordinario, donde se consume mucha droga, hay mucho narcomenudeo y el nivel de violencia está controlado. ¿De qué se trata?

Guillermo Valdés: Hay varios factores, pero menciono uno: en la ciudad de México hay 83 mil policías, 10 por cada mil habitantes. La ONU sugiere tres por cada mil habitantes. Yo creo que sí hay un efecto cuantitativo, y la voluntad del jefe de gobierno de decir “aquí no se me va a crear una ola de violencia”. Es raro que tú hagas un trayecto relativamente largo en la ciudad de México sin encontrar varias patrullas a cualquier hora del día. La cantidad de información y la capacidad de control que le da al jefe de gobierno este aparato policiaco puede neutralizar perfectamente al que llegue. La diferencia obvia es que en Monterrey pueden poner narcomantas frente al Palacio Municipal y en el Distrito Federal no, pues atraparían al que lo intentara. Es la densidad policial que neutraliza la densidad criminal.

Alejandro Hope: Mucho de lo que estamos viendo puede ser un accidente histórico. En el Distrito Federal habría que ser más preciso en el análisis, porque hay diferencias no menores entre Iztapalapa y Miguel Hidalgo, entre la colonia Guerrero y las Lomas de Chapultepec. Creo que hay una diferencia no sólo en términos cuantitativos respecto al número de policías, además de que todas las fuerzas federales están concentradas en la ciudad de México. A lo mejor hay también un aspecto cualitativo, porque mal que bien estas policías sí disponen de mayores capacidades que sus pares en otras partes del país, tienen cámaras de vigilancia, tienen más recursos, más presupuesto. Y a lo mejor en la ciudad de México se aplica la definición clásica de delincuencia organizada de Thomas Shelling, según el cual delincuencia organizada es el “cobrador de rentas de la policía”.

Fernando Escalante: Puede ser que en la ciudad de México haya un sistema de administración de mercados ilegales más o menos funcional. Pero hay otras “anomalías”: Oaxaca o Chiapas, por ejemplo. En Oaxaca llevan 20 años disminuyendo los homicidios, y la tendencia continúa. En Chiapas hay toda clase de tráficos, es un paso de frontera, con migrantes y droga y pandillas, y no se ha producido una epidemia de violencia. ¿Por qué? Mi impresión es que, más que a una baja “densidad criminal”, para usar la expresión de Guillermo Valdés, esto se debe tal vez a lo que se podría llamar la densidad social. En particular, la densidad de vínculos sociales tradicionales. Para decirlo en términos muy gráficos, aunque sea inexacto, podría ser que se debiera a que en esos lugares aún no han sido derrotados los caciques, que todavía están en condiciones de ordenar los espacios locales. Cosa que ya no sucede en Sinaloa, en Michoacán.
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Denise Maerker: La pregunta es si podemos pasar del control de los caciques a un control democrático, a una sociedad de ciudadanos y no de caciques. ¿Dónde está la posibilidad de un Estado con ciudadanos? ¿Sería una crisis cultural? ¿Será que podemos?

Ana Laura Magaloni: De lo que conozco del Distrito Federal, la Policía Judicial administra una buena parte de los mercados ilegales, como el secuestro, el robo de coches. ¿Por qué todavía se mantienen acotados esos mercados ilegales? Mi hipótesis es que, por un lado, no se ha depurado la Policía Judicial y, por el otro, Marcelo Ebrard sí tiene algún tipo de control sobre sus policías. Sabe lo que hace cada quien. Es una forma de gestionar el conflicto violento más del viejo régimen que de uno democrático pero, asombrosamente, todavía funciona.

Eduardo Guerrero:
En términos de estructura de mercados ilegales, la violencia que se registra en éstos es menor cuando nos encontramos con una estructura monopólica o con un cúmulo de organizaciones más o menos del mismo tamaño que compiten intensamente. Son los mercados ilegales oligopólicos los que registran altos niveles de violencia. El Distrito Federal parece ser mercado ilegal de alta competencia, por la gran cantidad de pequeñas mafias que existen. No hay una mafia claramente dominante que busque absorber a las demás. Por otra parte, coincido con la tesis de Guillermo: el que haya tal cantidad de policías en el Distrito Federal tiene un efecto disuasivo. Con este nivel de presencia policial las grandes células criminales serían altamente detectables y podrían ser rápidamente incapacitadas.

