Uno de los puntos de discordia fue, desde
el principio de las deliberaciones: ¿Cuánta transparencia? O, mejor dicho:
¿Quién tiene derecho de saber? ¿Quién es, en fin, el fiscalizador?
Las únicas respuestas consecuentes a
estas preguntas son: Transparencia total; el que tiene derecho de saber y
fiscalizar es el ciudadano, el votante. Pero ni siquiera toda la oposición
compartió este concepto radical de transparencia y rendición de cuentas. Muy
pocos diputados (uno de ellos Edwin Zamora, de paso sea dicho) exigían que
todas las donaciones que reciben los partidos y sus candidatos tienen que ser
transparentados, y que el público en general, o sea cualquier ciudadano tenía
que tener acceso a esta información.
A la misma conclusión llegó la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, en agosto emitió una
sentencia que obliga a las Asamblea a corregir la Ley de Partidos y establecer
bien el principio de la transparencia. Conociendo como opera la Asamblea, la
Sala le da un plazo de dos meses para hacer esta reforma.
Casi han pasado los dos meses, y los
diputados no han cumplido. Siguen en la discusión de cómo evadir la transparencia
y la fiscalización. Con los votos de FMLN, PCN y ARENA, la comisión de reformas
electorales aprobó un dictamen, con el cual piensan engañar al público:
Acordaron que, por supuesto, “toda la información de cantidades e identidad de
donantes será de acceso sin restricciones para autoridades encargadas de
auditar a los partidos políticos como el Ministerio de Hacienda, el Tribunal
Suprema Electoral y la Corte de Cuentas” (LPG, 15 de octubre 2014). Suena bien,
a primera vista (“toda la información…”). Pero luego viene el truco: “El acceso
ciudadano a la información de los donantes de los grupos políticos será facilitado
siempre que las personas que financian den su autorización para ser
publicadas.”
Disculpen, señores diputados de la gran
coalición de evasión de la transparencia: Está bien que las autoridades
competentes del estado auditen para ver si existe lavado de dinero, tráfico de
influencias, corrupción u otros delitos. Perfecto. Pero esta audición no es el
sentido político y ético de la transparencia. Estamos hablando de cómo
facilitar al ciudadano el voto más informado posible. El votante necesita saber
quién y el interés de quién está detrás de cada candidato y partido. Al diputado
X lo está financiando, por ejemplo, don Fito Salume – bueno, que voten por él
quienes no tengan problema con esto. Un partido está financiado por la gran
empresa – bueno, que no voten por este partido los que sueñan con el
socialismo. Otro partido vive de fondos de ALBA – bueno, yo no votaré por
ellos…
Este tipo de transparencia -frente al pueblo,
no frente a papá Estado- quiere la ciudadanía y dicta la Sala. Es lo único
importante: En mi criterio, ni siquiera es necesario regular cuánto una persona
o una empresa puede donar a un partido – con tal que lo sepamos todos y podamos
sacar nuestras conclusiones. Sólo así convertimos al ciudadano en el
fiscalizador de la política. Es un derecho que no podemos delegar a
“autoridades competentes del Estado”, mucho menos al tipo de instituciones y
funcionarios que tenemos. Nuestro derecho a fiscalizar a los partidos no puede
ser condicionado a la “autorización” de sus donantes.
(El Diario de Hoy)
