Estimado Douglas Meléndez:
Ya todos sabemos que la PNC no está interesada a esclarecer el
“caso GRP”, que es el caso detrás de la desaparición milagrosa de la
agente Carle Ayala – y del agente que la hirió y secuestró. Ahora nos
damos cuenta que la fiscalía también está manejando este caso de manera
muy extraña.
El juez del caso, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, denunció que la
fiscalía no le ha dado a conocer unos videos que tiene en su poder la
fiscalía, que podrían aportar a esclarecer lo que realmente pasó esta
noche de fin del año 2017, y cómo actuaron agentes y jefes del GRP que
no actuaron para evitar la fuga del agente Juan Josué Castillo Arévalo y
el secuestro de Carla Ayala, ya herida por su agresor.
El argumento de la fiscalía que no presentan estos videos al juez es muy extraña y a todas luces inaceptable: “por confidencialidad” y “por falta de pericia”. Lo normal es entregar todas las pruebas al juez del caso, y si hay un problema de confidencialidad, solicitarle la debida reserva. Y si hacen falta más pericias, que los ordene el juez.
El
buen juez ha sido hasta piadoso con ustedes, por lo menos en sus
declaraciones públicas. Solo señaló que la omisión de los fiscales de
entregarle todas las pruebas complicó y hizo innecesariamente cara las
reconstrucciones en sitio que el juez ordenó. Espero que en privado le
hizo ver a los fiscales del caso, o incluso a usted como responsable del
trabajo de todos los fiscales, que la omisión de pruebas tiene
consecuencias aun mucho más serias: pone en duda la voluntad de la
fiscalía y pone en riesgo la validez del juicio contra los integrantes
del GRP.Como observador, uno inevitablemente regresa a la gran duda que este caso nos provoca: ¿Qué quieren esconder, y a quiénes quieren proteger las autoridades de Seguridad? Y lamentablemente, ahora a uno le surgen las mismas dudas respecto a la fiscalía.
Pero la Fiscalía General de la República no puede ser sujeto de este tipo de dudas. Tiene que actuar consciente que la confianza en su institución es clave para el funcionamiento del Estado de Derecho. Todos los fiscales actúan a nombre del fiscal general como titular, así que de Usted depende ordenar que el juez tenga acceso completo e irrestricto a todas las pruebas en posesión de la fiscalía.
¿Cómo entender que usted, que por cada ladrón capturado aparece gustosamente ante las cámaras y micrófonos, no se haya pronunciado sobre este conflicto entre fiscales y el juez, y sobre los problemas jurídicos y éticos implicados?
Saludos,