Joaquín Villalobos: En términos generales la seguridad tiene dos pilares: el control social y la presencia policial. Estos dos elementos son los que van a definir si una sociedad va tener una mayor o una menor proclividad al delito. En el Distrito Federal hay niveles de control social de todo tipo: de los trabajadores, de los comerciantes, de la presencia de los medios de opinión pública, de la presencia de la gente y la ocupación del espacio público en sus colonias. Hay maneras de reaccionar, de denunciar, de actuar, de fiscalizar; las marchas por la seguridad, ocurridas durante el gobierno de López Obrador, hablan también del control social: de una sociedad demandante de seguridad que exige el aislamiento de las estructuras criminales. Todo ello genera condiciones para que no exista una densidad criminal como la que hay en el norte, a pesar de que haya mercados de consumidores. Oaxaca tiene otro tipo de violencia, pero se trata de un estado muy rebelde, con población activa, organizada, que tiene formas de control que impiden la formación de estructuras criminales potentes. En el caso de los estados del norte, en cambio, esos equilibrios de presencia y participación social están rotos. Cuando está inhibida la sociedad, la coerción tiene que estar en primer orden para que la sociedad se active.

Guillermo Valdés: Un apunte sobre el tema de los derechos humanos: en la CNDH hay alrededor de 150 denuncias por homicidio, y otras más por cateos y acciones de legalidad dudosa. A pesar de estos errores, yo sí defiendo que no hay una política de violación de los derechos humanos, ni mucho menos de exterminio o de señalización de grupos o ciertas personas. Si tomas en cuenta que hay 30 mil soldados emprendiendo acciones contra el narcotráfico todos los días, y multiplicas eso por los mil 600 días que lleva el sexenio, si cada unidad hace una acción al día, entre retenes, patrullajes, etcétera, lo que tienes es un millón 600 mil acciones del Ejército en las calles. La cantidad de denuncias documentadas que existen en la CNDH es realmente un porcentaje ínfimo. Creo que hay una política general de respeto. No quiere decir que no haya errores de comunicación, que no haya errores en el manejo de casos emblemáticos. Pero las instituciones son unas, con ciertas características, y con éstas se tuvo que hacer la lucha. Nos hubieran gustado instituciones absolutamente limpias, sin asomo de penetración. Pero la lucha contra el crimen organizado es terriblemente compleja. El Ejército está preparado para ser Ejército, no para ser policía, y capacitar soldados para que actúen como policías lleva tiempo.

Denise Maerker: Villalobos dice que costó mucho trabajo hacer entender al Ejército colombiano que matando criminales no avanzaban. Por los datos que tiene Fernando Escalante tengo la impresión de que, dada la limitación y la fragilidad del sistema de justicia de nuestro país, de la incapacidad para procesar a los detenidos, hay un incentivo perverso para matar a los criminales en lugar de detenerlos.

Ana Laura Magaloni: Me parece que la revisión sobre lo que ha pasado en derechos humanos va ser una revisión del siguiente sexenio. Esa revisión va a ser muy dura. Aún no dimensionamos el tamaño del abuso y la arbitrariedad. Por la forma en que se ha estructurado la estrategia contra el crimen, hay muchos policías y militares en las calles, sin ningún contrapeso legal. Los contrapesos los deberían ejercer ministerios públicos y jueces. La policía se porta bien en cualquier parte del mundo porque tiene contrapesos legales que evitan que se porte mal. La única forma de mantener una policía ordenada no es sólo con disciplina interna, sino con los frenos que le impone un sistema de procuración e impartición de justicia que funciona. Como todos sabemos, nuestro sistema de justicia está colapsado. Los policías y militares que están desplegados en las zonas de más violencia viven en la adrenalina y el peligro, lo que genera un contexto perfecto para el abuso y la arbitrariedad. Creo que fue un error de la estrategia no haber intentado al menos apuntalar la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia y centrarse sólo en el ejercicio del poder coactivo. Una estrategia así genera un contexto perfecto para abusos y agresiones por parte de la autoridad hacia los ciudadanos. La revisión de esas historias concretas me parece que está pendiente.

Guillermo Valdés: Es cierto que han habido abusos, pero no han sido sistemáticos ni generalizados. Ya el presidente anunció la creación de la Procuraduría Social de las Víctimas, para abordar lo que decía De Mauleón hace un rato: ¿de los cuarenta y tantos mil muertos dónde están los nombres, bajo qué condiciones murieron, quiénes fueron, etcétera? Ahí está la voluntad de decir: hay que entrarle al tema de las víctimas. No se está escondiendo nada.

