Me aventuro, sin embargo, a hablar de lo más importante y bueno del 2012: la tregua.
La tregua es el único evento político de este año que no era previsible. Nos agarró por sorpresa a todos y provocó un debate novedoso y productivo. Todo lo demás (los múltiples intentos de destruir la independencia de la Sala de lo Constitucional; la batalla por la Fiscalía; la compra de voluntades para nuevamente manipular la correlación de fuerzas establecidas en las elecciones legislativas; la guerra de desgaste entre el Gobierno y el sector privado; la ausencia de inversiones...) era "business as usual", como lo dicen los gringos, o "la misma mierda", como decimos en buen guanaco.
Al principio la tregua provocó mucho más crítica y resistencia que comprensión y apoyo, a pesar de que de inmediato mostró resultados contundentes (una reducción dramática de los homicidios en el país). Cuando, además, la tregua (ya la baja de homicidios) no colapsó en una semana, ni en un mes, ni en medio año, como todos los "expertos" del tema pronosticaron, sino que más bien se fortaleció y se amplió abarcando a otros actores de la delincuencia y a otros delitos y formas de violencia más allá de los homicidios, en el país comenzó a aflorar en serio un proceso de reflexión y debate, no solamente sobre la tregua como tal, sino sobre el carácter de la violencia masiva en El Salvador y sobre los fenómenos sociales detrás de ella.
Y por primera vez este debate involucró a todos los sectores: iglesias, academia, medios, ONGs, empresarios. Incluso los menos dispuestos a debates innovadores, los partidos. Nos obligó a todos a repensar posiciones que durante décadas habíamos considerado inamovibles. Nos obligó como sociedad a encarar el problema de la violencia, en vez de seguir obviándolo y delegando la solución a los supuestos expertos y autoridades competentes. Que obviamente no solucionaron nada...
Lo interesante de este debate es precisamente que no se deja engavetar en ningún esquema tradicional. No es izquierda versus derecha, no es Gobierno contra la oposición, y tampoco es el Estado enfrentando al sector privado. Muchos prefieren seguir interpretando con estos parámetros la tregua, el proceso de mediación, y el rol que deben jugar actores como Iglesia, Gobierno, empresa privada, porque es menos doloroso y más cómodo, pero fracasan ante una realidad nueva que ya no se deja explicar y mucho menos influir desde estas perspectivas.
La tregua y las oportunidades que a partir de ella se abren para atacar con eficiencia el problema de la violencia epidémica, que estaba al punto de asfixiarnos como país, pero al mismo tiempo los problemas sociales y estructurales detrás del fenómeno de la violencia pandilleril, han despertado malestar y resistencia en tantos sectores, porque ponen en evidencia que no podemos seguir delegando la responsabilidad al Gobierno, mucho menos a sus brazos armados-represivos como la PNC y la Fuerza Armada.
Lo que pudimos observar durante todo el año 2012 es la gestación imperfecta pero aparentemente irreversible de un proceso de paz, no entre grupos criminales y el Gobierno, sino dentro de la misma sociedad. Los pandilleros han dicho en voz alta y con sorprendente claridad y consistencia que NO buscan una negociación con el Gobierno, sino un proceso de reconciliación con la sociedad y la reinserción a la vida productiva, cultural y cívica.
Para que esto se vuelva realidad, se necesitan reflexiones y, en algún momento, respuestas y acciones concretas por parte de todos los sectores de la sociedad, incluyendo la empresa privada. Esto es lo esencial, mientras que las respuestas que tiene que dar el Gobierno más bien son complementarias.
El Gobierno (entendiendo no sólo el Ejecutivo, sino igualmente los demás órganos del Estado y sobre todo las alcaldías) tiene que tomar las medidas adecuadas para que el verdadero proceso pueda seguir avanzando: el proceso dentro de la sociedad civil que puede llevar a la paz y a la reinserción definitiva de los 50 mil pandilleros y sus contornos familiares y sociales. Pero de este compromiso el Gobierno no se puede seguir zafando.
Hasta ahora esta responsabilidad la han asumido el ministro de Justicia y la mayoría de los funcionarios bajo su mando, pero no el Gobierno como tal. Por lo menos no más allá de discursos. Muestra: El presupuesto nacional para el 2013 no refleja en lo más mínimo que el Gobierno haya redefinido sus prioridades y esté focalizando su "inversión social", para responder proactivamente a las oportunidades abiertas por el proceso de la tregua.
El hecho esencial de que la tregua es un proceso dentro de la sociedad civil y no una gestión gubernamental, tiene su expresión fiel en los dos personajes protagónicos que lo hicieron posible: monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango. Sólo personas sin atadura política y con la libertad de pensar y actuar "fuera del cajón" podían lograr los aparentemente imposible: entender los mensajes novedosos en el discurso de los pandilleros; descifrar su situación como individuos y dentro de sus familias, comunidades y organizaciones delictivas; servir de traductores y hacer puentes con un nuevo ministro abierto a revisar los dogmas de la Seguridad Pública; retar a la sociedad civil a abrir los ojos y encarar los problemas y las oportunidades de solución...
Ningún político o funcionario del Gobierno hubiera podido jugar este papel. Y los dos mediadores al principio operaron con el truco de usurpar la representación de "la iglesia" y "la sociedad civil", respectivamente, porque era la única forma imaginable de iniciar el proceso; no hubieran logrado nada si fueran agentes encubiertos del Gobierno.
Por suerte supieron convertir rápido la mentirita del inicio en realidad: Lograron que personas e instituciones, que sí representan algo en la sociedad civil, aceptaran el reto y comenzaran a trabajar para darle sostenibilidad a la tregua y convertirla en un real proceso de paz.
Todo esto, en su conjunto, es lo mejor que pasó en El Salvador en el 2012. Es lo que rompió el balance de la inercia.
(El Diario de Hoy)