siguiente página: ¿CUÁL PAZ SOCIAL? Columna Transversal de Paolo Luers

"La ‘Paz Bukele’ es paz y seguridad de la represión, del régimen de excepción y del cementerio. No es paz, no es seguridad; es una bomba social y política de tiempo."

SIGUIENTE PÁGINA, sábado 28 febrero 2026

Llama la atención que hasta algunos de los más agudos opositores de Bukele están asumiendo la narrativa que reza "Okay, Bukele resolvió el problema de la inseguridad, pero no es el único problema del país..." Momento: ¿lo ha resuelto realmente?

No nos olvidemos: la ‘Paz Bukele’ tiene como origen un pacto secreto con los principales jefes de las pandillas. Ellos se comprometieron a reducir los homicidios, a incidir en las elecciones con los votos de los mareros y sus familiares (de 300 mil a 500 mil votos) y a obstaculizar el voto a los contrarios. Estamos hablando de tres elecciones: la elección de Nayib Bukele como alcalde capitalino, en 2015; la elección de Nayib Bukele como presidente, en 2019; y la elección legislativa, en 2021, que le dio a Bukele la mayoría calificada que usó para tomar control de la Fiscalía General y de la Sala de lo Constitucional y para erradicar la independencia judicial. Las tres elecciones las ganó Bukele con apoyo activo de las pandillas. El pacto no fue efímero, duró del 2015 hasta el 2022.

¿A cambio de qué los pandilleros apoyaron a Bukele durante 7 años? A cambio de dinero, beneficios procesales, condiciones carcelarias y garantías de no extradición a Estados Unidos. A algunos jefes pandilleros los liberaron aun con condenas y hasta les facilitaron la salida del país. Ellos se comprometieron a garantizar que su gente en las comunidades no ofreciese resistencia al momento en que comenzaran las detenciones masivas.

Cuando Bukele ya no necesitaba a las pandillas, el pacto se rompió en marzo del año 2022. Miles de miembros de las pandillas terminaron en las cárceles, junto con otros miles de inocentes, acusados de ‘colaboradores’ por el solo hecho de haber convivido con los pandilleros de sus barrios. Estos últimos no terminaron en el CECOT, sino en los penales de Izalco y Mariona, sujetos a condiciones aun más duras e incluso a torturas. Ni siquiera se individualiza la responsabilidad penal; serán condenados en juicios masivos. Ya van mas de 460 privados de libertad muertos bajo custodia del Estado, y muchos de ellos con claras muestras de tortura.

¿Cómo se puede decir que en El Salvador han erradicado el problema de violencia e inseguridad, si más de 25 mil salvadoreños se encuentran encarcelados sin que existan pruebas contra ellos y cuando están sujetos diariamente a humillaciones, torturas y hasta la muerte?

En las comunidades marginales y barrios populares, cuya liberación del terror de la pandillas el gobierno celebra, viven decenas de miles de personas que tienen hijos detenidos bajo el estado de excepción, la mitad de ellos inocentes. Igual que sus hijos son sujeto de sospecha de ser ‘colaboradores’, viven bajo vigilancia y bajo un régimen de silencio impuesto. Viven con miedo, en inseguridad y expuestos a amenazas. Ahora estas colonias están bajo el férreo control de los activistas de Nuevas Ideas, que tienen el poder de mandar a detener a cualquiera. Esto no es paz.

No solo ellos, sino toda la población se encuentra en una situación de indefinida suspensión de garantías constitucionales. El estado de excepción permanente está siendo utilizado para perseguir a voces críticas, protestas sociales y sindicales – y sirve para intimidar a todos los demás. Por esto el gobierno no lo levanta, aunque ya no hay pandillas. Esto es inseguridad, no seguridad.

Todo eso ocurre y se institucionaliza sin atender (y mucho menos resolver) las causas que producen la marginalidad, la exclusión, la pobreza, que a través de los años han llevado a miles de jóvenes a la calle y a la pandilla. Más bien siguen latentes y hasta acrecentadas en esta administración, que lleva una guerra contra los pobres, en vez de una guerra contra la pobreza. ¿En qué se manifiesta esto? En el crecimiento de la pobreza, debido a las prioridades presupuestarias definidas por el gobierno y debido a sus medidas de ajuste fiscal. Se manifiesta en los 25 mil despidos en el sector público, efectuados solo en el 2025; en el desalojo violento de vendedores ambulantes en el centro capitalino; en el desalojo masivo de comunidades rurales en tierras designadas por el gobierno para proyectos turísticos. Todo esto suma en mayor inseguridad para amplios sectores de la sociedad que de por si estaban prácticamente excluidos de la economía. Es una inseguridad diferente a la que vivieron en tiempos anteriores, cuando sus comunidades estaban controladas por las pandillas, pero es inseguridad que causa temores y no permite que estos sectores expresen sus problemas, sus protestas y sus reivindicaciones.

La ‘Paz Bukele’ es paz y seguridad de la represión, del régimen de excepción y del cementerio. No es paz, no es seguridad; es una bomba social y política de tiempo.

Por más que la propaganda incesante del gobierno repita que el estado de excepción ha dado paz y seguridad a la gente; y pesar de que la mayoría de la gente se lo crea, los opositores no deben asumir esta narrativa como verdad. Deben analizar el costo de la falsa seguridad. Deben recordar a la gente que lo que hizo Bukele no fue la única manera de lidiar con la violencia, sino la peor. Hubo otras propuestas, que descansaron en la combinación de un eficiente trabajo de investigación; en inversiones del Estado y de la empresa privada en programas de transformación de los barrios; y en programas bien financiados de inserción social y resocialización de los miles de jóvenes marginados. Bukele, al llegar al poder, desechó todas estas propuestas y se fue por una solución que no atiende las raíces del problema, solo los síntomas – y esto de manera anticonstitucional y violenta. En el camino, destruyó la democracia y el Estado de Derecho. Y esto fue su verdadero propósito.