Nos hicimos amigos con Raymond Bonner en diciembre del 1981,
cuando salimos juntos a El Mozote para investigar la masacre. El
reportaje que Bonner publicó en THE NEW YORK TIMES, más otro que
escribió Alma Guillermoprieto para el WASHINGTON POST y las fotos de
Susan Meisalas que corrieron por el mundo entero, confirmaron las
denuncias hechas por Radio Venceremos de la muerte de unos mil civiles a
manos del BatallónAtlacatl.
Constatar la masacre con los ojos de sus
propios reporteros fue la única manera que los medios más influyentes
iban a publicar esta noticia tan sustancial, que de hecho cambió el
debate en Estados Unidos sobre la ayuda militar para El Salvador. Nunca
voy a olvidar la ira que sintió Bonner al darse cuenta de la dimensión
de la masacre, y de ahí surgió su valor de documentar algo que el
gobierno de su país categoricamente desmentía y tildaba de propaganda
comunista. Este valor le costó incluso su trabajo en el NEW YORK
TIMES. Publicaron el reportaje, pero luego cedieron a la presión de
Washington…
Ahora, 38 años después, Raymond Bonner vuelve a escribir en THE NEW YORK TIMES sobre El Mozote, en una columna de opinión sobre
el debate que aquí en El Salvador se ha desatado sobre cómo llegar a la
verdad y la justicia en este tipo de capítulos oscuros de la guerra. Y
esta vez tengo que disentir con mi amigo Raymond.
Bonner escribe en el NYT: “Ahora el FMLN (con 23 diputados en la
Asamblea Legislativa de 84 miembros) está apoyando un proyecto de ley
sobre reconciliación nacional propuesto por ARENA (con 37 diputados),
que equivale a una amnistía de hecho para los delitos cometidos durante
la guerra. Los políticos pueden tener aliados extraños, ¿pero esto?”.
Esto no es lo que está pasando. No es una ley de ARENA, la
que por razones extrañas apoya la ex guerrilla. Resumamos cómo se llegó
al punto de discutir hoy, 27 años después de la firma de la paz, una Ley
de Reconciliación. En 1992, la Asamblea Legislativa decretó una primera
Ley de Amnistía, necesaria para que los combatientes y comandantes de
la guerrilla pudieran deponer sus armas, regresar a la vida legal e
insertarse en el sistema político, así como acordaron en los Acuerdos de
Paz. De esta amnistía quedaron exentos los crímenes de guerra y de lesa
humanidad que iba a investigar la Comisión de la Verdad instalada por
Naciones Unidas.
El informe de esta comisión fue presentado en 1993 y documentaba una
serie de crímenes, la gran mayoría cometida por fuerzas
gubernamentales, y otras por la guerrilla. Según la ley de amnistía
vigente del 1992, estos crímenes señalados por el informe de la
Comisión de Verdad, entre ellos la masacre de El Mozote, tendrían que
llevarse a los tribunales.
Ubiquémonos en el año 1993. ya no había guerra, pero tampoco había garantía de paz
La parte esencial de los acuerdos firmados en enero 1992 todavía no estaba cumplida. Había un cese al fuego, había desmovilización y entrega de armas del FMLN, pero las estructuras guerrilleras no estaban del todo desmontadas y desarmadas; la Fuerza Armada todavía no estaba depurada; los batallones especiales (como el Atlacatl, que cometió las masacres de El Mozote y la UCA) aún no estaban desmovilizados; la nueva Policía Nacional Civil todavía no existía, sino que siguió patrullando la vieja Policía Nacional. La Corte Suprema de Justicia todavía estaba en manos de personeros como Mauricio Gutierrez Castro. Ni siquiera se había comenzado con una depuración de la Fiscalía.
La paz todavía podía colapsar de un momento a otro.
En esta situación crítica, densa y
peligrosa, que muchos ya han olvidado (y otros ya no la vivieron),
¿cómo comenzar con juicios contra los jefes militares y guerrilleros?
¿Qué confianza se podía tener en la justicia, en la Fuerza Armada, en
la guerrilla y en la solidez del cese al fuego? Ninguna confianza
ciega.
En 1993, la decisión de dar una amnistía general fue lógica,
necesaria y justificada. Había un conflicto entre dos imperativos: la
paz y la justicia, y lo único sensato, necesario e incluso justo fue
priorizar la paz.
No tenemos derecho de revertir retrospectivamente lo que fue
necesario y justo en 1993. Hoy, 26 años más tarde, no podemos venir y
decir: como ya no estamos ante un cese al fuego frágil y ante el
peligro de una nueva guerra civil, revirtamos nuestra decisión de
prioridades –hoy es hora de aplicar la justicia. La historia no se puede
reescribir, tampoco las partes que a uno le causen problemas éticos.
Lo que está haciendo la Asamblea ahora es cumplir un mandato de la Sala de lo Constitucional y llenar un vacío legal
La Sala declaró nula la amnistía del
1993, pero tenía plena conciencia que esto podía causar un caos
jurídico. con avalanchas de juicios contra todos los protagonistas de
la guerra, que podía comenzar con intenciones justas de búsqueda de
verdad pero convertirse en una cadena de venganzas. Por esto la
Sala ordenó a la Asamblea aprobar una ley que priorice la búsqueda de
la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición de los
crímenes.
Esto es lo que está haciendo la
Asamblea. Lo hizo mal, no supo involucrar y armonizar las posiciones
encontradas en la sociedad civil. No supo valorar que esta ley, para
ser aceptada por la sociedad, no podía salir de una comisión integrada
por ex militares y ex guerrilleros.
Como reacción a estos errores surgen
nuevamente voces que piden castigo, cárcel, incluso venganza. Hablan de
verdad y justicia, pero no aceptan una ley que no lleve a la cárcel a
los responsables.
El periodismo, sobre todo cuando es ejercido por los que sí vivimos
las angustias de la transición de la guerra a la paz, tiene que ser
responsable cuando trate esta problemática.