Fernando Escalante:
Con independencia de los errores o abusos del Ejército, lo que yo me pregunto es ¿por qué entró a esto el Ejército? Es decir, ¿qué es lo que sí puede hacer el Ejército que no podía hacer nadie más? El relato dominante es que el Ejército es honrado y las policías corruptas. El que esté dispuesto a pensar así, ya tiene su respuesta. Yo no. ¿Por qué pensamos que es preferible que el Ejército sea el que esté organizando el contrabando de drogas? Porque lo que hemos decidido es que el Ejército sea el que se haga cargo de ordenar el tráfico. No sé si es la decisión correcta. Me preocupa porque hay la tentación no sólo de prolongar la presencia del Ejército, sino de ampliar sus facultades y atribuciones de manera considerable. La iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que está en este momento detenida en la Cámara es un verdadero disparate: se quiere que el Ejército pueda asumir las facultades de todas las policías del país, incluso las del Ministerio Público. Darle todas esas facultades y sustituir a todos los cuerpos de policía por una gigantesca policía militar de 400 mil efectivos es un absurdo, pero se está planteando. Eso no es modernizar en ningún sentido razonable al Estado mexicano.

Eduardo Guerrero: Quiero poner rápidamente unos datos en la mesa que pueden ser interesantes para la discusión. Primero, el asunto de la violencia del narcomenudeo. Aunque genera aproximadamente el 10% de las ejecuciones a nivel nacional, en algunas ciudades como, por ejemplo, Campeche, el total de ejecutados está relacionado con el narcomenudeo. En Aguascalientes es el 61%. En Yucatán el 53%, en Quintana Roo 32%, en el Distrito Federal el 30%. En todas estas plazas el narcomenudeo es uno de los motores más importantes de la violencia. Un segundo punto: ¿qué epidemias de violencia aparecen en este sexenio y no parecen tener fin? Yo tengo registradas 10. La de Chihuahua, con una duración, hasta hoy, de 38 meses y un promedio mensual de 39 ejecutados. La de Juárez, que lleva 37 meses, con un promedio de 181 ejecutados mensuales. La de Culiacán, que lleva 33 meses, con un promedio mensual de 45 ejecuciones. Mazatlán, 30 meses, y promedio mensual de 17 ejecutados. Tijuana, 29 meses, 42 ejecuciones mensuales en promedio. Gómez Palacio, 29 meses, con un promedio de ejecuciones mensuales de 20. Monterrey, 12 meses, con un promedio de 50 ejecuciones mensuales. Torreón, 20 meses, con un promedio mensual de 25 ejecuciones; Acapulco, tres meses, con un promedio de 75 ejecuciones mensuales. Y Guadalajara, 10 meses, con un promedio mensual de 39 ejecuciones. Éstas son epidemias de violencia que se desataron en los primeros cuatro años de este gobierno, y que aún no han sido apaciguadas, es decir, sus grados de violencia (ejecuciones) aún no descienden a los niveles que se registraban antes del inicio de la epidemia. En varias ocasiones la causa inmediata de una epidemia de violencia ha sido el arresto o abatimiento de un capo.

Natalia Mendoza: Una precisión: no me gustaría que se quedara la idea de que mi argumento es que hay una política de exterminio. Lo que hay es una tendencia, compartida por muchos actores, a que se haga uso de un discurso de exterminio. El riesgo que señalo es que eso tiende a generar los tipos de violencia más difíciles de detener. El Estado no debe ver la violencia entre los cárteles como una manera de que “los criminales se acaben entre ellos”, sino como una oportunidad para probar que tiene algo cualitativamente distinto que ofrecerle a la población: procuración de justicia. Cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Altar llegó un día una señora con una lista de firmas que había recolectado en las zonas más problemáticas del pueblo. La petición era que se pusiera un Ministerio Público en Altar. Le pregunté: “Oiga, señora ¿y por qué están ustedes tan interesados en que haya un Ministerio Público aquí? Y me contestó: “Porque mi esposo es narco, mis hijos son narcos y mis hermanos son narcos. Nos mataron a uno hace poco y casi se me echó a perder el cuerpo allí tirado, porque no llegaba el Ministerio Público de Caborca (la ciudad vecina)”. Es verdad: intervenir, investigar y aclarar los casos de la violencia entre narcos es la oportunidad del Estado de probar que hay algo que lo hace sustancialmente distinto a las organizaciones criminales. Investigar y castigar la violencia “entre narcos” le permite atraerse la lealtad de la población sin la cual es imposible plantearse un combate exitoso de las organizaciones criminales. La procuración de justicia es una demanda incluso de las familias de narcotraficantes que, por cierto, tienen el mismo derecho que cualquier otra a saber cómo murió su padre o su hermano. De lo que se trata es de incorporar a esas familias a la legalidad: ofrecerles protección a cambio de testimonios, idear mecanismos de entrega segura de las armas que se quedan en las casas, ayudarles a reinvertir herencias y ahorros en negocios legales etcétera. Hasta ahora la estrategia parece haber sido la contraria: hacerles ver que sólo “el cártel” les puede hacer justicia, estigmatizarlos y dejarlos como carne de cañón de esta guerra.

