Tiene mucha razón. Aunque sí es importante señalar que las políticas sanitarias del gobierno Bukele violan la Constitución y los derechos humanos, no es esta la preocupación principal de la gente. Los ciudadanos están preocupados —y muchos incluso aterrorizados— por dos cosas: por la amenazas del virus y, por lo tanto, exigen que el gobierno tome las medidas sanitarias correctas y eficientes, pero igualmente están preocupados de cómo alimentar su familia, y, por lo tanto, exigen que paralelamente a las medidas sanitarias necesarias haya medidas de reactivación económica.
El mal diseño y el fracaso de la respuesta del gobierno a la epidemia se dejan ejemplificar con el proyecto del hospital en la Feria Internacional. El proyecto nació en el momento correcto y con el enfoque correcto: nuestro sistema hospitalario no está en condiciones de atender a los enfermos críticos (unos 20% de los infectados), una vez que el contagio sea masivo. Por lo tanto, hay que hacer dos cosas al mismo tiempo: ganar tiempo con el cierre de fronteras y de las actividades económicas no esenciales, y con la cuarentena domiciliar; y al mismo tiempo, dar prioridad absoluta de crear las condiciones para poder atender a los enfermos críticos del COVID19, ya en la fase del contagio masivo, sin que todo el sistema hospitalario colapse y se contamine.
La conclusión lógica: el eje principal y prioritario de la política sanitaria tenía que ser crear hospitales especiales para atender la epidemia. Y como esto tenía que pasar muy rápido (en un máximo de 2 meses, para estar lista cuando la epidemia se vuelva masiva), había que concentrarse en instalaciones temporales, no en hospitales permanentes. Así nació el concepto de agarrar los pabellones de la Feria e instalar un hospital temporal, exclusivamente para responder a la epidemia.
El problema trágico es que en el camino este proyecto se transformó —y con consecuencias fatales para cientos de enfermos y para todo el sistema de hospitales públicos y del Seguro Social. De repente, el eje rector ya no era la necesidad de tener, lo más tarde en abril/mayo listo un hospital de emergencia capaz de absorber los casos graves de COVID19, sino se impuso otro eje rector prioritario: la megalomanía de Nayib Bukele, quien empezó a hablar del “hospital más grande de América Latina”, con tecnología del Primer Mundo. Para sorpresa de todos, en vez de usar todos los fondos disponibles para avanzar rápido en los pabellones, comenzaron a escarbar en el parqueo en frente de la Feria para construir ahí un hospital de tres pisos. Y de repente, como el mago sacando palomas del sombrero, Bukele nos presentó el Hospital El Salvador, ya no como hospital de emergencia, sino como su sueño hecho realidad de heredar al país un hospital general e integral que en el futuro ocuparía todos los edificios y terrenos de la Feria.
Persiguiendo esta ambición, desencadenando una decisión improvisada tras otra, dispersando la inversión en varias construcciones al mismo tiempo, todo el proyecto se retrasó. Las primeras 400 camas se inauguraron hace una semana, pero a la fecha solo han podido recibir y atender una decena de pacientes. Sin embargo, a estas alturas ya necesitábamos urgentemente unos 300 cupos de UCI y otras 700 camas. El sentido original (y correcto) del proyecto CIFCO no era tener el “hospital más cool de América Latina”, sino poder descongestionar y descontaminar a los hospitales generales del país, que ya no pueden dar atención a los enfermos graves de otras enfermedades, y que se han convertido en focos de contagio. El Rosales y los hospitales del Seguro Social jamás deberían haberse convertido en centros de atención del COVID. Para esto teníamos que tener listos los hospitales de emergencia, plenamente equipados pero temporales. No tener estos hospitales listos luego de tres meses de cuarentena que hizo más lenta la propagación de la epidemia, es el principal pecado de la política sanitaria del gobierno.
El otro es querer resolver todo con cuarentenas interminables. Lo que desde hace ratos necesitamos no son cuarentenas generales que encierran a todos y causan pérdidas económicas innecesarias, sino cuarentenas focalizadas, regionales, locales o sectoriales. Pero para implementarlas eficientemente, se requiere de un enfoque científico sólido, basado en el uso inteligente de los tests de COVID. Pero el gobierno no ha creado las bases para una política sanitaria basada en inteligencia y ciencia. Las estadísticas oficiales no son transparentes y no reflejan la realidad y complejidad de la epidemia. No arrojan la información necesaria para pasar a una fase inteligente de la intervención sanitaria.
La conclusión: la política sanitaria del gobierno Bukele está contaminada por mala conducción, por ambiciones personales de un presidente megalómano y por falta de inteligencia sanitaria. El alto grado de contagio actual y la incapacidad del sistema de salud de atenderlo no es culpa de una población indisciplinada que requiere más cuarentena obligatoria y medidas de coerción, sino de un gobierno incapaz que no supo definir correctamente las prioridades para poder enfrentar la epidemia.
