En 2016, cuando la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía, escribí en una columna titulada ‘Cállese, señor presidente’ los siguientes párrafos:
“Puede y debe haber una legislación que establezca una instancia temporal de justicia transicional que podrá satisfacer las demandas de verdad y reparación, pero sin necesidad de abrir mandar a nadie a la cárcel. Esta fue la reacción inmediata de las personas sensatas del país a la sentencia de la Sala. En esto coincidimos muchos, independientemente de si estábamos de acuerdo o no con la sentencia. Había que acatarla y había que buscar una forma de cumplirla y que en vez de hacerle daño al país haga más sólido su proceso de paz y reconciliación.”
“El presidente (y todos los demás ‘implicados’ de todos los bandos), por decencia y prudencia, tenían que apartarse de este debate. Si no, la posible solución sería inmediatamente percibida como un nuevo pacto de los protagonistas de la guerra de evadir su responsabilidad”.
Exactamente esta percepción se ha materializado ahora. Hoy existen dos propuestas
de ley y ninguna tendrá capacidad de aportar a la reconciliación. Una
propuesta es conocida como la Ley Rodolfo Parker, y uno solo tiene que
ver la composición de la comisión legislativa que la elaboró para saber
que no será aceptada por la sociedad. Son los protagonistas de la guerra
(de ambos bandos), y todo el mundo percibe que están redactando una
auto-amnistía. La segunda propuesta proviene de otro sector
‘interesado’: de organizaciones que dicen representar a las víctimas de
crímenes de guerra. Aunque algunos lo quieran declarar ‘políticamente
correcto’, ‘las víctimas’ tampoco son los llamados para diseñar esta
legislación, por dos razones: son parte interesada y nadie puede hablar
en nombre de todas las víctimas del conflicto.
Decir que ambas propuestas no proceden de ninguna manera significa que todo lo que se propone en ellas sea malo. Significa que el método no funciona. Lo que hubieran tenido que hacer los poderes del Estado (Presidencia, Asamblea, Corte Suprema) es convocar una ‘Comisión de Sabios’ (compuesta por rectores de universidades, representantes de iglesias, penalistas, constitucionalistas y otras personalidades de prestigio moral e intelectual) para organizar debates, tanto públicos como académicos, y que de ellos surja una propuesta de Ley de Reconciliación que llene el vacío que dejó la derogación de la Amnistía de 1993.
Como no llevamos a cabo este debate, perdimos casi tres años sin cumplir con la sentencia de la Sala. Ojo: esta sentencia no solo derogó la ley del 1993, sino también ordenó consensuar una nueva.
Pero nunca es tarde. En vez de continuar una estéril discusión que se concentra en descalificar las propuestas existentes de Ley de Reconciliación, impulsemos la Comisión de Sabios y aportemos todos a su trabajo, con propuestas, críticas y criterios.
Saludos,
(MAS! y EL DIARIO DE HOY)
