| OBSERVADOR POLITICO | |||
Mi gran amigo Facundo Guardado, en el estilo directo que compartimos, escribió en su última columna sobre el plan del presidente Funes de instalar algún tipo de Comisión Internacional para investigar algún tipo no definido de crímenes: "Nadie en el país sabe, ¿cuál es el cometido de tal Comisión? No sabe nada el presidente, no sabe nada el fiscal y menos aún los ciudadanos. No hay un solo papel escrito en el que se defina cuál es la naturaleza, la competencia, el alcance, la integración; quién le da el mandato; si es transitoria o es permanente y quién pagará la cuenta de dicha Comisión." Tengo que disentir con Facundo. La cosa es mucho más grave. No es que no exista papel ninguno sobre el proyecto de esta comisión. Existe cantidad de papeles, pero no los quieren someter al debate público. Existen en Casa Presidencial, en Cancillería, en el Ministerio de Seguridad, en Naciones Unidas en New York, en el PNUD en Santa Elena, en el State Department en Washington - pero los ciudadanos, los periodistas, los profesionales de derecho no los conocemos porque se manejan como secreto de Estado. Ni siquiera los conocen los que por oficio deberían estar involucrados para que un proyecto de este tipo quepa en nuestro marco constitucional: ni la Corte Suprema, ni el Fiscal General, ni los diputados de la Asamblea Legislativa han sido consultados. No conocen los papeles elaborados en el gobierno y el PNUD sobre "naturaleza, competencia, el alcance, la integración" de la Comisión. Pero no es, como sospecha Facundo, porque no existan estos papeles y porque hasta ahora todo el mundo esté hablando paja, sino porque simplemente los padres de esta comisión no los quieren dar a conocer. Es obvio que entre el gobierno salvadoreño (Casa Presidencial, Ministerio de Seguridad y Cancillería) y varias instancias internacionales, la elaboración y las negociaciones para instalar esta comisión están bien avanzados. Esto se deduce de diversas declaraciones del presidente y de su canciller, de rumores desde adentro del PNUD, de comentarios del canciller guatemalteco, de consultas que el secretario presidencial Hato Hasbún ha hecho a embajadores de países que podrían financiar la Comisión. Como todo está en secreto, todo se vale. La Comisión, en el transcurso de un año desde su primer mención, ha cambiado de apellidos: contra la impunidad, contra el crimen organizado, de investigación de crímenes complejos, contra la corrupción... Detrás de cada apellido de la comisión fantasma acecha otro concepto, con otro enfoque y otra misión. Cuando se apellida "anti-corrupción", se trata de investigar las interioridades del aparato estatal; cuando se apellida "anti-impunidad", la comisión tendrá que indagar el funcionamiento del sistema judicial, incluyendo la fiscalía, los policía y el órgano especial; cuando se apellida "anti-crimen organizado" tendrá que investigar el narcotráfico y las pandillas... Ya estamos hablando de cuatro comisiones diferentes, con diferente definición de competencias, con diferente perfil. Cada una demandaría otro marco institucional y otro tipo de presupuesto. Ya apareció una quinta versión de la comisión fantasma: los eternos abogados de abolir la amnistía sienten que podrá llegar su momento para exigir que la comisión investigue los crímenes y violaciones contra los derechos humanos cometidos en el contexto de la guerra. Así ya lo exigió el invitado profesional a todos los talk-shows habidos y por haber, Roberto Cañas. Pero ojo: esta tremenda confusión no significa que en Casa Presidencial no sepan lo que quieren. La confusión es cortina de humo para un plan bien trazado que por el momento no quieren someter al escrutinio ni legal, ni político ni de la opinión pública. A los embajadores de los países que necesitarán para financiar la operación les han dicho que ya consultaron con el presidente de la Corte Suprema que no existen problemas de constitucionalidad. Lastimosamente, en la Corte Suprema nadie sabe de esta consulta. Además, para hacer esta consulta, tendrían que presentar el diseño y las adjudicaciones legales de la tal comisión. Tendrían que presentar aquellos papeles escritos que Facundo sospecha que no existen y que yo sostengo que existe, pero compartimentados. Nadie puede evaluar la constitucionalidad de un fantasma. Reconozco las extraordinarias capacidades y experiencias conspirativas de los hombres que desde Casa Presidencial y Cancillería están al cargo de este proyecto. Pero una Comisión que nos ayude a mejorar la institucionalidad y la credibilidad de nuestro sistema judicial no se puede construir bajo las reglas de la clandestinidad y la compartimentación. Si el proceso no es transparente, no hay legitimidad. Y si no hay legitimidad, cualquier tipo de comisión más bien debilitaría la institucionalidad en vez de fortalecerla. Si quieren combatir la impunidad, el crimen organizado y la corrupción, pongan las cartas sobre la mesa para que la sociedad pueda debatir. Si quieren fortalecer la institucionalidad, dejen de conspirar contra ella. |
