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| Erika Saldaña, ex presidenta del Centro de Estudios Jurídicos CEJ |
Publicado en EL DIARIO DE HOY, 12 agosto 2019
La pensión concedida por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a monseñor Fabio Colindres ha causado malestar en un sector de la población. Tres mil dólares mensuales, en un país en el que las pensiones del resto de trabajadores son de hambre, deben hacernos analizar otra vez la sostenibilidad de este tipo de pensiones financiadas con fondos públicos, así como las reformas al sistema del resto de trabajadores.
En un reporte realizado por la revista “Séptimo Sentido” se describe a las pensiones del IPSFA con un calificativo preocupante: insostenibles. Dichas pensiones son financiadas con fuertes inyecciones estatales que, desde el año 2016, resultan insuficientes, pues los montos solicitados difieren con los asignados en el Presupuesto General de la Nación. Además, son desiguales: las cantidades van desde los $100 a los $3,500, dependiendo del rango. No se puede seguir evadiendo el análisis de sostenibilidad de IPSFA.
Ahora que tenemos la atención e indignación de los funcionarios por el monto de la pensión del capellán militar, también es hora de que se ponga sobre la mesa una discusión seria sobre el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). No podemos seguir bajo la sombra de placebos temporales y de reformas insuficientes en las que siempre salimos perdiendo nosotros, los trabajadores. La última reforma se realizó en el año 2017; en marzo de 2019 ya se discutía la necesidad de volver a realizar otra serie de modificaciones al sistema.
La reforma realizada en el año 2017 a la Ley del SAP, como lo señalé en una columna de esa época, fue para lo único que nos alcanzó en medio de partidos políticos poco dispuestos a sentarse a dialogar y resolver los problemas del país. En ella se incluyó cambios sustanciales al sistema, pero no tocó nada sobre aspectos trascendentales que habrían dado sostenibilidad y seguridad a largo plazo al mismo.
En el 2017 no se abordó la ampliación del número de personas que cotizan a las AFP ni dijo nada sobre el aumento en la edad de jubilación de los trabajadores. En El Salvador solo el 25 % de la población económicamente activa cotiza al sistema de pensiones, a pesar de las grandes responsabilidades que recaen sobre una parte de sus aportes.
Pasan los años y seguimos evadiendo el tema de los años de cotización. La población está viviendo más tiempo y probablemente lo ahorrado no nos alcance para cubrir la totalidad de años de vejez. En la ley se mantiene el requisito de edad de jubilación de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, a pesar de que muchos funcionarios y expertos en la materia están conscientes de que es necesario aumentar esa brecha de acuerdo a la esperanza de vida que ronda en promedio los 72 años.
Pasan los años y seguimos evadiendo el tema de los años de cotización. La población está viviendo más tiempo y probablemente lo ahorrado no nos alcance para cubrir la totalidad de años de vejez. En la ley se mantiene el requisito de edad de jubilación de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, a pesar de que muchos funcionarios y expertos en la materia están conscientes de que es necesario aumentar esa brecha de acuerdo a la esperanza de vida que ronda en promedio los 72 años.
Ya no podemos seguir conformándonos con retazos de reforma. La última realizada fue técnicamente mediocre ya que no abordó los aspectos fundamentales del problema; su principal logro fue aliviar la carga fiscal del gobierno, una cuestión que no pertenece propiamente al tema de pensiones. Además, nos quedaron debiendo la garantía técnica que nos asegurara que en un par de años lo hecho no se viene abajo.
Ojalá esta nueva puesta en escena del tema de las pensiones sirva para analizar una alternativa que vuelvan sostenibles y dignas –para todos– las pensiones en El Salvador. Aunque los puntos trascendentales que deben abordarse para reformar el sistema de pensiones son impopulares, es algo que debe hacerse. Además, hay que insistir que los ahorros de los trabajadores deben respetarse y no intentar meterle mano como hicieron los gobiernos anteriores.
El Ejecutivo y el Legislativo deben tomar la batuta en plantear soluciones sostenibles y no alargar una discusión realista sobre el tema. Ya no podemos, año con año, estar planteándonos reformas legales al sistema de pensiones.