Carta al difunto Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana: Un obituario . De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 3 agosto 2019

Estimados consejeros:
Nadie le dio sepultura, ni siquiera se firmó un acta de defunción. No hubo obituarios ni esquelas en ningún periódico. Pero el “Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia” murió el 1 de junio 2019, día de la toma del poder del nuevo presidente. Simplemente dejó de actuar, dejó de pronunciarse, dejó de mencionarse. O sea, dejó de existir.

En el imaginario popular y en el mundo paralelo de la propaganda oficialista de los años pasados, este Consejo fue una auténtica expresión de la sociedad civil; fue la forma en qué amplios sectores de la sociedad participaron en la formulación de las políticas públicas de seguridad del gobierno, plasmadas en el Plan El Salvador Seguro. 

Pero un Consejo realmente ciudadano e independiente del gobierno de turno, expresión de la pluralidad de nuestra sociedad, no se muere el día que cambia el gobierno. Si el Consejo hubiera sido, como mil veces afirmaron sus destacados miembros, una entidad de la sociedad civil y no un anexo del gobierno, hoy estaría dando consejos al nuevo gobierno – y si no los acepta, criticando sus políticas de seguridad no consensuadas. Si el Consejo hubiera sido autónomo y no un comité de aplauso del gobierno que lo creó y lo manejó a su antojo desde Casa Presidencial, dispondríamos hoy de un interlocutor válido y legítimo que a nombre de todos nosotros exigiría al gobierno un diálogo serio y abierto sobre las políticas de seguridad.

Si el Consejo que nos presentaron como ciudadano e independiente no hubiera sido una farsa del gobierno Sánchez Cerén, hoy tuviéramos voces autorizados cuestionado la militarización de la seguridad pública promovida, sin discusión ninguna, por el gobierno Bukele; así como las medidas de emergencia que decretaron en Centros Penales, a pesar de los objeciones de los jueces de vigilancia. Pero con muy pocas excepciones, los integrantes del difunto Consejo mantienen silencio. Bueno, el mismo silencio que mantuvieron cuando el gabinete de seguridad del gobierno del FMLN, dirigido por puros comisionados policiales, empleó modelos operativos que llevaron a sangrientos enfrentamientos o incluso a ejecuciones 'extralegales'. Cuando los miembros de este Consejo mantuvieron silencio en el 2015, año de máxima conflictividad de la guerra contra las pandillas, ya podíamos concluir que no hubo independencia del gobierno.

Así que ahora, cuando más se lo necesitaría, no hay ni sombra de un Consejo. De todos modos, esta administración nueva no estaría dispuesto a reconocer como interlocutor a un Consejo Ciudadano independiente. Pero no importa, el valor de un Consejo Ciudadano, si realmente lo es, no reside en al aval del gobierno de turno, sino reside precisamente en su independencia y autonomía, en su representatividad; en su capacidad de articular propuestas y de ejercer el escrutinio a las actuaciones del gobierno; y por ende, en su credibilidad ante la opinión pública. 

Bueno, de todos modos, el Consejo, como fue una dependencia de Casa Presidencial, murió con el gobierno saliente. Con los secretarios de la presidencia idos, ya no hubo quien lo convocara. Y el PNUD, que durante años hizo las veces de la secretaría ejecutiva del Consejo, todavía está esperando instrucciones de la nueva Casa Presidencial. O tal vez ya les dijeron que ya no tienen uso para el Consejo. Sus miembros ni siquiera han tenido capacidad de reunirse una sola vez luego del 1 de junio, para hacer un balance de su gestión y firmar su acta de defunción... 

Hay que reconocer que hubo gente de buenas intenciones en este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero también muchos oportunistas y charlatanes. Con esta carta, por lo menos, su Consejo tiene su obituario. Misa no puedo ofrecer. Terminó una farsa.

Saludos, 

Chantaje en Guatemala. Editorial de EL PAIS

Migrantes hondureños pasan la noche en un albergue de Ciudad de Guatemala. HECTOR GUERRERO EL PAÍS

Publicado en EL PAIS, 2 agosto 2019

Se necesitaban seguramente dos mandatarios tan poco preocupados por las reglas y el sentido común como Jimmy Morales, de Guatemala, y Donald Trump, de Estados Unidos, para firmar el acuerdo sobre inmigración conocido el viernes pasado por el que la nación centroamericana acepta convertirse en “tercer país seguro”. Esto significa que aquellas personas que quieran solicitar refugio o asilo en Estados Unidos y han pasado por Guatemala deberán hacerlo —y esperar— en este último país. Todos los indicadores socioeconómicos de Guatemala, así como sus insuficientes servicios públicos, permiten augurar el resultado: un desastre humanitario.