Alejandro Hope: Regresando al porqué de la intervención de las fuerzas armadas, parte del relato tradicional tiene que ver con la corrupción relativa frente a las policías, pero también parte del relato es que están mucho mejor armados los narcos que las policías municipales. Y toda persona que hay visto una Barret, una granada de fragmentación de las que arroja esa gente, entiende parte del argumento. Hay material de calibre militar del otro lado. La discusión de fondo es ¿para qué queremos exactamente a las fuerzas armadas en un país como México? ¿Debe seguir el Ejército erradicando cultivos ilícitos, a pesar de ser una tarea inútil para impedir el flujo de drogas y de conllevar riesgos de abuso a los derechos humanos? Yo creo que hay un problema doctrinal ahí que no se ha resuelto. ¿A dónde debe llegar la discusión? Probablemente a una reforma jurídica que fusione las dos secretarías militares, cree un Estado Mayor conjunto y ponga un staff civil a cargo de la organización militar. Pero ésa es una reforma para el futuro.
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Ana Laura Magaloni: A mí me parece que fue una elección de Felipe Calderón no entrarle al tema de la reforma a la Procuraduría de Justicia. Hoy los ministerios públicos pueden funcionar con muy bajos niveles de profesionalismo y hay jueces bastante sumisos que avalan su trabajo. Fue una decisión presidencial seguir operando con este aparato de procuración e impartición de justicia colapsado y no entrarle a la necesidad de reformarlo. La institución del Ejecutivo que mejor puede construir la autoridad del Estado es la Procuraduría no la policía: cuando el Ministerio Público habla, habla de la razón, de las pruebas, de la ley. No está hablando desde la imposición y la coacción como lo hace la policía y las fuerzas armadas. El no pensar que la estrategia anticrimen se tenía que canalizar a través de un aparato de procuración e impartición de justicia creíble, ha dejado en un tremendo nivel de fragilidad al Estado. Ésa fue una decisión de Felipe Calderón, quien hasta ahora piensa que a los criminales se les vence con poder coactivo, con la amenaza del poder coactivo, no con la amenaza de la ley.

Fernando Escalante: Me parece importantísimo lo que dice Ana Laura. No es casualidad que no se invierta en profesionalizar a los ministerios públicos. Hay una decisión que indica una manera de entender el problema. Es revelador, y preocupante, que todo el mundo termine hablando como agente del Ministerio Público hablando del capo, del cártel, de la plaza. El presidente mismo tiene un lenguaje de jefe operativo de la Policía Federal.

Deberíamos estar en otro registro. El problema no es sólo la droga y no son sólo los narcos. Hay un problema de violencia muy extendido, hay una forma de mirar al Estado, y de entenderlo, que está produciendo mucha violencia. No estamos inventando nada, ni es una situación inédita. Ya sabemos qué consecuencias tienen algunas políticas. Por ejemplo, el cierre de una frontera produce violencia, porque concentra los tráficos; una alternativa sería: abramos la frontera. Otro ejemplo: sabemos qué pasó en la Cuenca del Balsas, en Aguililla, en las zonas que Denise dice que ya perdimos; la Cuenca del Balsas se ocupó militarmente por el Estado mexicano entre 1956 y 1963, y tenemos esa historia detrás. Sabemos lo que provocó: lo que ahora vemos. Tenemos que aprender de lo sucedido.

