Pero ya que abren la caja de Pandora, ábranla
bien. Ya que comenzarán a investigar a la Cel, investiguen todo. Ya que
los actuales presidentes de la República y de la Cel, Funes&Samour, y
sus antecesores, Saca&Salume, hablaron tanto de la defensa de
nuestra industria geotérmica contra "la privatización escondida" a favor
de ENEL, por favor investiguen la privatización de las acciones
mayoritarias de LaGeo a favor de una Sociedad Anónima llamada INE, S.A.
de C.V. Esta operación fue hecha por la pareja Saca-Salume: Las acciones
que controlan LaGeo las pasaron de la Cel, que como autónoma es sujeta a
audición de la Corte de Cuentas, a la INE, S.A. de C.V., que es
propiedad de la Cel, pero como sociedad anónima no rinde cuentas a nadie
más que a sus dueños, o sea la misma Cel.
Esta operación sí tiene todas las características de una privatización y como tal hubiera requerido de un decreto legislativo de la Asamblea. Cosa que no se hizo: El traspaso de las acciones del Estado a una sociedad anónima lo aprobó la Junta Directiva de la Cel, presidida por Nicolás Salume —el hombre que quedó dirigiendo la Cel incluso luego de la llegada de Funes a la Presidencia.
Ya que la Fiscalía investigará esta transacción, que por favor incluya en su agenda el uso de los millones de dólares que ingresaron a la INE en concepto de los dividendos de la LaGeo. LaGeo hace un promedio de 80 millones de ganancia al año —y de esto, el 65% ingresa a la INE, S.A. de C.V. ¿En qué se han utilizado estos millones? Tal vez ahora que la Fiscalía crea su comisión especial para investigar a la Cel, al fin lo sabremos...
Y si la Fiscalía quiere mostrar que tiene dientes e independencia, que de un solo investigue todo el paquete del proyecto El Chaparral: la manera cómo fue adjudicado el proyecto; cómo se dispararon los costos, tanto que al final esta presa ya no será rentable. ¿Y quién se inventó el cuento de la montaña que se había movido? ¿Cómo quedó al final la negociación con la empresa constructora que abandonó El Chaparral, pero ahora construye la carretera de los Chorros?
Aun así la investigación de la Cel estaría lejos de ser completa. Falta que la Fiscalía investigue los contratos de seguros de la Cel: ¿Quiénes cobraron durante años comisión sobre los contratos de seguros de la Cel y sus subsidiarias hasta que al fin se decidió ahorrarse estos millones haciendo contratos directos sin intermediación? Falta también que la Fiscalía analice los ingresos que devengan los presidentes de la Cel y sus subsidiarias LaGeo e INE. Sería bueno, para aclarar las cosas, que se compare estos ingresos con los que se pagaron a don Billy Sol Bang y a Jorge Simán Zablah, quienes ahora están siendo acusados por el presidente Funes de haber atentado contra el patrimonio nacional.
Recomiendo que investiguen también cómo llegaron a la suma de 10 millones de dólares de honorarios que cobraron los abogados de la Cel para perder el caso internacional contra la ENEL. Como la Cel perdió el juicio también tuvo que pagar los honorarios de los abogados de la parte ganadora. Lo irónico: los abogados que ganaron el caso cobraron apenas la cuarta parte de los abogados perdedores de la Cel.
Otra investigación, para otra subcomisión: ¿A quiénes la Cel y sus subsidiarias compraron el búnker para las plantas térmicas, que cada año se vuelven más indispensables, porque las otras fuentes de energía —la geotérmica y la hidroeléctrica— no han sido ampliadas en su capacidad de generación? En caso de que el proveedor del búnker resulte siendo pariente cercano de un expresidente de la Cel, ¿qué haría la Fiscalía?
