Pelear por la transparencia es una lucha importante. La transparencia es el antídoto más adecuado contra la corrupción. Un arma eficaz en manos de la prensa y de los movimientos ciudadanos para enfrentar malos gobiernos y partidos corrompidos.
Pero esta lucha justa está en peligro de pervertirse, si la convertimos en una nueva religión, olvidando que, como todo, también la transparencia tiene que tener límites impuestos por la racionalidad. Nada peor para las causas justas que el absolutismo.
Luego de 3 años de hacerle caso a la Sala de lo Constitucional, y bajo la amenaza de que esto les iba a costar la codiciada “deuda política”, los diputados legislaron sobre la transparencia de las donaciones de personas y empresas privadas a los partidos. Decidieron que tienen que ser públicos los nombres de cualquier persona que dona más de $1,500 al año, y de las empresas que donen más de $5,100 al año.
Se desató una tormenta de indignación el redes sociales y entre activistas de movimientos ciudadanos: ¿Cómo se atreven los partidos a no revelar todas las donaciones, por más mínimas que sean? El alcalde y autonombrado candidato presidencial Bukele, siempre buscando de ponerse a la cabeza de causas populistas, exigió que los partidos tienen que rendir cuentas hasta por donaciones de $0.01.
¿Pero por qué hemos luchado por transparentar el financiamiento de los partidos? ¿Por que la Sala ordenó que no puede quedar en lo oscuro? ¿En serio se trató de saber si un ciudadano aporta con $100 dólares a su partido? ¿Necesitamos saber si nuestros vecinos donan $50 dólares al FMLN o a ARENA? ¿Existe el peligro de corrupción si un empresario manda mensualmente $400 dólares a un partido? ¿De esto se trata la transparencia?
No. Se trata de la sospecha de que un partido comprometa sus decisiones políticas a grupos del poder económico. Y de la sospecha que fondos provenientes de actos de corrupción o crimen organizado compren favores políticos. Ambas sospechas tienen fundamento. Por esto es esencial que estas transacciones sean transparentes.
Pero ningún ciudadano va a corromper a un partido con donaciones que no pasen de $1,500 al año, y ninguna empresa con aportes anuales que no lleguen a $5,000.
¿Cuál es el interés público que nos obliga a insistir que cada ciudadano o pequeño empresario tenga que revelar donaciones modestas? ¿Y no queremos que los partidos, en vez de financiarse haciendo compromisos con el gran capital, tengan un financiamiento horizontal de pequeños donantes y de sus propios militantes?
Sospechar de los partidos es sano y necesario. Pero esto no puede convertirse en una oda, y mucho menos en una cacería de brujas. Solo les pido que piensen antes de protestar. Saludos,
(MAS! / EL DIARIO DE HOY)
