La sigue promoviendo Dagoberto Gutiérrez, el gurú de los grupos antisistema dentro y fuera del FMLN.
Uno podría decir: Bueno, es un teórico un poco excéntrico y bien al margen de la sociedad, ¿qué daño puede hacer? Lastimosamente, aunque así los conductores de debates televisivos les encanta presentarlo, no es así. El liderazgo de Dagoberto Gutiérrez va mucho más allá de la ‘Tendencia Revolucionaria’ y de grupos de choque como la BRES. Una buena parte del partido en el gobierno y la mayor parte del llamado ‘Movimiento Social’ responden al lineamiento político de este ideólogo de una revolución que se propone destruir y sustituir la democracia ‘burguesa’ y la economía del mercado.
Y también parte del gobierno del presidente Funes responde a Dagoberto Gutiérrez y su teoría de que la violencia de los pandilleros es un fenómeno de ‘guerra social’ y sólo se puede resolver negociando con ellos, así como se hizo con la guerrilla. Como el director general de Centros Penales o el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, institución encargada de la formación de nuestros agentes y jefes policiales. O sea, piezas claves del aparato de Seguridad Pública, están comprometidos con la idea errónea que el gobierno debería negociar una tregua con los pandilleros.
Cualquier plan de seguridad del presidente, para que tenga viabilidad, tiene que partir de la sustitución de los funcionarios que comparten el concepto de buscar una tregua con los pandilleros, negociando con ellos las condiciones y los reglamentos adentro de las cárceles.
Lo que esta concepción enquistada en el gabinete de Seguridad del gobierno Funes ha provocado es que el Estado no sólo ha perdido el control de las cárceles, sino algo mucho más grave: el Estado ahora es sujeto de chantaje de las pandillas.
Una vez que las autoridades gubernamentales cometen el error de ofrecerles a los pandilleros la idea de una tregua (o sea, de dejar de aplicarles la ley), les entregan la palanca ideal para chantajear a toda la sociedad.
Es ingenuo pensar que es casualidad el crecimiento sistemático de la taza de homicidios que ha sufrido el país luego de la toma de poder del nuevo gobierno y nuevamente a principios de este año, cuando el presidente anuncia un plan de combate a la delincuencia de las pandillas. La más lógica explicación del sistemático crecimiento de la taza de homicidios es esta: Los jefes pandilleros, desde su retaguardia segura en las cárceles, están cocinándonos a fuego lento. El mensaje es claro: “¿Hasta dónde va a aguantar la ciudadanía? ¿15 asesinatos diarios, 16, 17, 18, 20...? Más vale al gobierno negociar con nosotros. Mejor pactemos una tregua: Nosotros controlamos las cárceles y las comunidades bajo nuestra influencia, y ustedes pueden anunciar una reducción en la tasa de homicidios...”
Dentro del gabinete de seguridad hay quienes promueven y facilitan esta negociación. Más bien, este chantaje. Su presencia en el gobierno es obstáculo para cualquier plan de combate a la delincuencia. Porque en el fondo no quieren combatir a las pandillas, sino pactar con ellos. Algunos, porque existen vasos comunicantes entre los pandilleros y las bases locales del ‘Movimiento Social’. Otros, porque simplemente están convencidos de los argumentos de Dagoberto Gutiérrez que la violencia es expresión de una rebelión juvenil contra un sistema que oprime y margina a amplios sectores de la sociedad. Una rebelión juvenil comparable a los movimientos insurgentes de los años 70 y 80.
Dagoberto Gutiérrez lo volvió a decir el miércoles en la mañana en una entrevista televisiva: La violencia de las pandillas es una forma de guerra social que no se resuelve con represión, sino con negociación. Claro, si estoy convencido que las pandillas son expresión de una rebelión social que yo comparto, no las quiero eliminar sino preservar su potencial para las luchas populares....
Lastimosamente, este predicador tiene mucha influencia en el gabinete de seguridad.
Toda la discusión ahora promovida por el presidente Funes sobre la combinación de prevención y represión y todos los planes de combate a la delincuencia caerán en saco roto, mientras dentro del gabinete de Seguridad se mantienen funcionarios que siguen obstruyendo este combate porque ven a los pandilleros como víctimas de un sistema injusto y por tanto como posibles aliados para transformarlo.
(El Diario de Hoy)