Hablando de la ampliación de la capacidad de generación hidroeléctrica, la Fiscalía no puede dejar afuera de su investigación el último capítulo de esta tragedia: el proyecto de ampliación de la presa 5 de Noviembre. Lo primero que la Fiscalía debería investigar es la cuestión básica: ¿Es rentable para el país esta ampliación? El estudio de factibilidad fue hecho para una inversión máxima de $140 millones y dio parámetros de rentabilidad limitada. Pero ahora Cel adjudicó este proyecto a un consorcio brasileño por $189 millones. Expertos dicen que ganar 80MW por una inversión tal alta resultará en una rentabilidad negativa: el país pierde. Ojo: La Lacap establece la opción de modificaciones contractuales, por lo que existe el riesgo real que al final este proyecto nos cueste todavía 20% más, llegando a 223 millones de dólares. Esto puede pasar, por ejemplo, porque Cel adjudicó el proyecto sin haber terminado los permisos institucionales. Al demorarse los trámites (que es lo normal en este país) se aumentarán los costos, y el consorcio cobrará a Cel. Urge que la Fiscalía analice el proceso de licitación y determine si el proceso ha sido limpio.
Hay un aspecto que los fiscales deberían tomar en cuenta: La Cel puede aumentar su capacidad de generación en la 5 de Noviembre, pero no el caudal de agua del río Lempa. Hay expertos que predicen que los 80MW adicionales de este proyecto 5 de Noviembre sólo se generarán en temporada de lluvias. O sea, en verano, cuando más se necesita la energía adicional, estos 80MW no existirán. ¿Por qué, entonces, gastamos $189 millones en este proyecto?
La siguiente cosa a investigar: el proceso de licitación con un solo participante, que es un consorcio brasileño. Como era el único ganó la licitación. ¿Por qué no hubo otros ofertantes? ¿Es cierto que la Junta Directiva de la Cel se negó a ampliar el plazo para facilitar que entren otros ofertantes? Tal vez la Fiscalía logra esclarecer esto.
Siguiente investigación: ¿Es cierto que la firma que Cel contrató para asesorar todo el proyecto 5 de Noviembre tiene vínculos directos con el consorcio brasileño que se llevó el proyecto de 189 millones de dólares?
Repito: Me alegro que el presidente Funes se haya visto obligado a solicitar al Fiscal General una investigación exhaustiva de la Cel. Siempre tuve la sensación de que todo este escándalo de no querer cumplir el fallo en el caso de ENEL sirve de cortina de humo para esconder todas las demás anomalías en el manejo que los gobiernos de Saca y Funes han hecho de la Cel y sus subsidiarias. Levantemos la cortina y veamos qué hay detrás de ella. Enhorabuena.
Esta operación sí tiene todas las características de una privatización y como tal hubiera requerido de un decreto legislativo de la Asamblea. Cosa que no se hizo: El traspaso de las acciones del Estado a una sociedad anónima lo aprobó la Junta Directiva de la Cel, presidida por Nicolás Salume —el hombre que quedó dirigiendo la Cel incluso luego de la llegada de Funes a la Presidencia.
Ya que la Fiscalía investigará esta transacción, que por favor incluya en su agenda el uso de los millones de dólares que ingresaron a la INE en concepto de los dividendos de la LaGeo. LaGeo hace un promedio de 80 millones de ganancia al año —y de esto, el 65% ingresa a la INE, S.A. de C.V. ¿En qué se han utilizado estos millones? Tal vez ahora que la Fiscalía crea su comisión especial para investigar a la Cel, al fin lo sabremos...
Y si la Fiscalía quiere mostrar que tiene dientes e independencia, que de un solo investigue todo el paquete del proyecto El Chaparral: la manera cómo fue adjudicado el proyecto; cómo se dispararon los costos, tanto que al final esta presa ya no será rentable. ¿Y quién se inventó el cuento de la montaña que se había movido? ¿Cómo quedó al final la negociación con la empresa constructora que abandonó El Chaparral, pero ahora construye la carretera de los Chorros?
