"El acuerdo carcelario que la administración Trump tiene con el gobierno Bukele es ilegal. No sólo porque no ha sido formalizado como convenio bilateral, debidamente ratificado por el Congreso de EEUU y la Asamblea Legislativa salvadoreña, sino porque el objeto del acuerdo en sí es ilegal."
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Publicado en El DIARIO DE HOY, miércoles 25 junio 2025
Voy a hacer lo posible para lograr algo muy difícil:
sustituir la acostumbrada columna de Enrique Anaya
mientras esté inhibido por el régimen de escribirla.
Pero hasta ahí se ha tratado estos casos como si fueran simples deportaciones ejecutadas al margen de la ley. Muchos han dicho correctamente que en el caso de los venezolanos y salvadoreños transportados a El Salvador y recluidos en el CECOT u otras cárceles salvadoreñas se trataba de secuestros y de privación ilegal de libertad. Pues, existe una ilegalidad de fondo que no ha sido discutida en su dimensión y que no ha tenido ninguna consecuencia legal. Tiene que ver con la ilegalidad de origen: El acuerdo que la administración Trump tiene con el gobierno Bukele es ilegal. No sólo porque no ha sido formalizado como convenio bilateral, debidamente ratificado por el Congreso de EEUU y la Asamblea Legislativa salvadoreña, sino porque el objeto del acuerdo en sí es ilegal.
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| Así se negociaron Bukele y Rubio el pacto carcelario |
Aunque los procedimientos de las detenciones efectuadas en Estados Unidos fueran de acuerdo a las leyes migratorias, de ninguna manera sería legal meter a los detenidos en un avión para El Salvador y encargar al gobierno salvadoreño desaparecerlos en sus cárceles, sin juicio, ni orden judicial, sin contacto con sus familias y sus defensores. Tendrían que ser sometidos a los procedimientos regulares de deportación y ser deportados a sus países de origen.
El hecho que ciudadanos venezolanos, como consecuencia de este acuerdo ilegal, estén encarcelados en El Salvador, sin que exista juicio ni ninguna condena, ni siquiera una acusación formal, ni en Estados Unidos ni en El Salvador, es un absurdo y una absoluta ilegalidad. Es una aberración jurídica, que tendría que tener objetando y protestando a los constitucionalistas de Estados Unidos y de El Salvador. De esta aberración se derivan responsabilidades penales por parte de las autoridades estadounidenses que mandaron a los deportados a El Salvador, así como de las autoridades salvadoreñas que avalan su ilegal detención, los reciben y los mantienen privados de libertad.
Lo mismo es cierto incluso para los ciudadanos salvadoreños deportados juntos con los venezolanos. El único mecanismo legal sería aplicarles el procedimiento regular de deportación por causas migratorias – y si en El Salvador tienen órdenes de captura o condenas, que las autoridades procedan de acuerdo a la ley. Pero ahora tenemos a ciudadanos salvadoreños sometidos a encarcelamiento sin que haya habido juicios ni hayan sido acusados, ni mucho menos condenados por ningún tribunal. Están presos por un acuerdo entre gobiernos, no de la justicia.
Tanto en el caso de los venezolanos como de los salvadoreños es irrelevante si de hecho han cometido delitos o no. Uno solo puede estar preso porque ha sido formalmente acusado de un delito, esperando su juicio, o porque ha sido condenado. Cualquier otra forma de privación de libertad es ilegal y punible. El delito tiene que haberse comprobado en un juicio justo, con debido proceso y con derecho a defensa. Nada de esto es el caso de los deportados ilegalmente por los Estados Unidos para ser encarcelados ilegalmente en El Salvador - sean de la nacionalidad que sean.
El acuerdo que ha pactado de manera de facto el gobierno salvadoreño de albergar en sus cárceles a migrantes expulsados por Estados Unidos al margen de los procedimientos legales de deportación es el pecado de origen de todo esta aberración jurídica, hayan cometido delitos o no. Ni siquiera existe un procedimiento penal que en El Salvador se podría aplicar a venezolanos que han cometido delitos en Estados Unidos, aparte del procedimiento de extradición, que obviamente no aplica a quienes han sido deportados por Estados Unidos.
Toda la discusión política, mediática y legal sobre el Airbnb carcelario que El Salvador ofrece a Estados Unidos va por las ramas. Las ramas son importantes, como se ha mostrado en el caso de Kilmar Ábrego. Pero es tiempo que se atienda el meollo del asunto: el pecado de origen que cometieron Bukele y Trump. Este pecado es un delito continuo, mientras existan en las cárceles salvadoreños deportados sin causa penal, sin acusación formal, sin condena y sin derecho a defensa.
