Recuerdo, como si hubiera sido ayer, la
jornada caótica del 1 de marzo 2015, en la cual serví de secretario de
una Junta Receptora de Votos. La jornada comenzó a las 3 de la madrugada
y terminó a las 7 de la mañana siguiente. 27 horas. En el día, durante
la votación, todo iba bien. El caos comenzó cuando iniciamos el conteo.
El Tribunal Supremo Electoral no había creado las mínimas condiciones
para un conteo correcto, rápido y confiable. Las “mesas” electorales no
tenían a mesas, nos hicieron trabajar sobre pupitres de niños, donde ni
siquiera cabían los formularios por llenar. Las actas estaban compuestas
por papel químico, con 12 copias, de las cuales más de la mitad
salieron ilegibles. Ni siquiera había suficientes sillas. Los vigilantes
de los partidos tuvieron que turnarse los asientos o sentarse en el
piso.
La mayoría de los miembros de las JRV no tenía la suficiente instrucción y los pocos que entendieron cómo contabilizar las marcas por cara y los votos cruzados perdieron horas explicándoles a los demás y enfrentando la desconfianza de los que nunca lo entendieron.
Todos nos acordamos de las consecuencias: No sólo el conteo se alargó hasta la mañana del lunes, sino luego, en el escrutinio final del TSE, cientos de actas resultaron incompletas o incongruentes, miles de votos mal asignados o no contabilizados. Pasamos semanas hasta que recibimos el resultado final y pocos salieron convencidos de que eran correctos.
Desde estas elecciones fracasadas han pasado dos años y medio, pero poco o nada han hecho la Asamblea y el Tribunal para evitar que el caos y el fracaso se repitan. Igual que la Asamblea anterior, la actual no cumplió su responsabilidad de legislar sobre la aplicación del voto cruzado. Las reglas las sigue definiendo el Tribunal Electoral –el mismo que mostró nula capacidad de organizar las últimas elecciones y el escrutinio final de manera transparente, rápida y confiable. En marzo 2015 hubo un consenso de que el magistrado presidente Julio Olivo tenía que ser sustituido: por incapacidad, arrogancia, y parcialidad. El señor continúa al mando del Tribunal y dando declaraciones incoherentes.
Ahora, luego de 29 meses perdidos, nos damos cuenta de que la mayor parte de los problemas que hicieron fracasar las elecciones del 2015 aún no están resueltos: hay falta de financiamiento, por culpa no sólo del gobierno sino también de la Asamblea que aprobó el presupuesto; faltando 6 meses y medio a las elecciones de marzo de 2018, nadie sabe qué tipo de tecnología se va a adquirir para optimizar el conteo en las mesas y luego transmitir y procesar los datos. Lo más probable es que el conteo otra vez se hará de forma manual.
Y se agregó un problema adicional: la Sala sentenció que los miembros de las 10 mil Juntas Receptoras ya no serán seleccionados y entrenados por los partidos, sino que tendrán que ser ciudadanos no afiliados. Nadie sabe de dónde van a salir y cómo los van a entrenar y motivar. Otra vez: la Asamblea tuvo suficiente tiempo para legislar al respecto, pero nuevamente dejó al Tribunal definir las reglas y los mecanismos.
Con la insuficiencia de presupuesto electoral es casi inevitable que las condiciones físicas en las mesas serán igual de insuficientes (para no decir infrahumanas).
La única manera de garantizar un conteo rápido y confiable sería dotar cada mesa con una computadora, adecuadamente programa, que generaría las actas, en vez de llenar a mano infinidad de formularios, luego apuntar los votos haciendo rayas en pizarras y sumarlas con calculadoras. Es poco probable que se dispondrá de las computadoras, de los programas y de gente entrenada para manejarlos. El TSE habla de la compra de escáneres, para digitalizar las actas y luego transmitirlas. Pero escáneres son tecnología del siglo pasado que no ayuda en nada a las juntas a contabilizar los votos y las marcas por cara.
La manera más adecuada de reclutar y entrenar a los decenas de miles de miembros de la Juntas Receptoras hubiera sido mediante convenios con las universidades, pero para esto a Asamblea hubiera tenido que emitir un decreto. Lo más probable es que no habrá suficientes voluntarios y que los sorteos entre ciudadanos resultarán en juntas receptoras que sin la motivación suficiente para este trabajo maratónico -y que muchos de ellos, otra vez, no tendrán la preparación idónea.
Si Gobierno y la Asamblea no garantizan, de manera inmediata, el presupuesto adecuado para las elecciones; si el TSE no adquiere la tecnología adecuada (que por cierto le fue ofrecida); y si no se diseña un mecanismo adecuado para reclutar y entrenar al ejército que necesitan las mesas, está programada otra elección caótica sin confiabilidad en los resultados. La primera vez puede haber sido por accidente e incapacidad, la segunda vez huele a diseño de fraude.
(El Dario de Hoy)