Aun así la investigación de la Cel estaría lejos de ser completa. Falta que la Fiscalía investigue los contratos de seguros de la Cel: ¿Quiénes cobraron durante años comisión sobre los contratos de seguros de la Cel y sus subsidiarias hasta que al fin se decidió ahorrarse estos millones haciendo contratos directos sin intermediación? Falta también que la Fiscalía analice los ingresos que devengan los presidentes de la Cel y sus subsidiarias LaGeo e INE. Sería bueno, para aclarar las cosas, que se compare estos ingresos con los que se pagaron a don Billy Sol Bang y a Jorge Simán Zablah, quienes ahora están siendo acusados por el presidente Funes de haber atentado contra el patrimonio nacional.
Recomiendo que investiguen también cómo llegaron a la suma de 10 millones de dólares de honorarios que cobraron los abogados de la Cel para perder el caso internacional contra la ENEL. Como la Cel perdió el juicio también tuvo que pagar los honorarios de los abogados de la parte ganadora. Lo irónico: los abogados que ganaron el caso cobraron apenas la cuarta parte de los abogados perdedores de la Cel.
Otra investigación, para otra subcomisión: ¿A quiénes la Cel y sus subsidiarias compraron el búnker para las plantas térmicas, que cada año se vuelven más indispensables, porque las otras fuentes de energía —la geotérmica y la hidroeléctrica— no han sido ampliadas en su capacidad de generación? En caso de que el proveedor del búnker resulte siendo pariente cercano de un expresidente de la Cel, ¿qué haría la Fiscalía?
Hablando de la ampliación de la capacidad de generación hidroeléctrica, la Fiscalía no puede dejar afuera de su investigación el último capítulo de esta tragedia: el proyecto de ampliación de la presa 5 de Noviembre. Lo primero que la Fiscalía debería investigar es la cuestión básica: ¿Es rentable para el país esta ampliación? El estudio de factibilidad fue hecho para una inversión máxima de $140 millones y dio parámetros de rentabilidad limitada. Pero ahora Cel adjudicó este proyecto a un consorcio brasileño por $189 millones. Expertos dicen que ganar 80MW por una inversión tal alta resultará en una rentabilidad negativa: el país pierde. Ojo: La Lacap establece la opción de modificaciones contractuales, por lo que existe el riesgo real que al final este proyecto nos cueste todavía 20% más, llegando a 223 millones de dólares. Esto puede pasar, por ejemplo, porque Cel adjudicó el proyecto sin haber terminado los permisos institucionales. Al demorarse los trámites (que es lo normal en este país) se aumentarán los costos, y el consorcio cobrará a Cel. Urge que la Fiscalía analice el proceso de licitación y determine si el proceso ha sido limpio.
Hay un aspecto que los fiscales deberían tomar en cuenta: La Cel puede aumentar su capacidad de generación en la 5 de Noviembre, pero no el caudal de agua del río Lempa. Hay expertos que predicen que los 80MW adicionales de este proyecto 5 de Noviembre sólo se generarán en temporada de lluvias. O sea, en verano, cuando más se necesita la energía adicional, estos 80MW no existirán. ¿Por qué, entonces, gastamos $189 millones en este proyecto?
La siguiente cosa a investigar: el proceso de licitación con un solo participante, que es un consorcio brasileño. Como era el único ganó la licitación. ¿Por qué no hubo otros ofertantes? ¿Es cierto que la Junta Directiva de la Cel se negó a ampliar el plazo para facilitar que entren otros ofertantes? Tal vez la Fiscalía logra esclarecer esto.
Siguiente investigación: ¿Es cierto que la firma que Cel contrató para asesorar todo el proyecto 5 de Noviembre tiene vínculos directos con el consorcio brasileño que se llevó el proyecto de 189 millones de dólares?
Repito: Me alegro que el presidente Funes se haya visto obligado a solicitar al Fiscal General una investigación exhaustiva de la Cel. Siempre tuve la sensación de que todo este escándalo de no querer cumplir el fallo en el caso de ENEL sirve de cortina de humo para esconder todas las demás anomalías en el manejo que los gobiernos de Saca y Funes han hecho de la Cel y sus subsidiarias. Levantemos la cortina y veamos qué hay detrás de ella. Enhorabuena.
(El Diario de Hoy)