Joaquín Villalobos: Una acotación sobre el tema de la inteligencia. Existe la creencia de que inteligencia es la infiltración de unos superespías que logran colarse por todos lados. Pero si no hay dominio social no hay inteligencia, es así de simple, el otro va a saber más que nosotros. Las grandes operaciones de penetración se logran cuando se tiene el control del territorio y la población. Otra posibilidad del trabajo de inteligencia son las capturas. Te dejan saber más y, por lo tanto, pegar más. Pero lo principal es el apoyo de la gente. En los espacios dominados por grupos criminales no es posible hacer trabajo de inteligencia mientras no se tenga una parte de la población del lado del Estado. Y esto nos lleva al tema de derechos humanos, porque éstos tienen relación directa con el ciclo de información. Cuando se afecta al núcleo de población que está en el entorno de los criminales se cierra la posibilidad de obtener información. Por eso es que es vital la buena conducta de policías y militares. Además, si la fuerza del Estado se comporta de la misma manera que los criminales, si abusa, pega, tortura, entonces la gente la identifica como otro grupo criminal, y eso le hace perder ventaja moral. Para mí la cosa es bastante simple: policías débiles y corruptas, igual a violencia; policías fuertes y eficaces, igual a paz. La crisis que hay en Monterrey para reclutar policías tiene como explicación el nivel de rechazo social de buena parte de México a la policía. No es la droga ni un cártel u otro, es la debilidad de las instituciones, y por ello lo fundamental es poner la casa en orden.

Denise Maerker: Vamos con una ronda final. ¿Qué sociedad se vislumbra a partir de lo que estamos viendo? ¿Estamos en el camino de lo que Joaquín Villalobos está diciendo? Yo claramente veo dos narrativas muy distintas: quienes consideran que vamos en el camino para construir otro tipo de país, y otros que están preocupados porque dicen: esto que hace falta no lo estamos consiguiendo, no estamos consiguiendo esos policías cercanos, no estamos consiguiendo que el Ejército intervenga de manera que no sea percibido como un agente exterior y agresivo.

Guillermo Valdés: Quisiera hacer algunas puntualizaciones sobre el tema general. La violencia sí es un problema y no está controlada. Lo que tenemos como dato duro es que la tasa de crecimiento de la violencia en 2011, con respecto a 2010, es significativamente menor que las tasas de crecimiento en los años anteriores. Podemos estar cerca del techo del nivel de violencia. La violencia creció 80% en 2010 con respecto a 2009, y más de 100% en 2009 con respecto a 2008. Pero el crecimiento en 2011 con respecto a 2010 es del 11%, y ese crecimiento se dio en los primeros meses del año. De mayo para acá tenemos bastante estabilizado el asunto.
Veamos el ejemplo de Ciudad Juárez, donde ya se produjo un descenso drástico, sistemático y sostenido. Existen ciclos, y un tipo de intervención bien hecha, planeada, con errores que se van corrigiendo, comienza a arrojar resultados. Se está trabajando en la reducción de la violencia, pero pueden ser ciclos que duren un poco más allá del sexenio. Ahora parte de la violencia está asociada a la debilidad de las instituciones locales. No la vamos a reducir si no contamos con un mínimo de presencia de fuerza del Estado. La gran interrogante es: ¿a qué ritmo y a qué velocidad vamos a recomponer las instituciones locales?

Natalia Mendoza: Para encontrar soluciones es necesario desagregar eso que llamamos “crimen organizado” en tipos concretos de actividades y buscar estrategias efectivas para combatir cada una de ellas: no se resuelve de la misma manera la extorsión que el narcomenudeo. Por ejemplo, un problema que se da mucho en algunas zonas de la frontera es el del “secuestro exprés” de migrantes: hay gente que compra la lista de números telefónicos en Estados Unidos marcados desde el último punto antes de cruzar a la frontera para llamar a los familiares, hacerse pasar por el pollero y hacer el cobro correspondiente. Ese problema concreto se ataca de manera mucho más efectiva imposibilitando la intervención de líneas telefónicas e informando a migrantes y familiares sobre cómo manejar las llamadas y los pagos, que movilizando al Ejército.