Para lograrlo, Trump ha utilizado su arma favorita: la amenaza de aranceles comerciales que hubieran podido arruinar la precaria economía guatemalteca. Y lo ha hecho con un socio más débil que México, al que también chantajeó durante meses con el mismo objetivo. Morales, con menos escrúpulos que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pero también con menos capacidad de resistencia diplomática e institucional que su vecino del norte, ha claudicado.

Seguramente consciente de las consecuencias, Morales ha llevado el proceso con el máximo secretismo, hasta el punto de que aún se desconocen los términos exactos de lo acordado, la ayuda compensatoria que Estados Unidos, según la normativa internacional, deberá proporcionar, y el resto de detalles de un acuerdo de semejante trascendencia e impacto. Las críticas no se han hecho esperar. El grueso de ellas se centra en que el pacto, firmado a espaldas del Parlamento, hace trizas lo poco que queda de institucionalidad en el país y compromete su futuro.

Incapaz de garantizar mínimos de bienestar para sus habitantes, el Estado guatemalteco tendrá ahora que proveer refugio, servicios y logística a decenas de miles de migrantes, principalmente hondureños y salvadoreños, que cada año solicitan asilo en Estados Unidos. Por no hablar del equipo humano y de funcionarios necesario para dar salida a los trámites legales.

La batalla legal contra el acuerdo, de todas maneras, ya ha comenzado. En el pasado, un juez federal en Estados Unidos ya dejó claro que Guatemala no reúne las condiciones necesarias para considerarse país seguro. Y el procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, solicitó el lunes un amparo a la Corte Constitucional para frenar la maniobra. Según Rodas, “los acuerdos firmados bajo amenazas no surten efectos legales”. Es de esperar, por el bien del conjunto de la región, que se ponga freno a este nuevo abuso de Estados Unidos.

¿Qué es la economía del conocimiento? De Manuel Hinds

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 2 agosto 2019

He notado en varias ocasiones que al hablar de la necesidad de insertarse en la economía del conocimiento mucha gente responde que no puede esperarse que toda la gente se ponga a escribir software o a hacer investigaciones científicas, ignorando la agricultura, la industria, y los otros servicios. Dicen también que estos sectores seguirán siendo más grandes que toda la economía del conocimiento junta, y citan la necesidad que los seres humanos tenemos de comer y vestirnos, que nunca va a terminarse.

Al decir esto, estas personas cometen el error de pensar que la producción de software y la realización de investigaciones científicas constituyen todo lo que es la economía del conocimiento. En realidad, el conocimiento está insertado en toda la economía, y siempre lo ha estado, pero ahora está aumentando su papel en ella de una manera exponencial.

El conocimiento es en realidad un factor de producción, como el capital, el trabajo, y la tierra, pero más fundamental porque potencia la capacidad de producción de esos factores, que son los que tradicionalmente se han usado en la teoría económica. Todos ellos necesitan de conocimiento y lo han necesitado siempre para poder producir. La tierra no puede producir sin tecnología, y la tecnología proviene del conocimiento. En la economía tradicional, el capital se traduce en maquinarias y equipo, y en ellos va también imbuido el conocimiento que fue necesario para inventarlo, producirlo y operarlo. Los obreros necesitan conocimiento para poder operar aún el equipo más simple. La explotación de la tierra en otras formas, como para edificaciones o para minería, también necesita del conocimiento.
El pago de cada uno de estos factores —tierra, trabajo, capital y conocimiento— está determinado por la contribución que hacen a la producción y por su escasez. Mientras más contribuye un factor a la producción y mientras sea más escaso mayor será el pago que recibirá de lo producido.

Lo que está pasando ahora es que la producción se ha vuelto mucho más sofisticada y la participación del conocimiento en todas las tareas de la economía ha aumentado, y con el aumento de la demanda por el lo ha vuelto más escaso. Esto es cierto en la agricultura, en la industria y en los servicios. Los carros, por ejemplo, cada vez compiten más con base en la tecnología, que a veces se ve y a veces no, oculta muy adentro del motor para volverlo más potente y eficiente, o para reducir los costos de producción, o para facilitar su manejo o para tomar mejor las curvas. Igual pasa con cualquier otro producto. Así, por ejemplo, la agricultura de Israel es extremadamente productiva en tierras muy inapropiadas para la producción como resultado de la altísima tecnología que ocupan sus agricultores. La industria textil, por ejemplo, tradicionalmente una rama de poco valor agregado, puede convertirse en una de altísimo valor agregado con el uso del conocimiento más moderno.

