Quienes tienen la idea que este Consejo
va a ser una entidad independiente, que representa a la sociedad civil y
concierta con el gobierno, debe leer lo que Casa Presidencial publica en su
pagina oficial: “El
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana surge como una iniciativa del
presidente Sánchez Cerén para incluir a distintos sectores de la sociedad en la
concreción de la estrategia de seguridad, consciente de la importancia de que
toda sociedad salvadoreña debe ser partícipe de la solución al problema de
inseguridad que vive el país desde hace años (…) Esta instancia forma parte del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que dirige el propio Presidente de la
República para afrontar de manera integral el fenómeno de la inseguridad en El
Salvador.”
En
todos los documentos del proceso de formación del Consejo, extrañamente ni
siquiera aparecen las palabra tregua y pandillas. Para evitar que el Consejo
arranque con un acto de amnesia y represión (no como término policial sino
sicológico), aquí reproduzco la sinopsis de un artículo largo que en estos días
publicaré en la revista española ‘Tiempos de Paz’, bajo el título: ‘Defensa de
la Tregua’.
La tregua,
como se ha dado a llamar el proceso de reducción de violencia de las pandillas
en El Salvador, produjo en marzo 2012 una reducción de la tasa de homicidios de
un promedio diario de 12 a uno promedio diario de 6. Esta reducción se sostuvo
estable hasta finales de mayo 2013, debido a la construcción de un sistema
nacional de mediación, en el cual participaron los mediadores iniciales,
alcaldes, religiosos, ONGs y representantes de las pandillas. El gobierno,
mediante el ministerio de Justicia y Seguridad, la dirección general de la
Policía Nacional Civil y de la Dirección de Centros Penales facilitó el
funcionamiento de este sistema de mediación, respetando el carácter
independiente de los intermediarios.
A pesar de los
logros de este proceso, que a partir de enero 2013 aterrizó en la concertación
de pactos locales de paz y reinserción en 11 municipios (Municipios Sin
Violencia), sus promotores fallaron en el intento de generar apoyo en la
sociedad civil, en la opinión pública y en el sector privado, para los
supuestos principales de este proceso:
-que había que
abandonar la estrategia oficial vigente por décadas que había que desmantelar a
las pandillas, y desarrollar condiciones para insertarlas en la vida social,
legal, y productiva del país;
-que en este
proceso de reinserción, gran parte de los pandilleros (se estima que existen
entre 40 y 60 mil en El Salvador) y sus bases sociales (se estima medio millón
de salvadoreños) iban a abandonar la delincuencia y la violencia, siempre y
cuando se les abrieran espacios de inserción laboral y productiva;
-que la única
manera de producir esta reinserción, y por tanto pacificación, es en
concertación con las pandillas y aprovechando sus liderazgos para genera,
administrar y supervisar este proceso colectivo de inserción;
-que este
proceso no supone una negociación entre gobierno y pandillas, sino un proceso
dentro de la sociedad civil que decide reconciliarse con sectores al margen de
la ley
-pero que el
gobierno tiene que asumir dos funciones: a) facilitar los mecanismos de
mediación; b) aprovechar la reducción de la violencia lograda por la tregua
para transformar los guetos donde surge el fenómeno pandillas.
Estos puntos
no fueron bien comunicados. Por lo contrario, la oposición política, la
fiscalía y los principales medios de comunicación crearon una presión política
contra la tregua y la facilitación que el gobierno le brindaba tan fuente que
el gobierno, en junio del 2013, se desmarcó del proceso y comenzó a
obstaculizar los mecanismos de mediación. De todos modos, el gobierno nunca
cumplió su promesa de inversión social en los municipios conflictivos.
Resultado de
esto, la tasa de homicidios volvió a subir nuevamente. Sin embargo, al asumir
en junio 2014 el nuevo gobierno, las pandillas expresan que mantienen sus
compromisos con el proceso de pacificación iniciado con la tregua y exigen al
gobierno que resuma su rol de facilitación y que cumplir su compromiso de
invertir en la transformación de los barrios. También los mediadores han
expresado su voluntad de seguir apoyando el proceso de reducción de violencia.
Al
sólo estar disponible la revista con este análisis, de forma completa, con
gusto la haré llegar a Casa Presidencial.
(El Diario de Hoy)