Alejandro Hope: Estamos en medio de varias transiciones. El narcotráfico a gran escala es probablemente una especie en extinción en México. El tráfico de drogas se va a volver mucho más local, más descentralizado de lo que es hoy. También es probable que otras formas de tráfico ilícito vayan disminuyendo. Pienso en el tráfico de personas. En la medida que se vayan reduciendo flujos migratorios, como ha venido sucediendo en los últimos cuatro años, irá disminuyendo ese tipo de actividades. La piratería de CDs y DVDs en 10 años será cosa de dinosaurios. Nos estamos moviendo de una situación donde el tráfico ilícito es dominante a otra donde la extracción de rentas es dominante. De organizaciones complejas a otras más sencillas y descentralizadas. Pasamos del delito transaccional al delito predatorio. En el delito transaccional no hay víctima. En el predatorio sí, y eso puede generar resistencia social. Creo que a la larga es más fácil combatir el secuestro que el narcotráfico. Con sus bemoles, puede haber una transición relativamente benigna.

Héctor de Mauleón: Lo que ya es inevitable es que este es el sexenio en el que se levantó el tabú de la sangre en México. “La muerte tiene permiso”, dice una portada de nexos. Este es el sexenio en el que México retomó culturalmente algo que en el siglo XIX ya habían contado Manuel Payno y Vicente Riva Palacio en El libro rojo: la pasión de matar de los mexicanos. Tras la llamada década violenta, en los años treinta del siglo XX, finalmente se le puso cerco a esa pasión y la estadística de homicidios no hizo sino bajar. El cerco ahora se ha levantado. Y no sólo eso: se nos hizo asistir a la socialización del crimen. A un momento en el que cada vez los ciudadanos ofrecen menos resistencia al crimen.

Eduardo Guerrero: Esta es la historia de un gobierno con buenas intenciones pero que no supo dar una batalla eficaz al crimen organizado. Su estrategia, cuando la hubo, fue un tanto torpe y precipitada, y encareció el costo de la guerra a niveles inaceptables: un promedio de mil 500 ejecutados mensuales a nivel nacional. El reto de reducir la violencia en el corto plazo me parece extremadamente importante. No nos podemos resignar a pagar esta cuota mensual de muertos, ni podemos consolarnos con el hecho de que un país del centro o sur de América tiene tasas de homicidio más altas que nosotros. Debemos armar estrategias que den resultados en el corto plazo, que nos permitan bajar el costo humano tanto como se pueda. El gobierno debe confrontar de modo contundente a las organizaciones más violentas; ésta es la premisa básica de cualquier estrategia disuasiva. Hoy el panorama se ve complicado. El cambio de gobierno parece que se dará en un contexto de alta violencia en algunas zonas del país, donde los dos grandes cárteles luchan por apropiarse de los mercados del otro. Tenemos, además, un nuevo conglomerado de mafias en la zona centro del país que puede volverse muy violento y que será difícil de neutralizar. Quizá el único saldo positivo de todo esto es que varios gobernadores y alcaldes por fin están reaccionando y están fortaleciendo sus cuerpos policiales. Tenemos que invertir mucho más en mejores policías. Qué bueno que el enorme trabajo que requiere tener un mejor cuerpo policiaco ya está emprendiéndose. Nos tomará muchos años, pero no hay atajos en este rubro.

Fernando Escalante:
Efectivamente, lo más probable es que el proceso de disminución de la violencia sea lento. Pero hay desde el luego motivos para ver el futuro con optimismo. La Policía Federal me parece una buena idea, aunque en la PGR el futuro no se vea tan bien. Me preocupa, particularmente, lo que señalaba De Mauleón, la guerra cultural que ya perdimos. Me preocupa ese lenguaje en el que se vuelve habitual satanizar a una parte de la población. Que se haya vuelto tan natural hablar de homicidios, de asesinatos, y que la gente pida con tanta alegría pena de muerte y escuadrones de la muerte. Ahí sí podemos hacer algo inmediatamente: cambiar el lenguaje, la manera de hablar de esto; exigir a todos los actores públicos que sean responsables en su uso del lenguaje. Aparte de eso, está nuestra manera de pensar la violencia. Y también hay mucho que hacer, pero es posible, hasta fácil de hacer. La violencia la usa la sociedad, la usa cualquier sociedad para muchas cosas: sirve para regular relaciones sociales y fenómenos sociales. La violencia es productiva y hay un grupo de profesionales de la violencia: policías, militares, contrabandistas, guardias privados, cadeneros, porteros de discoteca. Lo que hay que preguntar es ¿en qué circunstancias una sociedad necesita de pronto más violencia para resolver qué clase de problemas? Porque nos sucedió en México que de pronto muchos actores sociales empezaron a utilizar mucha violencia para resolver cosas. ¿Qué relaciones son las que de pronto piden violencia o qué circunstancias aumentan el número de profesionales de la violencia? En esta crisis de seguridad si algo ha aumentado en México es el negocio de la seguridad privada: todo mundo está contratando gente armada. Ya estamos simplemente aumentando el pool de gente armada y dispuesta a la violencia. ¿En qué circunstancias es posible ordenarlos? Sobre todo esto hay precedentes históricos, hay trabajo sociológico, hay libros. ¿Se pueden mejorar las cosas? Creo que sí, muy drásticamente. Hay que empezar por plantear las preguntas correctas.