La economía del conocimiento no está en lo que se produce, sino en cómo se produce. Por eso, cuando se habla de insertarnos en la economía del conocimiento, se habla de integrar la tecnología más moderna en la producción de todo. Esto era un buen consejo antes. Ahora es una urgencia para sobrevivir, porque la competencia mundial es fuertísima.

La importancia de hacerlo se puede ver con el símil de la electricidad hace cien años. En ese momento integrarse a la electricidad no significaba que todos tuvieran que ponerse a generar electricidad, ni mucho menos. Significaba que en vez de iluminarse con velas era mejor hacerlo con bombillas eléctricas, que en vez de sujetar dos piezas de metal con un lazo era mejor soldarlas, etc. Integrarse a la combustión interna no era ponerse todos a producir motores sino sustituir la yunta de bueyes por un tractor, o una carreta por un camión.

Esto hay que entenderlo, porque hoy estamos en la era en la que muchos productos son inmateriales, como los servicios de Uber, o los Airbnb, o como los de Facebook, o Instagram, o similares. Hay que entenderlo porque el otro lado del aumento de la demanda por los servicios del trabajo de la gente que tiene conocimiento está siendo acompañado por la disminución de los servicios de los que no tienen conocimiento. Eso es de lo que más tenemos aquí.

Carta al hombre vergüenza para el periodismo nacional. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 1 agosto 2019

Señor Mauricio Funes Cartagena:
Parece el colmo de ironía que la noticia de la nueva burla que usted estáhaciendo a la justicia haga titulares precisamente el Día del Periodismo. 

Usted consiguió obtener la nacionalidad nicaragüense, cortesía de Daniel Ortega, el presidente que ya nadie quiere en su propio país. Con esto, piensa que la Constitución de Nicaragua lo protege. Veremos. Aunque su nacionalización huele a fraude de ley, queda protegido - por mientras Ortega esté en el poder. Pronto llegará el día que Ortega irá a la cárcel, y usted con él. Con amigos como Ortega, se puede burlar la justicia, pero no por siempre.

Primero su defensa fue que es víctima de persecución política, o sea que todos los cargos de corrupción contra usted y su familia son inventados por razones políticas. Por lo tanto, usted solicitó (y consiguió) asilo político en Nicaragua, aprovechando las buenas relaciones del FMLN con Ortega. La tesis fue siempre: Funes es un perseguido político, no un delincuente.

Ahora, con las múltiples acusaciones contra usted consolidándose, esta tesis ya no es sostenible, ni siquiera en la ficción de Estado de Derecho que reina en Nicaragua. Como extranjero con asilo político, la Constitución nicaragüense sólo le protege contra persecución política, pero no contra acusaciones de delitos comunes. En este sentido, la movida de hacerse nicaragüense y así blindarse contra la extradición, incluso por delitos comunes, significa que al fin usted y Ortega reconocen que la tesis de la persecución político contra usted ya no es sostenible. Enhorabuena.

Regresemos al Día del Periodista que celebramos este 31 de julio. Aprovecho este día para declarar, a nombre de los periodistas salvadoreños honestos, la definitiva expulsión de su persona de este gremio. Es una expulsión simbólica, porque el gremio no es una asociación formal, sino una entidad simbólica y moral en la cual nos une nuestro compromiso compartido con la verdad y con la justicia. 

No podemos ni siquiera considerarlo a usted ex periodista. Aunque muchos no lo querían ver en aquel entonces, usted hizo carrera de periodista, no para honrar el compromiso con la verdad y la justicia, sino para posicionarse en la opinión pública como carta política, para luego saltar a la política y al poder – y para enriquecerse. Esta es la triste historia de un entrevistador oportunista que se volvió político oportunista y presidente corrupto. 

Cuando en el 2005 lo despidieron de Canal 12, escribí en El Faro una columna titulada “Nadie es imprescindible”, que comenzó con este párrafo: “Para llegar al grano de un solo: era tiempo de sustituir a Mauricio Funes. Dirigía un noticiero mal hecho, poco profesional, sin dirección periodística, sin planificación. Como entrevistador era aburrido, prepotente, hablaba demasiado, operaba con prejuicios políticos.”

