El nuevo cuerpo de seguridad no fue concebido como un organismo militar, aunque en la práctica lo sea. Continuar así puede poner en riesgo el legado de López Obrador.
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| Foto: José Luis González/Reuters |
Publicado en THE NEW YORK TIMES/español, 8 agosto 2019
Flanqueado por el general secretario de la Defensa y el almirante secretario de la Marina, López Obrador recorrió en un vehículo Campo Marte. Atrás, en un segundo plano, viajaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien, conforme a la ley, tiene el mando de la Guardia. El auto avanza ante filas de soldados que han cambiado su uniforme verde olivo por uno blanco con camuflaje gris. Nada en la imagen dice civil.
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La falta de capacitación de los miembros del ejército en seguridad ciudadana y la impunidad que históricamente ha existido para las fuerzas armadas mexicanas hacen que su presencia entre la población civil signifique un riesgo que el gobierno de López Obrador no debe permitir.
Es simbólico que el mismo día en que se inauguró la Guardia, pero cinco años antes, sucedió uno de los peores abusos documentados por parte de militares mexicanos. El 30 de junio de 2014, miembros del ejército mataron a veintidós civiles en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Inicialmente, el procurador de la entidad afirmó que se trató de un enfrentamiento con criminales. Sin embargo, testimonios dados a conocer después afirmaban que se había tratado de ejecuciones de civiles por parte de militares. En su investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que, además se había alterado la escena del crimen —al mover los cuerpos y las armas para que pareciera un enfrentamiento— y se había torturado a las sobrevivientes. A la fecha, ningún militar ha sido sancionado por el homicidio. Este caso permite advertir los peligros que conlleva el despliegue militar, especialmente cuando no existen controles fuertes o mecanismos de supervisión serios.
Pero la Guardia militar no solo representa un enorme riesgo para la población, también insiste en la continuidad de una política que durante doce años ha resultado ser un fracaso. El alza en el índice de homicidios en el país, que este año ha vuelto a romper récord —junio y febrero de 2019 se convirtieron en los meses más violentos en dos décadas— son prueba de que la militarización no funciona. El incremento de violencia está directamente ligado al despliegue militar y a los enfrentamientos que resultan de este. Como señala Benjamin Lessing, experto en conflictos criminales de la Universidad de Chicago, la respuesta militar contra el crimen organizado provoca una escalada de violencia de los grupos delincuenciales y una carrera armamentista imposible de ganar para los gobiernos. La idea de querer solucionar todo tipo de problemas de inseguridad con instituciones federales —en lugar de construir policías y fiscalías locales— tampoco funciona. En su conjunto, la estrategia de desplegar una Guardia Nacional militar es una mala política pública que lejos de mejorar la seguridad implica mayores riesgos para todos.
Las nuevas leyes que regulan la Guardia generan aún más preocupación, ya que dan a los militares más facultades de lo que hizo la controversial Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia hace menos de un año. Entre las 44 facultades explícitas del nuevo cuerpo está la de prevenir delitos, detener a personas, atender víctimas, intervenir comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real (aun sin que exista denuncia de por medio). Sus elementos pueden custodiar centros penitenciarios, utilizar armas —incluso letales— contra quienes participen en manifestaciones, detener a migrantes y asegurar bienes. Todas estas facultades se ejercerán sin controles serios y sin rendición de cuentas de instituciones civiles o del poder legislativo.
Dados los riesgos que esto representa para las libertades y seguridad de las personas, la CNDH presentó recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Pero mientras estos casos se resuelven, la Guardia ya está operando en buena parte del país. Las primeras imágenes que circularon son desalentadoras: militares con la insignia de la Guardia detuvierona familias migrantes, catearon a pasajeros de autobuses y hasta a usuarios del metro de Ciudad de México.
Existen inquietudes legítimas sobre la capacidad de los elementos que integran la Guardia de llevar a cabo tareas de seguridad pública entre la población. La supuesta capacitación para reconvertir a soldados en policías —pero que solo algunos han recibido— dura apenas siete semanas. En este tiempo un soldado entrenado para hacer la guerra debe, supuestamente, quedar preparado para realizar todo tipo de funciones con el respeto absoluto de los derechos fundamentales. Sin embargo, solo pasaron unos días de sus primeras actividades para que se denunciara el intento de ingreso ilegal a un albergue de migrantes.
La reforma constitucional aprobada para dar vida a la Guardia dio un periodo de cinco años para que el presidente pueda disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” mientras se desarrollan la estructura y capacidades de esta nueva institución. Es decir, la autorización constitucional para usar cuerpos castrenses en seguridad pública es una herramienta complementaria y paralela a la Guardia Nacional, no una autorización para militarizar el nuevo cuerpo policiaco. No es un permiso para hacer de la Guardia un organismo militar, sino una medida para dar tiempo a la construcción de la Guardia como la policía profesional que México requiere.
Si López Obrador quiere que su gobierno represente un cambio, debe apoyar a los municipios y estados en la construcción o reforma de sus cuerpos policiacos a fin de profesionalizarlos. Debe, además, hacer de la Guardia Nacional la policía profesional, civil y con mecanismos de rendición de cuentas fuertes que tanto necesita México.
Catalina Pérez Correa es profesora-investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).