Ana Laura Magaloni:
Va a venir un replanteamiento de la estrategia de seguridad pública. La estrategia ya está agotada, porque ha sido extremadamente costosa para la población. Ello la hace poco viable. Ahora bien, espero que en ese replanteamiento de la estrategia sepamos rescatar lo que sí vale la pena de ella. Me preocupa que se intente, por ejemplo, anular el trabajo que se ha hecho durante la administración del presidente Calderón para la construcción de una Policía Federal o para generar inteligencia. Nos tendremos que mover a una estrategia que ya no esté centrada en el problema del narcotráfico, el consumo de drogas o las organizaciones criminales per se, sino a la reducción de los delitos violentos que son las conductas que afectan a las poblaciones y que amenazan de forma más relevante la autoridad del Estado. También creo que, por primera vez, hay un contexto propicio para la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia, que el movimiento de Javier Sicilia ha puesto en el centro. Los costos que está generando un sistema de justicia penal como el que tenemos son mucho más altos que los viejos beneficios.

Joaquín Villalobos: Qué bueno que lo dijo Fernando Escalante porque me abre la puerta para decir una cosa que en el contexto de México suena muy fuerte: la violencia es un agente de cambio porque obliga al Estado a transformarse. Es fundamental tener una lectura pragmática de la violencia, porque una lectura emocional impide ver el problema estructural que se generó en un largo periodo y que ahora se manifiesta en la necesidad del Estado de hacer uso de la fuerza para controlarlo, porque no hay otra forma. Hay que reconocer que hay un México violento, y que se impone transformarlo. La primera medida es establecer autoridad en donde está ese México violento. Es un gran progreso que el tema haya entrado a la agenda política y sea ahora un asunto de primer orden, esto tendrá implicaciones importantes en la modernización de México. La violencia es temporal, no va a ser endémica. Y me baso en lo siguiente: es menos difícil organizar al Estado para que pueda controlar la violencia, que organizar a los criminales para que sean pacíficos.

Fernando Escalante Gonzalbo. Investigador y catedrático de El Colegio de México. Algunos de sus artículos publicados en nexos son: Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso (enero 2011) y Territorios violentos (diciembre 2009).

Eduardo Guerrero Gutiérrez. Consultor en materia de políticas públicas (www.lantiaconsultores.com). Ha publicado en nexos: La raíz de la violencia (junio 2011) y Cómo reducir la violencia en México (noviembre 2010), entre otros artículos.

Alejandro Hope. Director del Proyecto Menos Crimen, Menos Castigo, iniciativa conjunta en materia de seguridad del IMCO y México Evalúa. Ha publicado en nexos: ¿Qué fumaron mientras medían? (septiembre 2011).

Denise Maerker.
Periodista. Es columnista del periódico El Universal y titular de los programas Atando Cabos y Punto de Partida.

Ana Laura Magaloni. Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Ha publicado en nexos: Inercias autoritarias de la justicia penal mexicana (marzo 2011) y El crimen no es el problema (febrero 2011).

Héctor de Mauleón.
Escritor y periodista. Ha publicado en nexos: Atentamente El Chapo (agosto 2010) y La ruta de sangre de Beltrán Leyva (febrero 2010).

Natalia Mendoza Rockwell.
Candidata al doctorado en antropología por la Universidad de Columbia. Es autora del libro Conversaciones en el desierto: cultura, moral y tráfico de drogas. Ha publicado en nexos: Altar. El desierto tomado (abril 2009).

Guillermo Valdés. Licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM. Se dedica a la consultoría política y a la función pública. Fue director del área política de GEA, Grupo de Economistas y Asociados y director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Joaquín Villalobos. Ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales. Ha publicado en nexos: La guerra de México (agosto 2010) y Doce mitos de la guerra contra el narco (enero 2010).