Yo sabía que con esto me hacía de un enemigo poderoso en el mundo de los medios, más no que poco después será “enemigo íntimo” de un presidente, que además resultó de lo más vengativo imaginable...

Pero bueno, 5 años en Casa Presidencial son largos, pero se acaban. Para alguien como usted, se acabaron de manera traumática y humillante. Se queda con un montón de pisto, pero por lo demás sin nada: sin amigos, sin dignidad, sin libertad para viajar, porque en cualquier país civilizado lo detienen y mandan a El Salvador a enfrentar sus juicios. Ni siquiera puede pasearse libremente en Managua, porque los nicas honestos lo detestan. Y ahora ni siquiera puede llamarse periodista. Es asesor de Ortega.

Disfrute su cárcel dorada en Managua mientras pueda,

(Si quieren leer la columna “Nadie es imprescindible”: https://columnatransversal.blogspot.com/2005/02/nadie-es-imprescindible.html)

Un año por la República. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, abogado constitucionalista

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 29 julio 2019

El pasado 24 de julio fue mi último día como presidenta del Centro de Estudios Jurídicos. Fue un año lleno de una diversidad de experiencias que marcaron mi vida profesional y, sin duda, me motivan a seguir trabajando por el Estado constitucional de Derecho en El Salvador. En estos meses tuve la oportunidad de trabajar en varios ambientes con abogados y ciudadanos comprometidos: en labores propias del gremio de abogados, con la sociedad civil y participando en actividades de distintas instituciones públicas y privadas.

De todas las experiencias entendí que la lucha por la justicia es una tarea permanente a la que, desde el privilegio de la profesión del abogado, debemos sumarnos. En el ambiente fluyen tantas opiniones e intereses, que en muchas ocasiones es necesario sentar posturas técnicas y jurídicas sólidas que ayuden a la ciudadanía a entender las complejas realidades jurídicas.

Desde el Centro de Estudios Jurídicos trabajamos para que en la Asamblea Legislativa se llevara un proceso objetivo de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia; también fijamos postura en diversos temas jurídicos como la necesidad de nuevas leyes o reformas a las ya existentes; observamos de cerca el trabajo de las instituciones del Estado e impartimos conferencias y cursos para la formación de la comunidad jurídica.

La coyuntura suscitada por el retraso en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia nos dejó una lección valiosa que ojalá se mantenga en la mente de las diversas organizaciones de la sociedad civil: ponernos de acuerdo es posible. Aunque cada asociación tenga fines, miembros y pensamientos distintos, existen momentos en los que nuestra república nos necesita reunidos, juntando los puntos en común y firmes en la lucha por el cumplimiento del Estado de Derecho.

Esto se dio cuando pasaban los días y no veíamos clara la elección de magistrados de la CSJ, o cuando en varios de esos intentos se pretendió nombrar a personas que no eran idóneas para el cargo; poco a poco distintas organizaciones civiles se fueron uniendo en la exigencia a la Asamblea Legislativa de elegir de manera objetiva y transparente, llegando a sumar más de treinta organizaciones de la sociedad civil. En el camino comprendimos que unidos nuestra voz era más fuerte.

Otra de las cosas más valiosas que me dejó el último año fue conocer a profesionales que desde su trinchera trabajan por un mejor El Salvador. Miembros de FUNDE, DTJ, FUSADES, TECHO (estas organizaciones miembros de el Consorcio por la transparencia y lucha contra la corrupción al cual pertenece el Centro de Estudios Jurídicos), Acción Ciudadana, ISD, CEMUJER, entre otras, ponen su granito de arena para mejorar la institucionalidad en El Salvador. Además, la incidencia que ha logrado el Centro durante los últimos años no sería posible sin el esfuerzo de los miembros de la junta directiva. Trabajo silencioso, sin remuneración y sacrificado, pero que nos ha traído muchas satisfacciones.

Hay mucho que hacer para fortalecer el Estado de Derecho. Por ello es necesario que los ciudadanos comprometidos nos mantengamos firmes y vigilantes de las actuaciones de los órganos del Estado, haciendo valer nuestra voz frente a los funcionarios y el poder político, con el fin de mantener y fortalecer la institucionalidad en El Salvador.

El maestro Eduardo Couture, en los históricos “mandamientos del abogado”, resume dos de los aprendizajes que me dejó el último año al frente del Centro de Estudios Jurídicos: “La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia”; y “Tu deber es luchar por el derecho; pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia”. Ciudadanos y colegas, a seguir trabajando por el imperio del Derecho.

