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| Daniel Olmedo, abogado |
Publicado en EL DIARIO DE HOY, 24 julio 2019
El Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional estaban en plena guerra. En medio de las balas se desarrollaban las negociaciones para alcanzar la paz. Las partes no habían definido los términos para cesar el enfrentamiento, pero en 1991 alcanzaron un acuerdo preliminar. No era algo menor, se trataría de reformas constitucionales.
El 29 de abril era el penúltimo día de la Legislatura 1988-1991. Los partidos políticos representados en el Congreso aprobaron las reformas constitucionales que otros acordaron en la mesa de negociación. El 31 de octubre de ese año la siguiente Legislatura ratificó la reforma constitucional.
El decreto legislativo mediante el que se hizo tal ratificación decía: “Esta Asamblea estimó procedente estudiar [las reformas constitucionales aprobadas por la Legislatura anterior] para su ratificación en cuatro aspectos en el orden siguiente: derechos humanos, materia electoral, materia judicial y Fuerza Armada”.
Resulta que una de las principales reformas en materia de derechos humanos fue la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Se reformó el artículo 194 de la Constitución y en él se incorporó al Procurador de esa entidad como parte del Ministerio Público; ahí se le asignaron sus funciones constitucionales.
Las circunstancias que llevaron a crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos revelan la importancia de la responsabilidad que se le otorgaba a la institución. Casi treinta años han pasado. Hoy es triste ver en lo que se convirtieron aquellas expectativas.
Hace tres décadas se pretendía construir una voz que, dentro del mismo Estado, señalara las violaciones a los derechos humanos. La institución comenzó pujante, pero luego fue desacelerándose. Los momentos de señalamientos contundentes fueron excepciones en una regla general de silencio y marginalidad institucional.
La principal función de la Procuraduría para los Derechos Humanos es investigar casos de violaciones a los derechos humanos. Es cierto que la institución carece (por su naturaleza) de una potestad sancionadora ante quienes identifique como responsables de este tipo de violaciones. Pero el impacto que supone un contundente y claro señalamiento de un funcionario como violador de los derechos humanos no es poca cosa; es un cuestionamiento que mina significativamente la legitimidad del responsable de tales violaciones. Además, la Procuraduría puede activar otros mecanismos judiciales o administrativos para que tales señalamientos trasciendan a sanciones o a mecanismos efectivos de prevención o resarcimiento.
El gran problema de El Salvador es la inseguridad. De ahí que es totalmente razonable que los esfuerzos estatales se dirijan, principalmente, a enfrentar ese problema. Pero el uso de la fuerza pública en los distintos ámbitos está ceñido a límites, y uno de ellos es respetar los derechos humanos. Es por ello que en esta coyuntura se hace particularmente importante posicionar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como el contralor que se proyectó hace treinta años, y la oportunidad de hacerlo está en el proceso de elección del próximo titular de la institución.
No hay metáfora en decir que las reformas constitucionales que llevaron a la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos costaron sangre, y mucha. De ahí que es preciso valorar nuestra historia y proteger los avances logrados.
La manera de hacerlo hoy es que la Asamblea Legislativa asuma la importancia de su función al elegir al próximo procurador. Eso implica que debe escoger a una persona que saque a la Procuraduría de la marginalidad burocrática en que se encuentra y la ubique como la voz independiente que cuestione al poder sin miramientos; tal como se pretendió hace treinta años.