"Tenemos que mostrar al régimen que con el encarcelamiento de una figura de prestigio nacional e internacional como Ruth López ha cometido un error: Está creando a una figura que por su estatura moral será capaz de unir un muy amplio espectro social dispuesto a defender el Estado de Derecho y resistir a la dictadura."
En la voz del autor: Cristosal.mp3
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Sigue el éxodo. Se fueron los periodistas de El Faro - y muchos otros. Ahora les toca a los defensores de Derechos Humanos. Si esto sigue así, las personas que quieren denunciar violaciones a sus derechos, tratos arbitrarios por parte de las autoridades, capturas no justificadas quedarán solos, sin representación, sin asistencia humanitaria, en situación de abandono, precaria y de riesgo. De esto se trata la persecución de las organizaciones de Derechos Humanos...
Cristosal, una organización fuerte de 25 (!) años de trabajo de Derechos Humanos y Anticorrupción en El Salvador, anunció que ya no hay condiciones para mantener abierta su oficina en San Salvador. Su jefa de anticorrupción, Ruth López, tiene dos meses de estar encarcelada. La Ley de Agentes Extranjeros, creada para controlar, supervisar y hacer financieramente imposible el funcionamiento de ONG independientes, ya entra en vigencia. Así que Cristosal ha movido su personal a Guatemala. Va a seguir atendiendo casos en El Salvador, pero desde el exilio...
La intención del régimen es clara: barrer con las organizaciones que denuncian atropellos, defienden a acusados y detenidos injustamente, asesoran a las familias, presentan demandas a la fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informan a los medios de comunicación nacionales e internacionales. El trabajo de estas organizaciones se ha hecho tan profesional y eficiente que el gobierno ya no los puede tolerar. La población queda indefensa. Esta es la intención.
Cuando lo mismo pasó en los años 70 y 80, la Iglesia Católica tuvo que dar cobertura al trabajo de Derechos Humanos y de asistencia a los perseguidos. Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador fueron ferozmente perseguidos y el Socorro Jurídico del Arzobispado quedó como el único lugar que podía recibir denuncias, buscar a detenidos y desaparecidos, visitar a los presos políticos. Monseñor Romero reforzó este trabajo bajo el nombre Tutela Legal, bajo la dirección del abogado Beto Cuellar. En 1985, la UCA formó su Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) para reforzar este trabajo. Ambas entidades, a pesar de toda la represión, asistieron a miles de víctimas del terror del Estado.
Ahora, otra vez les va a tocar a la UCA, la UES y la Iglesia llenar el vacío que dejan el encarcelamiento y el éxodo de las defensores independientes de DDHH. A la Iglesia Católica le tocará revivir Tutela Legal y darle protección. ¿Quién más? ¿Quién más podrá poner el pecho al asedio sistemático por parte del gobierno Bukele?
La Iglesia y las universidades van a tener que crear equipos que asuman el trabajo de territorio y calle, que los defensores no podrán hacer desde el exilio. Van a tener que trabajar con las embajadas y con organizaciones internacionales para crear redes de protección a perseguidos.
Todas las organizaciones sociales tienen que asumir la defensa de los presos políticos y exigir su libertad. Tenemos que mostrar al régimen que con el encarcelamiento de una figura de prestigio nacional e internacional como Ruth López ha cometido un error: Está creando a una figura que por su estatura moral será capaz de unir un muy amplio espectro social dispuesto a defender el Estado de Derecho y resistir a la dictadura.
Bukele se va a arrepentir de haber tocado a Ruth López. Ha puesto en la agenda nacional e internacional el tema de los presos políticos. Depende de todos los salvadoreños decentes a obligar al régimen de liberar a Ruth y los demás presos políticos.
Saludos,
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