Carta al director general de Centros Penales: Un par de preguntitas. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 30 julio 2019

Ex diputado Osiris Luna Meza:

El ejercicio de la profesión periodística comienza con hacer preguntas y buscar respuestas. En materia del sistema penitenciario es casi imposible buscar las respuestas por sus propios medios, porque los penales son prácticamente inaccesibles para los medios de comunicación. Desde que Ricardo Perdomo asumió el ministerio de Seguridad en junio 2013, tenemos una situación absurda en cuanto a la situación en los penales: Por una parte, una prohibición estricta que observadores independientes entren a los penales (un veto que no solo abarcó a periodistas, sino incluso a los delegados de la Cruz Roja Internacional  e incluso del Ministerio de Salud) – y por otra parte el gobierno empezó a proyectar por su propios medios una realidad penitenciaria cuya validez nadie podía comprobar.

Este situación se ha mantenido luego de dos cambios de gobierno y de varios cambios de ministros y de directores de centros penales. Solo al final de la gestión de Marco Tulio Lima en Centros Penales algunos periodistas selectos obtuvieron permiso de entrar en ciertos penales, porque el gobierno de Sánchez Cerén tuvo interés de dar a conocer su proyecto Yo Cambio.

Ahora, en sus primeros dos meses, el gobierno de Bukele lanzó una campaña sin precedentes sobre centros penales, justificando y al mismo tiempo explotando propagandísticamente las medidas drásticas de estado de emergencia, aislamiento total de todos los reos, suspensión de visitas, encierro total sin acceso a aire libre y sol, traslados masivos, requisas frecuentes. Pero nuevamente: No podemos comprobar toda esta “información” oficial, porque ni los medios ni organizaciones de derechos humanos han tenido acceso a los penales. Algunos jueces de vigilancia penitenciaria, como es su deber, han emitido órdenes de suspender el estado de emergencia, pero tampoco han podido ir a hablar con los afectados. 

Entonces, solo nos queda hacer las preguntas abiertas a usted, y hago el llamado a los diputados, las iglesias y los organismos de derechos humanos de hacer lo mismo.

1.    ¿Cuáles son las pruebas para sus afirmaciones de que, antes de asumir su cargo usted, los reos en todos los penales, incluyendo el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, hayan tenido acceso a mecanismos ilegales de comunicación telefónica o digital?

2.    ¿Cuáles son las pruebas que llevan a ustedes a afirmar que los delitos cometidos antes del inicio del Plan Control Territorial se hayan originado a raíz de órdenes emitidas desde el interior de penales?

3.    ¿Qué le hace afirmar que la actual reducción de homicidios en todo el país sea resultado de las medidas de emergencia aplicadas en los penales?

4.    ¿Cuántos teléfonos funcionales, con baterías cargadas y chips, han sido decomisados en cada uno de los penales de pandilleros?

5.    ¿Las fotos y los videos que ustedes siguen publicando de reos agachados y semidesnudos siendo trasladados o sentados en los patios reflejan prácticas diarias en los penales, o han sido puestos en escena para realizar las fotos para su campaña? Aparte del impacto mediático y la humillación de los pandilleros presos, ¿qué sentido tiene esta trato a los reos?

6.    ¿Durante el Estado de Emergencia que decretaron, ustedes han dado acceso a la Cruz Roja Internacional a visitar los penales, incluyendo el de máxima seguridad, y a entrevistar a los internos, así como corresponde al convenio vigente entre esta organismo internacional y el gobierno de El Salvador?

7.    ¿Cuáles son los mecanismos de rehabilitación que este gobierno está desarrollando con los más de 15 mil pandilleros presos?

8.    ¿Ha tratado de explicar al presidente de la República que por ley no le corresponde a él ni al gobierno a decidir a quiénes mandar a los penales de máxima seguridad, sino que para esto existen mecanismos e instancias legales de evaluación de cada reo?

Tengo más preguntas, pero no caben todas en esta carta. Sólo una más, que no puedo dejar de hacerla: ¿Realmente ejerce alguna función de viceministro? ¿Cuál? Porque si exclusivamente dirige los centros penales, su nombramiento clasifica como fraude de ley - para engañar a la Asamblea.

