Sin embargo, partes del contenido del documento se filtraron y se publicaron, pero no de manera completa y textual, sino como una lista de “demandas” de los pandilleros. Esta publicación no autorizada y parcial generó una percepción equivocada que, en vez de hacer transparente el proceso, invita a especulaciones.
Imaginémonos, por un momento, que la filtración hubiera sido de otra manera, que en vez de las “demandas” de los pandilleros se hubieran publicado solamente las “demandas” que los pandilleros han recibido de parte de los mediadores o facilitadores. Imaginémonos que, en vez de enterarse que los pandilleros “demandan” la suspensión de la ley anti-pandillas, el acuartelamiento de la Fuerza Armada, la suspensión del uso de testigos criteriados, libertad condicional para reos de tercera edad o enfermos, el público se hubiera enterado que a las pandillas les “demandan” que se entreguen a la justicia todos sus miembros con órdenes de captura o condenas pendientes; que entreguen todas las armas; que cesen definitivamente toda actividad delictiva, incluyendo extorsiones...
¿Cuál hubiera sido el impacto sobre la opinión pública en el tema de “la tregua”, si la filtración de documentos hubiera sido selectivo en este sentido? Obviamente diferente, pero igualmente equivocada. Información selectiva y fuera del contexto siempre es equivocada y genera percepciones falsas. Así como se filtraron las “demandas” de los pandilleros, sin dar a conocer que son la respuesta a “demandas” hechas a ellos, la percepción obviamente es que los pandilleros están tratando de negociar beneficios para ellos, sin estar dispuestos a ceder en su activar criminal. Es una percepción falsa que a muchos les confirma sus sospechas que los únicos que se benefician de la tregua son las pandillas.
Igual, si sólo se hubiera filtrado al público que los pandilleros están dispuestos a considerar la entrega de armas y miembros de sus clicas con ordenes de captura, sin mencionar lo que ellos al mismo tiempo están planteando al Estado, también se hubiera creado una expectativa falsa en el debate público. Hay que ver las dos caras de la medalla, para que cada uno de los elementos en discusión tengan sentido y puedan ser sometidos a análisis.
Es por esta razón que solicité a los protagonistas de este proceso que me liberen de mi compromiso de confidencialidad. Las filtraciones parciales y fuera del contexto nunca son idóneas para crear transparencia y un sano debate. Ya que una parte se filtró, creando una imagen distorsionada, mejor romper con la confidencialidad y exponer la imagen completa de lo que está pasando. Esto voy a tratar de hacer en este artículo, con el consentimiento de los facilitadores de este proceso, monseñor Fabio Castillo y Raúl Mijango.
He puesto entre comillas la palabra “demandas”, por que de hecho no se trata de demandas, sino de temas a incluir en un futuro diálogo. Y digo diálogo, porque no está claro el formato que este proceso va a adquirir. Los pandilleros son de la opinión que pronto debe convertirse en una negociación con el gobierno. El gobierno ha recibido una propuesta en esta dirección por parte de los pandilleros, en una carta dirigida al presidente de la República con fecha del 22 de junio; pero tanto el presidente como el ministro de Justicia y Seguridad han declarada que no está dentro de sus planes abrir negociaciones directas con organizaciones criminales. Por su parte, los pandilleros no han hecho de esto un punto de honor y parecen estar dispuestos a seguir con la mecánica ya acostumbrada del diálogo con los mediadores, quienes a su vez dialogan con las autoridades correspondientes de Seguridad.
Los pandilleros han hecho llegar al gobierno un documento llamado “Propuesta de Acuerdo Marco para la Recuperación de la Paz Social en El Salvador, donde aparecen los mismos temas que proponen incluir en la agenda que en la propuesta que expusieron en la reunión con la OEA:
- “1. Reformas legales, ejemplo: derogatoria de la ley anti-pandillas, reforma del Código Procesal Penal en art. 92ª, 103, 105, eliminación de la figura del testigo criteriado y todos aquellos arts. que excluyan de beneficios penitenciarios a los miembros de la pandillas.
- Planes de reinserción social y productiva (becas, créditos productivos, capacitación y oportunidades de trabajo) para los activos en situación de libertad y para los familiares de los pandilleros recluidos en centros penales.
- Suspensión definitiva de la actuación de grupos de exterminio vinculados o protegidos por entidades públicas e investigación de los que actúen apoyados por entidades públicas.
- Mejoramiento de condiciones carcelarias y apertura para el desarrollo de actividades productivas, educativas, deportivas y culturales.
