La seguridad pública está en manos de dos instituciones: por
una parte, en la del Presidente de la República, quien por mandato
constitucional es el responsable directo tanto de la Seguridad Nacional
(con sus instrumentos Fuerza Armada y Organismo de Inteligencia del
Estado), como de la Seguridad Pública (con sus instrumentos Ministerio
de Seguridad, PNC y Dirección General de Centros Penales). Por otra
parte, la Fiscalía General de la República. Ante el fracaso de sus
gestiones, ambos –Presidente y Fiscal General- están haciendo el mismo
movimiento: echar a andar una rueda de caballitos, cambiando sus piezas
claves de un cargo al otro. El Fiscal General cambió a 90 (!) jefaturas,
pero sin depurar a nadie. Lo mismo va a anunciar el Presidente de la
República en estos días: el ministro de Seguridad iría a Casa
Presidencial, como Comisionado de Seguridad; el director de la PNC sería
nombrado ministro de Seguridad; el subdirector de la PNC ascendería a
director; el director de Investigaciones subiría a subdirector.
En ambos casos, ninguna depuración. Parece que ninguno de estos funcionarios ha fallado en nada y ninguno de ellos es responsable del fracaso de las políticas de Seguridad –porque nadie fue destituido. En el caso del Ejecutivo, todos ascendieron a más poder. En el caso de la Fiscalía, simplemente los rotaron.
Tampoco hay ninguna reingeniería, que muchos expertos consideran necesaria para dar más eficiencia a la PNC, Centros Penales y FGR. La misma estructura, con otras caras…
Nadie sabía cuál era la competencia de Hato Hasbún como Comisionado Presidencial de Seguridad, en comparación a Óscar Ortiz, que tienen un título parecido. Y nadie lo sabrá ahora que el ministro Ramírez Landaverde asume este cargo vacante por la muerte de Hato Hasbún. El Consejo de Seguridad Ciudadana no funcionaba cuando lo coordinaba Hato Hasbún, porque solo producía planes románticos que el aparato de Seguridad, controlado por Landaverde y Coto, nunca implementó. Donde el “Plan El Salvador Seguro” del Consejo hablaba de la prioridad de la prevención, la PNC hablaba con hechos represivos: militarización de la PNC, despliegue de tanquetas, formación de batallones de choque en la PNC, enfrentamientos en vez de inteligencia y detenciones, grupos de exterminio, , medidas extraordinarias (Estado de Excepción en los penales)…
Si Hasbún como generador de gobernabilidad y concertación no pudo hacer valer el Consejo, ¿cómo lo va a hacer el policía Ramírez Landaverde? Vienen tiempos más oscuros para los hombres y mujeres de buena voluntad que están poblando este Consejo…
Lo único que se puede concluir de los cambios del gabinete de Seguridad es que los halcones van a tomar el control total. Los hombres de la guerra contra las pandillas ya no van a dejar ningún espacio para los que hablan de la guerra contra la pobreza, la marginación y la violencia.
Con este equipo, Salvador Sánchez Cerén va a dirigir su política de seguridad en los 600 días que les quedan en el gobierno. Más el ex jefe de las fuerzas antipandillas de la PNC, Marco Tulio Lima, quien asume la dirección de Centros Penales. Más el omnipresente vicepresidente Óscar Ortiz que ha asumido el rol del gran comunicador del gabinete de Seguridad. Si fuera de las cámaras tiene incidencia real sobre los planes de guerra, esto es una de las grandes incógnitas de este gobierno.
Sin depuración, sin asignación de responsabilidades por los fracasos, sin reingeniería y sin un cambio radical de planes, estrategias y formas de operar, es difícil suponer que las cosas van a cambiar para mejor. Todo indica el cambio será para peor: habrá más improvisación; más represión sin focalización, afectando (y por tanto radicalizando) a todo el contorno social que convive con las pandillas en las comunidades marginadas; proyectos de prevención diseñados con criterios electorales…
Precisamente por estas razones ha fracasado la política de seguridad del FMLN. Los planes de represión apuestan al exterminio, no a la aplicación de la ley ni mucho menos a la generación de paz. Los planes de prevención no funcionan porque son percibidos por las comunidades como parte complementaria del plan de guerra, no como esfuerzos para erradicar la marginación. Además su diseño e implementación están en manos de una extraña mezcla de activistas partidarios y burócratas, que tienen en común que poco se ensucian las botas, poco patean calle, poco se relacionan con los liderazgos comunales.
Mientras todo esto no cambia, el Plan El Salvador Seguro será pantalla, y detrás de ella avanzaría la respuesta violenta del Estado a fenómenos que necesitan respuestas integrales e inclusivas. Esto se expresa en los números de homicidios, que nunca bajan de manera sostenida. Se expresa en una población marginada que comienza a ver a la PNC como amenaza… y mañana como enemigo.
(EL DIARIO DE HOY)
