Ya todos los sensatos han aterrizado en
dos conclusiones: es necesaria una reforma de pensiones; y tiene que
partir de una estudio eminentemente técnico, no de premisas ideológicas.
El sistema privado, basado en ahorros individuales de cada cotizante y su rentabilidad, todavía no ha podido probar su validez, porque está distorsionado en varios sentidos. Primero, todavía está en etapa de transición, porque la mayoría de sus actuales cotizantes no ha entrado desde el principio de su vida laboral. Segundo, los ahorros no han tenido plena rentabilidad, porque el gobierno se sirve de los ahorros para financiarse con tasas de interés muy por debajo de las tasas de mercado. Y la tercer distorsión son los salarios tan bajos que tiene la mayoría de los cotizantes: No hay magia que puede convertir salarios de hambre en pensiones dignas.
Para reformar el sistema privado de pensiones, primero tenemos que abstraernos de la transición y hacer todos los cálculos sobre la base de que todos entran al sistema desde el inicio de su vida laboral. Solo alguien que ha cotizado toda la vida puede esperar una pensión digna.
Hay que hacer otra abstracción: analizar el sistema de pensiones sin mezclarlo con el problema fiscal del Estado. Y esto no sólo en cuanto a la mezcla burda que hace el actual gobierno queriendo confiscar los miles de millones de ahorros de pensiones para resolver su grave problema fiscal. También hay que separar limpiamente la discusión sobre el sistema previsional de la otra que se llama ‘pensión universal’. La idea de una pensión universal que garantice el Estado a todos sus ciudadanos no es mala, pero no es parte del sistema previsional, sino de una política social del Estado. El sistema previsional se financia con las cotizaciones de empleados y patrones, y de la rentabilidad que obtienen estos ahorros. La políticas sociales del estado, en cambio, se financian con fondos del Estado, o sea con impuestos de todos los ciudadanos y todas las empresas, aplicando el principio de solidaridad.
Si no se separa limpiamente estos dos sistemas el resultado va a ser siempre un arroz con mango como la actual propuesta del gobierno.
Esto significa: El Estado, con los impuestos de todos, tiene que financiar no solo las pensiones que decida pagar a ciudadanos que no han trabajado dentro del sector formal, también tiene que pagar el complemento necesario a las pensiones de los trabajadores que sí han cotizado, pero cuyos ingresos han sido tan bajos que el sistema previsional no puede producir una pensión digna. Alguien que durante toda la vida ha ganado salario mínimo, como la mayoría de la población, por lógica matemática tendrá en el sistema de pensiones una pensión debajo del salario mínimo. Y sería justo que el Estado use fondos públicos provenientes de nuestros impuestos para complementar estas pensiones. Es una tarea del Estado y de sus políticas sociales, no de las AFP, no del universo de cotizantes. Si hay que decidir un aumento del IVA, dedicado exclusivamente a financiar esta pensión universal, merece todo el apoyo.
Una vez que el sistema de pensiones basado en cotizaciones y rentabilidad esté limpiamente separado del sistema de pensión universal (incluyendo la complementaria para población con bajos ingresos), ya es relativamente fácil la reforma que hay que hacer al sistema previsional para garantizar su rentabilidad. Hay que analizar cada uno de los factores que influyen en el resultado, y posiblemente modificarlos: la edad de jubilación, que en El Salvador es más baja que en el resto de la región; la taza de cotización que pagan trabajadores y patronos; los intereses que paga el gobierno cuando obliga a las AFP a prestarle miles de millones de dólares para financiarse; la comisión que cobran las AFP (y por tanto, sus ganancias)…
Pero esto ya será un problema de buena matemática, y ya no asunto de una lucha casi religiosa sobre solidaridad versus rentabilidad, sistema privado versus sistema estatal o mixto.
Y luego, una vez que tengamos diseñado un sistema de previsional eficiente y confiable, podemos discutir sobre todos los problemas estructurales que distorsionan el debate sobre las pensiones: el problema fiscal del estado; la ampliación de la cobertura del sistema previsional; el salario mínimo que produce pensiones mínimas; la idea de una pensión universal y cómo financiarla entre todos.
(El Diario de Hoy)
