Publicado en LA PRENSA GRAFICA, 7 septiembre 2019
Las posibilidades de tener realmente una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), si bien sería muy útil para el saneamiento del Estado, sin embargo pareciera irse esfumando por los tuits del presidente, las afirmaciones del vicepresidente y bajo la presión a ambos del próximo cumplimiento del plazo para el que prometieron a bombo y platillo tenerla funcionando el 8 de septiembre; el panorama actual se caracteriza por la confusión: por un lado una fuerte discusión en los ámbitos políticos acerca de su viabilidad y por el otro, afirmaciones contradictorias entre el presidente y su vicepresidente, el primero declarando que va a crear una comisión contra la corrupción, sin informar de cosas tan necesarias como su naturaleza ya sea de Comisión del Órgano Ejecutivo o Comisión Internacional, sus atribuciones y duración, y el segundo afirmando rotundamente "LA CICIES VA", sin soltar la más mínima información al respecto, pero dando a entender que se trata de una Comisión Internacional, y todo esto acompañado de proclamas de funcionarios de gobierno que lo único que hacen es enturbiar la discusión sobre el tema y demostrar desconocimiento de lo que la Constitución manda.
Si tomamos como punto de partida para el análisis la rotunda declaración del vicepresidente de la República afirmando "LA CICIES VA", es claro que se refiere a un modelo similar al de Guatemala, es decir, de COMISIÓN INTERNACIONAL; esto significa un acuerdo formal ya sea con instituciones multilaterales como ONU, OEA o con gobiernos extranjeros y cualquiera que fuere el acuerdo con ellos estará sujeto ineludiblemente a la aprobación de la Asamblea Legislativa, pues va más allá de una mera cooperación e implica materia jurisdiccional.
Por su parte, el vicepresidente ha añadido que se ha explorado a la ONU y a la OEA, pero ninguna de las dos ha respondido o tomado medidas exploratorias del tema; esto es importante de señalar conociendo los procedimientos que estas organizaciones utilizan para llegar a un acuerdo, todo empieza por una o varias misiones de esos organismos explorando, en el terreno, la posibilidad de involucrarse en una Comisión Internacional, sobre todo cuando el tema es altamente controversial, tal y como lo confirman las recientes Comisiones de Guatemala y Honduras. Tanto la ONU como la OEA son organizaciones, altamente burocratizadas y jerárquicas, pero que saben que en definitiva, es su secretario general quien debe responder ante su correspondiente Asamblea General por lo que se haga o no se haga.
Una vez la Organización estima que es factible y conveniente involucrarse, empieza el complicado proceso de acordar los términos de su papel en la CICI y si algo va a exigir el organismo internacional es la garantía de que tendrá completa autonomía en las decisiones y métodos que implemente, lo cual es obvio, pues si se trata de combatir la impunidad de la corrupción, los funcionarios del Órgano Ejecutivo serán sujetos de investigación y no pueden ser juez y parte, así mismo tendrán que asegurarse que su trabajo no contraríe nuestra legislación, especialmente serán muy cuidadosas de evitar que su compromiso viole la Constitución del país. He señalado solo estos dos puntos por ser cruciales, sin embargo, el documento abarca una gran cantidad de otros temas, administrativos, de temporalidad, de garantías diplomáticas que tienen que discutirse y acordarse antes de iniciar la ejecución del programa.
Es útil traer a colación el caso del gobierno anterior que en su intento por desarrollar un acuerdo nacional solicitó la cooperación de la ONU y antes de dar respuesta, envió tres misiones diferentes a evaluar si había condiciones favorables para hacerlo; los informes fueron positivos en el sentido que gobierno, partidos y personalidades diversas de la sociedad civil aceptaban el papel de la ONU y estaban dispuestos a participar en el acuerdo y sobre esa base el secretario general de ONU decidió nombrar a su representante personal, para "impulsar un acuerdo nacional en El Salvador"; este proceso tomó más de un año para empezar a ejecutarse.
Veo improbable que en las próximas 3 semanas se logre que una CICIES pueda empezar a trabajar en San Salvador, tal y como lo proclama el gobierno del Sr. Bukele; el plazo de 100 días que se auto estableció el nuevo gobierno es no solo una muestra de la urgencia de enfrentar este problema, sino de la ignorancia de los personeros gubernamentales de cómo se hacen las cosas.
