Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 5 NOVIEMBRE 2019
Cuando se quiere resolver casos penales en los medios, en redes sociales o en la calle, siempre entra en peligro la independencia de la justicia. Más grande se hace este peligro cuando además de los ‘influencers‘, se meten en estos ensayos de justicia popular o mediática los políticos para cosechar en el río revuelto de resentimientos y frustraciones o incluso para ponerse a la cabeza de un movimiento de indignados que desconfían de la justicia y sus administradores. Entonces, puede volverse imposible que actúen con independencia y racionalidad los jueces.
Todos tenemos derecho de criticar a cualquier juez cuando no nos parece su actuación o sentencia. Los jueces no son dioses. Pero son los únicos facultados para administrar justicia, y solo lo pueden hacer bien con independencia. Obviamente con el riesgo de equivocarse. Por esto hay recursos de apelación e instancias superiores que revisarán las sentencias.
En el caso del magistrado Escalante, acusado de agresión sexual contra una menor, la Cámara Primera de lo Penal no aceptó la tipificación de delito presentada por la Fiscalía. La ola de indignación que desataron va más allá de la crítica, se convirtió en una campaña contra dos magistrados de la Cámara. Piden a gritos que sean investigados por la Fiscalía y ‘depurados’ por la Corte Suprema. Surgen llamados peligrosos. Una ‘influencer’ escribe en Twitter: “Suban los nombres y las caras de los que votaron por esto y haga patria, confróntelos en la calle y pregúnteles si no es delito tocar los genitales de una niña o niño en la calle…” Ya para el acusado exige linchamiento público: “Ya que para el sistema judicial no es delito sugiero que cuando agarren a uno en esas, mejor le den fuego y no lo entreguen al sistema.”
Solo faltaba que se metiera el presidente. Y lo hizo. Luego de que dijera que la resolución de la Cámara “es una burla a nuestro Estado de Derecho”, uno tras otro sus ministros comenzaron a echar leña al fuego. El secretario de prensa de la Presidencia, usando su cuenta ‘extra oficial’ llamada ‘El Brozo’, publica dos fotos: “Estos son los magistrados q están protegiendo a Eduardo Escalante con la sentencia que dice que tocar a una niña no es un delito”.
Los ‘influencers’ organizaron una colecta de firmas para pedir a la Fiscalía que apele la sentencia de la Cámara, a pesar de que el Fiscal General ya había anunciado que llevará el caso a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema. Aparte de la colecta de firmas convocaron a una manifestación, primero frente a la sede de la Fiscalía y luego frente al Centro Judicial Isidro Menéndez. Y al final resulta que es el presidente de la República que en su cuenta de Twitter convoca a esta manifestación para exigir ‘depuración de jueces’.
Bajo esta presión de la opinión pública, ¿cómo podemos esperar que los jueces de la Corte Suprema van a analizar el caso con independencia? ¿Y cómo van a actuar los jueces de todas las instancias inferiores que en el futuro van a tener que juzgar casos parecidos?
El populismo político, que se ha adueñado no solo del gobierno sino de diputados, incluso de la oposición, de periodistas y columnistas, y obviamente de los ‘influencers’ que dominan las redes sociales, está orquestando toda su presión para generar un ‘populismo judicial’, es decir una justicia que depende de la opinión popular. Esto no lo podemos permitir. Hay que defender la independencia de la justicia. Hay que crear un clima que permita a los jueces y fiscales administrar la justicia con racionalidad, libre de las emociones que predominan en la opinión pública.
No es el presidente de la República el que administra la justicia, define delitos y señala culpables. Mucho menos los ‘influencers’ en las redes sociales.
¿Y si una mayoría de ciudadanos está de acuerdo con la presión sobre la justicia? No importa, la justicia no puede depender de mayorías populares, sino solamente de jueces independientes que sentencian con criterios técnicos derivados estrictamente de la ley. La justicia no es democrática porque todos la podemos influenciar, sino por la independencia de sus instituciones.
El ‘caso Escalante’ irá a apelación, y la Sala Penal de la Corte Suprema tendrá la última palabra sobre el carácter de delito. Pero ojo: Ya sabemos a qué clase de insultos y amenazas serán objetos los magistrados de esta Sala. Ojalá que sepan defender su independencia.
El hashtag #TocarNiñasEsDelito funciona bien en Twitter, pero no en la racionalidad judicial. Siempre los jueces tendrán que decidir, viendo todas las circunstancias, si realmente es delito. El señor Escalante, si es culpable, tendrá el castigo que la ley demanda. La ley, no la calle o Casa Presidencial.
Saludos,
Posdata: Van a acusarme que estoy defendiendo a pedófilos y a jueces corruptos. Son gajes del oficio. Alguien tiene que defender la racionalidad.