- Acuartelamiento de la FAES.
- Indulto para todos los privados de libertad que sobrepasen la tercera edad y los que padezcan de enfermedades terminales.
- Aplicación del principio de libertad condicional y asistida y de fases de confianza y semi libertad a todos los que reúnan los requisitos para el recibimiento de tales beneficios.
- Abolición de todo tipo de tortura en los interrogatorios y trato civilizado por parte de la corporación policial en la aplicación de los procedimientos, respetando la propiedad privada y los derechos de los familiares no implicados.
- Establecer como máxima de tiempo de reclusión en el Penal de máximo Seguridad de Zacatecoluca 3 años.
- Creación de una entidad público privada donde participen al menos dos miembros de cada pandilla, dirigida por los facilitadores, entidad que debería ser la encargada de la coordinación y ejecución de todos los programas de reinserción social y productiva derivados de este acuerdo.”
En esta lista hay propuestas (en cuanto a tortura, acciones de exterminio, mejoramiento de condiciones carcelarias, creación de centros productivos en las cárceles, reinserción de pandilleros, etc), que sólo describen obligaciones que el Estado tiene pendiente y no ha cumplido. No requieren reformas legales sino la estricta aplicación de la ley.
Otras propuestas parecen razonables y viables dentro del marco legal existente o con leves reformas legales, como el indulto para reclusos ancianos y enfermos y la creación de una entidad público-privada de reinserción.
Quedan algunas propuestas que, a primera vista, parecen chocantes, por que su cumplimiento afecta la capacidad del Estado de perseguir el delito: el tema de los testigos criteriados, del retiro de la Fuerza Armada y de la ley antipandillas, de la cual también se deriva que actualmente los pandilleros no son elegibles para libertad condicional. Es entendible que estas propuestas, al hacerse públicas fuera del contexto, causaron preocupación en la opinión pública. Sobre todo mientras no se revela que este catálogo de temas que los pandilleros proponen para la agenda de diálogo es la respuesta a otro catálogo de temas, con el cual ellos fueron confrontados por parte de monseñor Colindres y Mijango:
- “Suspensión definitiva de todo acto de violencia que provoque fallecidos o lesionados.
- Suspensión de todo acto delictivo como: secuestros, extorsiones, robos, hurtos, y comercialización de drogas por mayor o menor.
- Entrega voluntaria de todos aquellos miembros de pandillas que hayan cometido delitos y sean requeridos por la ley para su juzgamiento.
- Deposición y entrega de armas y explosivos que se encuentren de manera ilegal en manos de miembros de pandillas.
- Localización de cementerios clandestinos.
- Respeto al libre tránsito de personas. Libre circulación de pequeños y medianos y grandes comerciantes a zonas controladas por las pandillas.
- Cero desapariciones y suspensión del reclutamiento forzoso.
Estas propuestas de agenda y otras también fueron entregados al presidente de la República, en un anexo formado por todos los dirigentes de ambas pandillas. En la carta los pandilleros comentan sobre estos pasos que en el contexto de “una segunda fase del proceso que iniciamos el 9 de marzo” ellos podrían considerar: “Hemos analizado una serie de puntos que pueden existir de su parte” y “no omitimos manifestarles nuestra disposición y apertura para poderlos como puntos de una agenda más global, que en suma con los nuestros pueden trazar la hoja de ruta de la nueva fase de diálogo que estamos proponiendo.”
Queda bien claro que no son acuerdos, ni siquiera son demandas. Son los temas que los diferentes participantes del proceso de diálogo proponen para armar una agenda. Ya en su conjunto, esta agenda es menos escandalosa y cobra sentido. Los puntos de la suspensión de la ley anti-pandillas y del acuartelamiento de la Fuerza Armada obviamente podrían ser consideradas, una vez (y solo) que exista un compromiso por parte de las pandillas y un mecanismo de verificación en cuanto a la suspensión definitiva e integral de sus actividad delictivas. Es significativo el hecho que los dirigentes de las pandillas, al verse confrontados con la idea de la entrega voluntaria de todos los que tienen ordenes de captura, no se levantaron de la mesa ni rompieron las conversaciones y la tregua. No es que hayan aceptado este punto. No hay acuerdos sobre ninguno de los puntos mencionados. Pero los pandilleros están de acuerdo a iniciar un diálogo, de la forma que sea, con todos estos puntos sobre la mesa.
Si esta es la agenda, y si realmente todas las partes están dispuestas de entrar en serio en ella, se abre la posibilidad histórica de resolver el problema de la violencia en nuestro país.