-->

Saludos, 

La guerra comunicacional. Columna Transversal de Paolo Luers

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 28 julio 2019

A cualquiera que sigue ejerciendo el monitoreo crítico del gobierno que acaba de asumir el poder le llueven insultos y amenazas en las redes sociales, aquel campo de batalla donde los nuevos gobernantes siguen dominando y ganando batallas. Es incómodo, sobre todo para quienes no entendieron a tiempo el carácter diferente del grupo que ahora ascendió al poder. De repente se dan cuenta de que criticar a este presidente provoca reacciones diferentes y más violentas de lo que estábamos acostumbrados de nuestros gobernantes. Tony Saca tenía dos formas de tratar a sus críticos: a los comprables los compró, y a los no comprables los trató de seducir con su franqueza y con su don de buena gente. Pero no sé de ningún caso que amenazara o maltratara a sus críticos.

Funes, en cambio, puso inmediatamente en su “shitlist“ a quienes lo criticaban. Una vez en esta lista, uno tenía que aguantar ataques personales del presidente, por ejemplo en sus monólogos radiales de todos los sábados. Algunos personajes muy prominentes sufrieron persecuciones jurídicas serias que tenían sus orígenes en Casa Presidencial de Funes. Pero los periodistas que insistimos en criticarlo abiertamente simplemente quedamos en su lista negra, pero no era una lista negra del gobierno y de todos los partidarios del presidente. 

Cuando llegó a Casa Presidencial Salvador Sánchez Cerén, nunca retomó el tono agresivo de Funes. Él y sus funcionarios se abstuvieron de llevar listas negras y de atacar a sus críticos, y tampoco sé de persecuciones jurídicas. La última y más infame de estas persecuciones, contra don Billy Sol y los otros acusados del caso CEL-Enel, iniciada por Funes, la terminó Sánchez Cerén con acuerdo que respetaba la dignidad e inocencia de los involucrados.

El actual gobierno de Nayib Bukele, en su trato a adversarios o críticos, es diferente a todos los anteriores. Apareció nuevamente la lista negra, pero ahora quien tiene el honor de entrar ahí se vuelve persona non grata de todo el entorno del presidente: sus ministros (con pocas honrosas excepciones), los líderes de sus partidos GANA y Nuevas Ideas, y de la mafia que coordina y conduce todo el aparato comunicacional alrededor del presidente, su familia, su gobierno y su organización de seguidores. Quien no entiende este ADN específico de este grupo gobernante obviamente se va a asustar e indignar por las olas de insultos que le caen, provocados por una simple nota investigativa o de opinión.

Estamos lidiando con un gobierno donde la imagen del presidente, la comunicación y la propaganda juegan un rol muy diferente. Este gobierno no toma decisiones políticas y luego usa su aparato comunicativo para venderlas bien. En este gobierno, las decisiones sobre políticas públicas no nacen de criterios políticos o del impacto social, sino que nacen del criterio de cómo conseguir el mayor impacto propagandístico para vender al presidente y su equipo como gobernantes diferentes a los mismos de siempre y como cercanos a los intereses de la gente. El de Bukele no es un proyecto político, por esto siempre ha sido tan indefinido ideológica y políticamente. Es un proyecto de poder, un poder construido y cimentado por la fuerza de la comunicación.

Ni una sola vez este presidente ha hablado de conceptos como concertación, negociación interpartidaria, estrategia legislativa. No buscan diálogos o intercambios de ideas. Estos conceptos no caben en una estrategia que apuesta a la imposición de sus “nuevas ideas” y a la confrontación abierta con los partidos establecidos y con los medios independientes, y menos abierta con las instituciones que no controla: Órgano Judicial, Fiscalía, Asamblea Legislativa. En la relación con los partidos, Bukele no apuesta a buscar acuerdos con sus direcciones, sino a tratar de chantajear a las bases con el alto porcentaje de apoyo popular alcanzado por él como presidente.

En todo este esquema, para este proyecto de poder es esencial mantener el absoluto dominio “aéreo” (redes sociales), y de explotarlo sistemáticamente para debilitar la influencia de los medios de comunicación profesionales y de los sectores intelectuales independientes. El método es el ataque permanente, con dos propósitos: aislar a las voces críticas de los sectores cuya opinión ellos logran influenciar, y que por el momento son mayoritarios; e intimidar, desgastar a sus críticos. Y si se puede, callarlos.

Los que están en la mira tienen que aprender a aguantar las olas de ataque. Y  sobre todo, asumir conscientemente su actual posición de minoría. Por el momento. No tiene nada de malo estar en oposición y no estar con la mayoría.